Diputados de Honduras sacan la chequera del Estado en busca de votos

 

“La gente no tiene que comer”: así justifican el manejo de los subsidios algunos diputados

 

Diputado suplente de Cortés denuncia que ahora las transferencias las realiza una persona particular y no el Congreso Nacional

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – “Aquí, los que ayudan más son David Chávez y Toño Rivera, fíjese que antes de la pandemia vinieron a una reunión que convocó el alcalde y había como 100 personas y a todos les dieron 200 lempiras”, dijo don Carlos Mendoza, residente en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Don Carlos dice que él siempre ha sido militante del oficialista Partido Nacional y que nunca le ha gustado andar en reuniones, pero que por 200 lempiras si va, “porque la situación está perra y me pueden servir para comprar comida”.  Cuenta que fue a varias de las marchas que el Partido Nacional realizó en Tegucigalpa para apoyar al Presidente, porque los llevaban en bus, les daban 100 lempiras y la comida.

Los nacionalistas se movilizaron durante el 2018 y 2019, en respaldo a Juan Hernández, en respuesta a las protestas ciudadanas que han exigido su salida por considerarlo  responsable de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

De igual manera, se pronunció don Joaquín Salgado, quién junto con su esposa, Marta López, residen en este mismo municipio cercano a la capital hondureña. Ambos son de la tercera edad y aseguran que antes eran seguidores del Partido Liberal y que, en el 2009, después del golpe de Estado, participaron en las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular, exigiendo la restitución del expresidente Manuel Zelaya y activaron para la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, asegura que, en el 2014, los diputados de Libre les negaron ayuda y que por esa razón ingresaron a las filas del Partido Nacional. Señaló, que ellos pedían un empleo para su nieto, Jorge, quien se había graduado de secundaria. “Pero Mel (Manuel Zelaya Rosales) no me ayudó, Rasel (Tomé) tampoco y decían que no tenían oficinas y que no le podían dar trabajo a nadie”, expresó don Joaquín, asegurando, que el alcalde nacionalista, Wilfredo Ponce, sí es bueno con ellos y que les ayuda con dinero, con alimentos y medicinas.

Y es que los políticos hondureños hace tiempos que se acostumbraron a manejar recursos públicos mediante programas asistencialistas, que utilizan de trampolín para ganar puestos de elección popular en las alcaldías, diputaciones y la Presidencia de la Republica.

diputados de Honduras

 

Carlos y Joaquín desconocen lo que estipula la Constitución de la República en cuanto a las atribuciones de los diputados. El artículo 205 no incluye lo de administrar y ejecutar recursos públicos, por lo que, a criterio de Lester Ramírez, director del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), los congresistas no deben recibir los recursos para la ejecución de obras sociales.

Según Ramírez, el manejo de fondos por los diputados es la perversión del sistema, porque el Congreso Nacional es el ente contralor del Poder Ejecutivo.

Mientras el Ministerio Público guarda silencio ante el uso abusivo de los fondos públicos por parte de los diputados, desde Perú, el jurista y exvocero de la desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, condenó la compra de votos mediante dádivas con los recursos del Estado.

“Parece que en Honduras hace falta una ley anti-dádivas para evitar la compra de votos, así como un órgano electoral que fiscalice y sancione ejemplarmente estas prácticas, pues no sirve una ley sin consecuencias para los candidatos, más aún cuando tienen mucho dinero”, escribió en su cuenta de Twitter Jiménez Mayor.

 

CAMPAÑA ABIERTA CON FONDOS PÚBLICOS

Los diputados están demostrando que son los menos respetuosos de las leyes, incluso acomodan éstas a su conveniencia para blindarse, como ocurrió en el pasado reciente que, para evadir a la justicia, emitieron varios “pactos de impunidad”, como los llamó en su momento la MACCIH.

Ante tal situación no es extraño que Renán Inestroza, diputado del Partido Nacional y coordinador de campaña del movimiento Juntos Podemos, que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, haya llegado el 1 de agosto pasado a varios municipios de Francisco Morazán, entregando bolsas con alimentos.

