Por: Javier Suazo (Economista hondureño)
“Un 15 por ciento de las Mipymes ya cerró operaciones sumidos en la quiebra, un 28 por ciento cree que solo le queda un mes de vida, el 39 por ciento casi dos meses, y 10 por ciento dijo que estaría cerrando entre 3 a 6 meses si la ayuda no llega o se prolonga la cuarentena más allá de lo normal”: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UNAH)
El sector formal de la economía es visible para el Estado, en cuanto al pago de impuestos, cotización de las empresas a regímenes de aseguramiento social, reconocimiento de derechos adquiridos por los trabajadores (pago de vacaciones, por ejemplo), jubilaciones y pago de salarios mínimos. El sector informal, es invisible para el Estado, aunque cerca de 50% de la población latinoamericana trabaja en el sector informal (Santiago Levy: BID). Las políticas de corte neoliberal buscan que los informales se hagan formales, ya que tendrían el reconocimiento del Estado, pero deberán contribuir al “desarrollo” del país, destinando parte de sus ingresos al pago de impuestos.
Las micro y pequeñas empresas son las más afectadas con el confinamiento que trajo el Covid-19 y la recesión económica. El argumento de algunos empresarios, que las grandes empresas son las que más empleos formales generan, no es correcto. En Honduras, como en otros países latinoamericanos que han flexibilizado los mercados de trabajo, los empleos formales perdieron esa categoría hace tiempo, entendiéndose formalidad no solo por trabajar en una empresa que está debidamente registrada, pertenecer a una organización gremial, pagar regularmente impuestos, garantizar el pago del salario mínimo y cotizar al régimen de protección y aseguramiento social. Hay empleos considerados “formales”, donde las jornadas de trabajo son menos de ocho (8) horas diarias, es decir trabajos por hora, sin que les garantice el pago del salario mínimo equivalente, mucho menos la protección social requerida y derecho a huelga por violaciones a conquistas adquiridas.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas están registradas, pertenecen a una organización gremial, integrada o no a la organización cúpula empresarial, pagan por hora, día o semana, y contribuyen para que parte de sus empleados asistan a centros de salud. Pero, hay aquellas, aunque los empleos se consideran permanentes, donde los trabajadores son contratados por día, hora, semana o mes. Hay un tipo de estas empresas que evidencia mayor estabilidad del trabajo que en las empresas medianas y grandes, ya que no están supeditadas a la competencia internacional, como es el caso particular de empresas maquiladoras que operan como subsidiarias, filiales o sucursales de empresas transnacionales, que, por un conflicto social-político interno o pandemia, las hace migrar y cerrar operaciones.
Hay un tipo de micro y pequeña empresa caracterizada como informal, por no pertenecer a una organización gremial, estar registrada como tal y cotizar para que sus empleados asistan a un centro de salud y/o hospital de seguridad social. Gran parte de ellas, son unidades productivas, comerciales y de servicios, de tipo familiar, contratando trabajadores en forma estacional y en situaciones de coyuntura. Pero, también, están aquellas unidades productivas, comerciales y de servicios que la empresa es la persona, sin reconocimiento legal y social, recursos del apoyo por el Estado y acceso a sistemas de protección social, para el (ella) y sus hijos (as).
Estas empresas y los llamados trabajadores-ambulatorios de la economía, han sido y serán los más golpeados con la crisis actual. En el medio rural, la evidencia es que pierden su producción de granos básicos, hortalizas y frutas, sea por la sequía, el poco acceso a servicios de apoyo (crédito y riego), y, hoy, por la no venta de los productos a estar en confinamiento y cerrado el acceso a los mercados de venta; siendo más dramático en los centros poblados urbanos, por el confinamiento, el cierre de los negocios y la penalización del trabajo informal-ambulatorio, sumado a las pérdidas de empleo diario, por el cierre de negocios y empresas de mayor tamaño..
En Honduras, el Congreso de la República aprobó un decreto que busca, en teoría, beneficiar a 300,000 micro, pequeñas y medianas empresas (El presidente del Banco Central de Honduras, habla de 336,000 empresas), con la constitución de un fondo de garantía por un monto de 4,500 millones de lempiras ( cerca de 180 millones de dólares) ,que será manejado por el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda ( BAHPROVI), banca privada y cooperativas, donde se podrán respaldar los préstamos (créditos) solicitados por las empresas en un rango de entre 65% y 90%, pagando una tasa de interés menor a la que tenían antes de la pandemia. El Fondo de Garantía, según el gobierno, es bastante amplio al cubrir sectores como: turismo, transporte, agroindustrial, maquila, comercio, industria agrícola y no agrícola, construcción, salud, servicios administrativos y otras empresas que demuestren estar siendo afectadas.
Existen varias dudas acerca del funcionamiento de este mecanismo. De acuerdo al gobierno, la mayor garantía de respaldo la tendrán las microempresas, o sea aquellas que soliciten créditos en un rango de hasta 300,000 lempiras (un poco más de 1,200 dólares), lo que representa el 88.3% de los beneficiarios con una cobertura de 90%; igualmente, las pequeñas empresas, con créditos entre 300 mil y 1 millón de lempiras, que representa el 8.3% de los beneficiarios. Y, en el resto, las medianas e incluso grandes empresas con un rango de 1(uno) a 36 millones de lempiras (diputados del partido liberal del lado “oscuro” hablaron de un máximo de 10 millones de lempiras para no permitir el ingreso de grandes empresas disfrazadas de medianas), que serán respaldadas por el fondo, con un porcentaje de cobertura de 70% promedio.