Inestroza llegó a Reitoca, Alubarén y Curarén, acompañado de los también diputados nacionalistas, Karlo Villatoro y Leonor Osorio, para entregar comida a nombre del presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial del Partido Nacional a quien resaltan como el líder ideal para encontrar la salud que necesita Honduras en todos los sectores.

El manejo de los fondos por parte de los diputados se ampara en la reactivación del Fondo Social Departamental, llamado a partir del 16 de octubre de 2019, Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, contemplada en el Decreto 116-2019.

El Fondo Departamental había sido eliminado por el Congreso Nacional el 3 de abril de 2018, mediante el Decreto 141-2017, ante las denuncias de la MACCIH y los reclamos de la población.

El Decreto 116-2019, es parte de los pactos de impunidad aprobados por el oficialismo en el Congreso Nacional. Imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios, entre ellos, los diputados.

Lo relacionado al manejo de los fondos por parte de diputados, funcionarios públicos y ONG’s, corresponde ahora a auditorías por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Actualmente, esta institución está realizando auditorias de estos fondos, hecho que se derivó, de la judicialización del caso Arca Abierta, el 11 diciembre del 2018, contra 21 personas, incluidos once diputados señalados por la malversación de 21.1 millones de lempiras.

Asimismo, el caso Pandora por el desvió de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que involucra a miembros del Congreso y a otros funcionarios que utilizaron el dinero en las campañas políticas del Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Faper, fundado por el actual embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón.

Bajo ese amparo y protección jurídica, el 11 de junio, los también diputados nacionalistas del departamento de Valle, Tomás Zambrano y Marcos Velásquez, entregaron alimentos en la comunidad de Coyolito, en la Isla de Zacate Grande, del municipio de Amapala.  La ayuda llevada por los congresistas corresponde a los programas de apoyo de la Presidencia de la República.

Zambrano, quien es secretario del Congreso Nacional y fue sobreseído de manera definitiva en noviembre de 2018  por el caso “fe de erratas”, ha repartido hasta dinero en efectivo durante la pandemia. El 17 de septiembre aparece en una publicación de Twitter entregando L. 40,000 e insumos de bioseguridad al alcalde municipal de Langue, Luis Guerra. 

Diputados de Honduras
El mensaje fue borrado en las últimas horas, sin embargo, Criterio.hn hizo captura de pantalla de la publicación.

Lo anterior deja en evidencia que los diputados del oficialismo están manejando los fondos del Estado para hacer proselitismo político utilizando el argumento de la atención a la crisis sanitaria, mientras los hospitales carecen de medicamentos y el personal de salud se sigue quejando, a nueve meses de la declaratoria de la emergencia sanitaria, por falta de equipo e insumos de bioseguridad que los proteja del contagio.

DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN EN LA MISMA LÍNEA

La estrategia populista, también involucra a diputados de la oposición, quienes han salido a los barrios, colonias, aldeas y caseríos a recetar la misma “medicina”. El 14 de abril, el exfutbolista y ahora diputado del Congreso Nacional, Osman Chávez, repartió bolsas de comida en las comunidades garífunas del departamento de Colón, una zona abandonada y amenazada por el despojo que representan los empresarios del turismo y terratenientes. Chávez, quien fue electo por los simpatizantes del Partido Anticorrupción (PAC) ahora pertenece al Partido Liberal.

La diputada de Libre, Aida Reyes, también ha entregado material quirúrgico y equipo médico a los centros de salud y de los municipios de Yoro y hospitales de la zona. En esas actividades ha sido acompañada por el diputado suplente, Óscar Pineda y un equipo de trabajo de su campaña.

El presidente del Partido Nacional y diputado por el departamento de Olancho, Reinaldo Sánchez, es uno de los diputados que más donativos realiza. Hasta hace unas semanas Sánchez ocupaba la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, puesto desde el cual hacía donativos a nombre del gobierno de Honduras y del gobierno de Taiwán.

LA GENTE NO TIENE QUE COMER

A inicios de abril, el Congreso Nacional depositó 50 mil lempiras en las cuentas bancarias de cada uno de los diputados propietarios y 25 mil en las de los suplentes, en concepto de subsidios para ser utilizados de forma discrecional en ayudas a las personas necesitadas de sus respectivos departamentos, con el compromiso de liquidarlos. Sin embargo, las oficinas del palacio legislativo están cerradas y por esa razón nadie ha presentado la respectiva liquidación, informó el diputado, David Reyes.

Mientras el Congreso reparte fondos a diestra y siniestra entre los diputados, el Poder Ejecutivo ha sido señalado por innumerables actos de corrupción que van desde la compra sobrevalorada de equipo médico y de bioseguridad y de siete hospitales móviles, de los cuales cuatro llegaron tardíamente al país, pero solo uno está funcionando a medio vapor. Los tres restantes siguen en lista de espera en Turquía.

Recientemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estimó, al presentar el informe número doce, que la corrupción en tiempos de la pandemia ha provocado al Estado de Honduras una pérdida de más de L. 817 millones.

La corrupción ha elevado la indignación de los hondureños que en agosto pasado llenaron las calles de ciudades, aldeas y caseríos con la leyenda: ¿Dónde esté el dinero? La frase incomodó al gobierno que de inmediato procedió a eliminar la frase e hizo que la diputada nacionalista, Johana Bermúdez, confesara durante una reunión virtual del Congreso Nacional, que el dinero, que se reclama en las calles, “está en las manos de los 128 diputados que recibieron transferencias”.

PONER EL VÍDEO DE JOHANA BERMÚDEZ

Los actos deshonestos de los funcionarios públicos han causado revuelo en distintos sectores sociales que cuestionan la corrupción, pero a juicio del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, “lo importante es ayudar a la gente”. El 20 de abril, justificó el manejo de recursos públicos por parte de los diputados, aduciendo que ellos en sus comunidades tienen mucha presión de la gente que les solicita ayuda.

Oliva, quien desde marzo pasado, por miedo a contagiarse de Covid-19, mantiene suspendidas las sesiones del Congreso de manera presencial, ha sostenido su campaña política abierta, visitando diversos lugares del país.

 

La versión de Oliva, es respalda por congresistas de diferentes partidos políticos, que de cara a las elecciones internas y generales del próximo año, aspiran a mantenerse en el poder, como es el caso, de la diputada liberal, Sobeida Andino, quién ha manifestado: “nos depositaron 50 mil lempiras que estamos utilizando en ayudar a la gente que necesita (…) Mi trabajo ha sido incansable con las comunidades porque la necesidad es grande y la gente no tiene que comer”.

Y de igual manera, David Reyes, diputado electo por el Partido Innovación y Unidad (PINU), se siente satisfecho con la utilización de esos recursos públicos, por considerar, que el liderazgo político se sustenta en regalías. Y para él, el que no lo hace, no tiene opciones.

Como copia al carbón, Reyes confirma que la necesidad del pueblo es grande porque las familias no tienen que comer.  Amplió, que a través del tiempo los diputados acostumbraron a gratificar a la gente con ayudas.

Sin embargo, el diputado, Luis Redondo, compañero de Reyes, en la bancada del PINU, no niega que los hondureños se debaten en la miseria, pero también es consciente, que su función como diputado no es entregar ayudas sociales ni ejecutar recursos del Estado, sino legislar para cambiar esa situación. Redondo dice que no está de acuerdo con darle dinero a la gente, que no lo hace y que por esa razón va a devolver el dinero que le depositaron.

Mauricio Castellanos, suplente de Luis Redondo denunció ante Criterio.hn que el subsidio que él recibido en marzo pasado lo hizo una persona particular que él no conoce, quien le hizo un depósito por L.25,000 a su cuenta de planilla. “Según investigué, en el banco, oficialmente quien nos acreditó no fue el Congreso sino una persona individual de paradero desconocido por mi persona”.

Castellanos aseguró no haber utilizado el dinero por diversas razones, siendo una de ellas, el no saber el origen de los fondos y porque está consciente que fue electo para legislar y no para ejecutar fondos del Estado. “Para ello creamos leyes para que lo ejecute el Ejecutivo y municipalidades etcétera, etcétera”. Mauricio Castellanos y Luis Redondo, aseguraron que devolverán los fondos. Ellos consideran que su función en el Congreso Nacional es la de legislar y no la de ejecutar fondos públicos.

En cambio, Reyes representante del departamento de Choluteca, dice que 50 mil lempiras no son insuficientes para las necesidades que hay en la comunidad y que con ese dinero ayudó a varias personas y compró 10 tanques de oxígeno para donárselos al Hospital del Sur y al centro triaje, de la ciudad de Choluteca.

Para el abogado y ex coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, adscrita a la Asociación para una Sociedad más Justa, Capitulo de Transparencia Internacional, Josué Murillo, la donación de insumos de bioseguridad y oxígeno a los hospitales no es función de los diputados sino, una labor exclusiva de la Secretaría de Salud, entidad que ya debe asumir su responsabilidad de garantizar el derecho humano de la salud de los hondureños.

A su juicio los diputados deben ocuparse de la aprobación de normas que faciliten ese derecho. “Pero los diputados y el resto de los malos políticos están haciendo uso de la pandemia para saquear al Estado y hacer mal uso de los fondos públicos”.

Entre marzo y julio, la falta de insumos  en los hospitales y la carencia de materiales de protección para los médicos, enfermeras y demás personal que trabaja con los enfermos de Covid-19,  provocó protestas en diversos centros hospitalarios del país y aprovechando la situación, el 29 de abril, la congresista del Partido Nacional, Johana Bermúdez, llegó al hospital de especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa y les donó caretas de bioseguridad a los médicos residentes.

El 15 de abril, el diputado Fabricio Sandoval, declaró que, por instrucciones de la Coordinación General del Partido Libre, los congresistas de ese instituto político iban a devolver el subsidio de 50 mil lempiras que les depositó el Congreso Nacional para brindar ayudas a las personas necesitadas de sus comunidades. Informó que, de su parte, en la próxima sesión iba a entregar el cheque con la intención de seguir haciendo lo correcto. No obstante, hasta hoy no se han reanudado las sesiones presenciales y del tema no se ha vuelto a decir nada.

Al inicio de la pandemia, el partido Libre propuso que para que la gente pudiera hacerle frente a la emergencia sanitaria era necesario la asignación de un salario por familia, pero el gobierno optó por la entrega de alimentos, con la participación directa de los militares y de los activistas del Partido Nacional. Y de manera alterna los diputados hicieron lo propio, con los subsidios.

Cabe mencionar que las personas encargadas de entregar las bolsas de comida provenientes de la Presidencia de la República, son las mismas que promocionan la precandidatura presidencial del alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, que en su movimiento agrupa a la mayoría de los alcaldes nacionalistas, mientras que la mayor parte de los diputados candidatean a Mauricio Oliva y entregan las ayudas a su nombre.

A juicio del congresista, Luis Redondo, la entrega de los subsidios está a discreción del presidente del Congreso, con la participación del diputado, Tomás Zambrano, secretario de ese poder del Estado. “Y lo dan a propósito de que se lo roben”, indicó.

Entre tanto, el diputado David Reyes, del PINU y Patricia Murillo, de Libre, también aseguran que solo Mauricio Oliva tiene conocimiento de cómo se reparte el dinero del Fondo Departamental y de los subsidios, porque él es el que asigna los recursos.  “Solo Oliva sabe, ellos los aprueban, pero dicen que no los ejecutan, todo lo niegan”, dijo Murillo.

Ella cuestiona la gran vida que se dan algunos congresistas, incluidos varios del Partido Liberal y de los partidos pequeños, que andan con guardaespaldas y les han asignado motoristas, asistentes y oficinas. Luis Redondo dice que hay congresistas del lado oscuro del Partido Liberal manejando recursos porque solo pasan en la Casa Presidencial.

Todo lo anterior, ocurre en un momento de emergencia, con suspensión de garantías fundamentales y que mantiene a los empleados públicos trabajando a medio vapor, algunas semanas en oficinas y otras semanas desde casa y no hay quien responda las solicitudes de información pública que se plantean.

Para conocer a fondo lo que sucede con la asignación de subsidios, Criterio.hn solicitó desde el 3 de septiembre al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas, información de las transferencias y liquidaciones de fondos asignados a diputados para la construcción de infraestructura y proyectos sociales y al Tribunal Superior de Cuentas  le solicitó información de auditorías realizadas sobre esos recursos.

Las peticiones fueron enviadas a través del Sistema Electrónico de Honduras (SIELOH/IAIP), pero no fueron respondida, por lo que a través de la misma plataforma se presentaron los correspondientes recursos de revisión que tampoco han sido resueltos.

MANEJO DE FONDOS ES INCONSTITUCIONAL  

Sobre el manejo de los recursos públicos por parte de los diputados, Criterio.hn obtuvo la opinión del abogado, Josué Murillo,  ex coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, adscrita a la Asociación para una Sociedad más Justa, Capitulo de Transparencia Internacional, quien asegura, que de acuerdo con la independencia de poderes, los congresistas no deberían manejar fondos estatales porque su función es aprobar las leyes que ayuden a reforzar los derechos y las garantías constitucionales.

Murillo indicó, que darles recursos a los diputados es exactamente igual a que se les asigne manejo de dinero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen como función impartir justicia.

Explicó que históricamente los congresistas han utilizado estos fondos públicos para hacer campaña política y para comprar conciencias y que “aquí hay un error de origen porque los diputados no deben manejar fondos públicos, y si tienen esos fondos deberían rendir cuentas, porque estos fondos impactan negativamente en las necesidades de la población que acude al político, que lo tiene a disposición”, cuestionó.

Pero el abogado, Fernando García, va más allá en sus apreciaciones y confirma que en un estado republicano, la división de poderes establece las competencias y atribuciones de cada poder y de las entidades establecidas en ese marco jurídico constitucional. En tal sentido, explicó que el Poder Legislativo solo tiene tres funciones fundamentales: representar al pueblo soberano, rendirle cuentas y legislar.

Aseguró, que en ningún momento la Constitución y la doctrina republicana y democrática autoriza a los diputados para hacer funciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Él considera, que el Fondo Departamental y los subsidios no deben de existir.

García, quien se desempeñó como Comisionado para la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), reveló que el manejo de dinero por parte de los diputados fue una de las causas del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, “porque en aquel momento querían mil millones del presupuesto del 2009 para campaña política”. Agregó, que esos recursos manejados por congresistas no pueden existir ni reglamentarse de forma estricta.

A su criterio, el fondo departamental o subsidio, administrado por diputados es inconstitucional porque en todo caso los que tuvieron que haberlo recibido son los alcaldes, que son los que conocen las necesidades inmediatas del pueblo en su jurisdicción municipal.

García dice que los diputados, muchas veces, ni siquiera residen en el departamento al que dicen representar “¿y cuando han dado rendición de cuentas?, ¡nunca!, exclamó. Coincidió, que no es competencia de los diputados comprar equipos y materiales que necesitan en los hospitales porque para eso está la Secretaría de Salud.

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ANTECEDENTES

La primera vez que los diputados manejaron recursos del Estado fue en el 2006, cuando el Congreso, presidido por Roberto Micheletti, aprobó el Presupuesto General de la República, contenido en el Decreto 195-2006, en el gobierno liberal, de Manuel Zelaya Rosales. El proyecto se conoció como Fondo Social Departamental, o subsidios y desde ese momento se han venido manejando a discreción de los diputados, con el supuesto objetivo de realizar obras comunitarias y ayudas sociales.

Desde ese momento son muchas las irregularidades que ha llegado a conocer la población, pero a nivel de justicia nadie ha pagado por esos recursos mal utilizados, debido al blindaje de inmunidad que poseen los diputados y diputadas. Los diputados hondureños recuperaron en septiembre del año pasado la inmunidad que habían perdido en el 2002.

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El 17 de diciembre del 2017, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), con el apoyo de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), presentaron requerimiento fiscal contra los legisladores, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, imputándoles el delito de malversación de caudales públicos y solicitando su inmediata captura.

El caso se conoció como la “red de diputados”, que, según el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, la conformaban 140 congresistas, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a quien estaban investigando, por el desvió de fondos a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y fundaciones creadas para tal fin. Y ese fue el principio del fin de esa Misión Internacional que empezaba a dar resultados contra la corrupción.

En medio de la corrupción, Congreso de Honduras retoma el Fondo Departamental para diputados

En una jugada magistral los diputados lograron un jugoso aumento salarial y ahora tendrán nuevamente a su disposición recursos para ejecutar obras sociales

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-En medio de señalamientos por corrupción que salpica a la clase política, el Congreso Nacional de Honduras, aprobó el jueves el Fondo de Desarrollo Departamental para que los diputados manejen recursos del Estado con la supuesta finalidad de ejecutar obras de proyección social en sus comunidades.

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La creación del fondo se adoptó con base a un dictamen discutido y aprobado en un tercer debate esta tarde por los diputados de todas las bancadas a excepción del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (PINU-SD) y de los diputados, Jari Dixon Herrera de del Partido Libre y Dario Banegas, del Partido Liberal, que se opusieron a la medida, que implica una reforma al artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La reforma no es más que la legalización de una “caja chica” que los parlamentarios vienen manejando desde el año 2006 y que en los últimos meses ha evidenciado la manera cómo los congresistas drenan los fondos públicos para uso particular.
De acuerdo a la Constitución hondureña la función del Poder Legislativo se limita a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes del país.
El Fondo de Desarrollo Departamental, fue eliminado por el Congreso en julio pasado a raíz de los señalamientos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que acusó públicamente a los congresistas de formar parte de una red de saqueadores del Estado, entre los que citó al presidente del Parlamento, Mauricio Oliva.
Desde el 2006 que se aprobó el Fondo se ha venido entregando anualmente a los diputados cantidades de dineros que se mantienen en la opacidad, alegando la ejecución de obras y la entrega de ayudas sociales para los sectores más vulnerables.
El Presupuesto General de la República de 2018 contemplaba inicialmente una partida de 400 millones de lempiras para el Fondo de Desarrollo Departamental. Sin embargo, con la eliminación en julio pasado se supone que los fondos quedaron en suspenso y en su lugar la Junta Directiva del Congreso aprobó incrementos salariales de hasta 73 mil lempiras para los jefes de bancada y de hasta 43 para los diputados en general.
En enero pasado, el Congreso Nacional publicó en el diario oficial La Gaceta una reforma a la Ley del Presupuesto, distinta a la aprobada por el pleno de diputados, quitándole la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
La MACCIH bautizó a la irregularidad como “Pacto de Impunidad” y reveló que estaba investigando a más de 160 diputados que habían drenado fondos públicos para fines particulares. Entre los investigados, la Misión citó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Diputado Mario Pérez presenta proyecto de ley para que se restablezca el Fondo Departamental

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El diputado del oficialista Partido Nacional, Mario Pérez, presentó la noche de este martes un proyecto de ley para que mediante una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional se cree el Fondo Departamental que permita que los parlamentarios ejecuten actividades de proyección social en las comunidades de sus respectivos departamentos.

El 12 de julio pasado el Parlamento eliminó el Fondo de Desarrollo Departamental que se venía aplicando desde el año 2006, luego que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) revelara que los recursos estaban siendo drenados para uso participar de diputados, funcionarios del Estado y particulares.

A raíz de los cuestionamientos, la secretaría de Finanzas emitió en enero pasado un memorándum mediante el cual determinó la suspensión de los desembolsos de los recursos en concepto del Fondo de Desarrollo Departamental, alegando que no existía un reglamento para el control de los fondos, pese a la existencia de un reglamento vigente desde el año 2012.

Mediante el proyecto presentado esta noche el diputado Mario Pérez establece el fondo departamental como una proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus departamentos para la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que “impacten positivamente en las condiciones de vida de los habitantes”.

Fondo Departamental

Pérez planteó la creación de una ley especial que regule la ejecución del Fondo. La normativa deberá ser aprobada por mayoría simple de los diputados del Congreso.

De acuerdo al proyecto de ley, el monto presupuestario se determinará todos los años en el Presupuesto General de la República de acuerdo a la capacidad presupuestaria del Gobierno.

El 12 de junio pasado cuando se derogó, en un solo debate, el artículo 230 del decreto número 141-2017, contentivo de las disposiciones generales del presupuesto 2018, se determinó que los recursos que estaban asignados al Fondo Departamental serían utilizados para mejorar el salario de los diputados, empleados y personas que reciben sueldo del Congreso Nacional.

Para el 2018 se había presupuestado 400 millones de lempiras.

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En mayo quedó eliminado también el subsidio a los diputados. En aquel entonces se acordó que los subsidios serían rehabilitados hasta que la secretaría de Finanzas elabore un reglamento que regule el desembolso y liquidaciones, que garantice el uso correcto y evitar abusos con los recursos del Estado. Los subsidios se han venido entregando de manera indiscriminada.

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez informó el pasado 22 de junio que la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP), está investigado a los casi 800 diputados que han pasado por el Congreso en los últimos tres ciclos legislativos por irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo Departamental

TSC emplaza a diputados para que presenten liquidación del Fondo Departamental

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un plazo de 30 días a partir del 2 de abril otorgó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los diputados al Congreso Nacional, onegés y funcionarios públicos que ejecutaron recursos económicos concernientes al Fondo de Desarrollo Departamental durante los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.

La medida obedece al denominado “Pacto de Impunidad” denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) cuando en enero pasado el TSE asumió las competencias del Ministerio Público, de acuerdo a una reforma a la Ley de Presupuesto.

El decreto 141-2017 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2018  y el Acuerdo Administrativo 001-2018-TSC, que contempla el reglamento para la liquidación de fondos, le quitó la investigación penal que constitucionalmente le compete al Ministerio Público para que indague sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

Mediante un comunicado emitido este viernes el TSC, advierte que de no presentar la información requerida, procederá conforme a su Ley Orgánica.

Asimismo, “tomando como base las liquidaciones presupuestarias proporcionadas por la Secretaría de Finanzas y los resultados de las investigaciones y verificaciones que el ente contralor realice en los municipios del país, notificará oportunamente los informes con responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan”.

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PACTO DE IMPUNIDAD

A través de la reforma se estableció un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y onegés, encargando la auditoría de dichos recursos al TSC, por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención.

La disposición señala que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal.”

La MACCIH denunció en enero pasado que la reforma es parte de un “Pacto de Impunidad” que busca blindar a los funcionarios corruptos que se han apropiado de fondos del Estado, entre los que citó a una red de al menos 160 diputados que drenaron fondos a través de onegés para fines particulares. En la lista el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor citó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Fondo Departamental es un instrumento de proselitismo político sin controles ni auditorías

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El Fondo de Desarrollo Departamental contiene todas las características de ser un mecanismo de instrumentalización o de proselitismo político, concluye el Foro Social de Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), en un análisis sobre el mismo.

Además, representa un claro conflicto de interés como lo ha esgrimido la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH),  en la denuncia del “Pacto de Impunidad” y también corrompe el principio de independencia de poderes del Estado.

El Fondo de Desarrollo Departamental tuvo su Génesis en el año 2006, esta figura nace en el marco de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) inscrita en las Disposiciones Generales de presupuesto de ese año.

  • En el año 2006 es la única ocasión en que el Fondo de Desarrollo Departamental aparece endógenamente en las líneas de presupuestadas ya que se concebía que de cada programa el 1% sería destinado a este respecto (Exceptuando algunos como Educación, Defensa, servicio de la deuda etc)
  • En los demás años simplemente no aparece como una línea presupuestada.
Año de DGP Observaciones
2006 El FSDD se gestó en el año 2006 mediante el DGP en el artículo 96 y 97

*El presupuesto era endógeno (1% de cada programa)

2007 En el 2007 no aparece el Fondo de Desarrollo Departamental

*Aparecen fondos similares como 700 millones para las municipalidades según el artículo 82 de las DGP.

*Aparece otro fondo similar para el Fondo Social de Planificación Departamental con una suma de 350 millones de Lempiras (Fideicomiso)

2008 Para el 2008 la DGP es más explícita, en el artículo 119 se crea el Fondo Social Departamental por un monto de 450 millones de lempiras, aprobados y entregados por el Congreso Nacional
2009 En el 2009 aparece en el artículo 138 aprobando 250 millones de Lempiras.

*Por primera vez aparece la disposición para presentar liquidaciones, la cual será remitida al presidente del Congreso Nacional.

*Por primera vez se establece que TSC es el ente encargado de fiscalizar dichos fondos.

Año de la DGP Observaciones
2010 ·         2010 Artículo aprobado por 400 millones de Lempiras

·         Desembolsado por SEFIN mediante presidencia del Congreso Nacional

·         No aparece el TSC

2011 Para el 2011 artículo 135 por un monto de 400 millones de lempiras

·         Incluye los elementos de liquidación y contraloría

2012 Para el año 2012 articulo 156 con un monto de 400 millones de Lempiras

·         Los fondos se ejecutarán de acuerdo al reglamento aprobado por la presidencia del Congreso Nacional

·         Incluye elementos de liquidación y contraloría

2013 Formato fotografía, sin referencia
2014 sin referencia
2015 sin referencia
2016 sin referencia
2017 sin referencia
2018 No aparece en el proyecto, pero si en el publicado por la Gaceta con una provisión de 400 millones de Lempiras (Art. 230)

El Fondo de Desarrollo Departamental ha constituido un desafío a los roles básicos del funcionario público

  • ¿Qué de diferencia existe entre Corporaciones Municipales y las Diputados del Congreso Nacional?
  • ¿Quién está más cerca de las problemáticas y necesidades de FOSDEH su comunidad?

Además existe una dicotomía en el tratamiento de instancias gubernamentales, donde los mecanismos para el desembolso de fondos para las Alcaldías Municipales son inflexibles.

Para el presente año será obligatorio para toda Corporación Municipal presentar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para ser sujetos de desembolso de Transferencias Municipales y cabe señalar que Mediante la DGP se le restan recursos (Art 16).

Mientras que los Diputados del Congreso Nacional no se les exige mayor documentación, ni procesos de liquidación rigurosos para ser sujetos del Fondo de Desarrollo Departamental.

Política difusa, arbitrariedad y ausencia de control.

En el año 2009 aparece por primera vez que el TSC como ente fiscalizador del Fondo, no obstante, no se le atribuye mayor competencia ni se celebra un reglamento para la fiscalización de ese recurso, es hasta el 2012 que se aprueba un reglamento.

  • sujetas a la oficina de auditoría del Congreso Nacional.

En enero del 2018 la SEFIN emite un memorándum explicando que no desembolsará recursos en concepto de Fondo de Desarrollo Departamental dado que no existen reglamentos completados para el control de estos fondos desconociendo totalmente el reglamento celebrado en el 2012.

Existen nulos espacios de rendición de cuenta

  • Sin rendición de cuentas en:
  • El capítulo de ejecución físico /financiero del CN en Informe anual del TSC
  • que el portal de transparencia del Congreso Nacional
  • informes de liquidación presupuestaria de la SEFIN

El 85% de los beneficiarios de los proyectos manifestó no saben cuál es el monto total manejado por los diputados y gran parte de los recursos utilizados se erogan en “Apoyo a Programas de Impacto Social” cuenta que no es tan fácil medir como lo podría ser con un proyecto concreto de infraestructura.

Impacto de la Fondos de Desarrollo Departamental en Honduras

Montos programados en Fondos de Desarrollo Departamental

Año Monto en millones de Lempiras
2008 450
2009 250
2010 400
2011 400
2012 400
2018 400

Se podría estimar que desde el 2006 hasta la fecha se han erogado en este concepto alrededor de unos 4,800 millones de Lempiras y a pesar de que este fondo tuvo su Génesis en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la pobreza en vez de bajar ha aumentado.

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La ausencia de monitoreo del fondo de desarrollo departamental impide hacer un exhaustivo análisis de impacto económico en cada uno de los departamentos.

En términos globales la pobreza no se ha visto reducida significativamente, es más, los índices de pobreza a nivel nacional crecieron en 3 puntos porcentuales para el año 2017.

En síntesis, el Fondo de Desarrollo Departamental contiene todas las características de ser un mecanismo de instrumentalización o de proselitismo político, representa un claro conflicto de interés como lo ha esgrimido la MACCIH en la denuncia del “Pacto de Impunidad” y también corrompe el principio de independencia de poderes del Estado.

Propuestas que hace el FOSDEH

  • Auditoría Forense del fondo desarrollo departamental por una empresa consultora independiente.
  • Control y monitoreo de las ONGs que manejan los recursos del Fondo de Desarrollo Departamental.