Las preguntas son ¿Qué pasa si se otorgan mayormente créditos a las medianas e incluso grandes empresas? ¿Cuánto quedará de fondos respaldo para el número de micro y pequeñas empresas que soliciten dichos créditos? ¿Acaso no hubiera sido mejor distribuir los fondos, o sea que el 60% de estos, unos 2,700 millones de lempiras, vayan directamente a este tipo de empresas? Ello, incluso, permitiría que se generen encadenamientos para que nuevas empresas elaboren iniciativas de negocios (emprendedurismo) y soliciten financiamiento con respaldo del fondo de garantía, una vez que la pandemia se ha “controlado”.
Si esto se corrige en el reglamento de manejo del fondo, próximo a ser discutido en el Congreso de la República, al igual como se empezó a hacer con las pruebas rápidas para los potenciales portadores de Covid-19, el gobierno y las organizaciones y asociaciones empresariales deben buscar a los micros y pequeños empresarios que serán beneficiados. Un argumento de la banca es que los recursos del fondo servirán para respaldar créditos o proyectos en todo el periodo que dure la pandemia, recesión económica y fase de reactivación (No se sabe cuánto tiempo), esperando que las solicitudes se den en forma gradual. No cabe duda que, en el caso de las medianas e incluso grandes empresas (por aquello de la práctica de la filtración), las solicitudes ya van en camino.
La segunda duda, son los sectores a financiar. La recomendación de los expertos, caso del Ing. Víctor Flores, productor de granos básicos, es que se abra por rubros, como ejemplo la siembra, producción y comercialización de granos básicos, hortalizas, frutas, cerdos, ganado vacuno, comercio minorista, servicios de cuidado personal y familiar, cooperativas e industrias pequeñas de transformación, otros; igual elimine la maquila. Otra duda es ¿Qué pasa con la deuda que tiene las empresas actualmente con la banca, cooperativas y demás intermediarios financieros? ¿Existirá acaso una readecuación de mayor plazo, para poder acceder a nuevos recursos una vez que el comercio se abra y se genere un nuevo ciclo productivo?
Para el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, “Una vez que salgamos de la cuarentena, esas empresas irán a sus bancos, cooperativas e intermediarios financieros a decirle que ocupan que las cuotas que no han pagado las readecúen pero no solo eso, también pueden pedir capital de trabajo para echar andar el negocio” (…) “Es ahí cuando el banco dirá que la situación no es fácil, los ingresos han caído, no han recibido el pago de las cuotas y todavía están solicitando más créditos; en ese momento, es donde nosotros decimos al banco que tenga confianza y que vamos a apoyar a este micro, pequeño y mediano empresario”. (La tribuna 27-04-2020).
La tradición dice lo contrario. Si los micros y pequeños empresarios no cumplen con los requisitos exigidos, no podrán optar a refinanciamiento de sus deudas, mucho menos a fondos para capital de trabajo e iniciar de nuevo, suponiendo que existe demanda para sus productos y entrega de bienes y servicios. La hondureña, en este tipo de negocios, ha sido catalogada como una banca conservadora y timorata, por lo que la Federación de las Mi-pymes, considera viable que sea el propio Estado quien asuma el compromiso de canalizar directamente estos recursos a los empresarios, usando por ejemplo canales como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), las cajas rurales y las cooperativas de servicios múltiples, no solo las financieras.
Las dudas aumentan por el problema de la débil institucionalidad y la falta de un seguro contra el manejo y uso de los recursos; sumado a que, el fondo de garantía autoexcluye al micro y pequeño empresario familiar “informal” que trabaja con dineros de prestamistas, ya que no tienen ningún registro ni reconocimiento público. Pero, lo más preocupante, es la empresa “persona”, de tipo informal-ambulatorio, marginada literalmente de todos los servicios públicos, incluyendo la atención básica en salud. Estas empresas (informales-familiares y empresas informales-persona) son, en su mayoría, lideradas por mujeres.
Urge una estrategia diferenciada para atender las micro, pequeñas y medianas empresas, como también las empresas-persona. Pero, además, un programa masivo de capacitación técnica e identificación de negocios que tenga como fundamento la colaboración, solidaridad y el emprendedurismo de base, integrando comunidades, municipios, regiones y territorios en redes de micro y pequeñas empresas. Esta estrategia debe integrar actores, procesos, recursos y marcos jurídico-operativos, a efecto de complementar acciones de financiamiento con nuevas políticas de Estado, programas y proyectos liderados por una nueva institucionalidad pública y social.
El gobierno de la República creo el Servicio Nacional de Emprendedurismo y Pequeños Negocios (Senprende) y el Programa de Sistemas de Centros de Innovación Tecnología y Agrícola (SCITA), manejado por la Secretaria de Educación. El problema es que se aprobaron debilitando la institucionalidad existente, como ser el Viceministerio de las MiPymes en la Secretaria de Desarrollo Económico, y el Servicio de Educación y Capacitación Agrícola (Seduca) adscrito a la Secretaria de Agricultura y Ganadería. El Senprende depende directamente del presidente de la República, al ser responsable de nombrar al director y subdirector ejecutivo. Se ocupa de una institucionalidad más horizontal que permita la participación de las asociaciones de micro y pequeñas empresas, como también aquellas organizaciones que trabajan con las Mi-pymes familiares. Senprende se mira como un programa político, tal como es “Vida Mejor”, más que un instrumento para promover y gestionar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en forma diferenciada y participativa.
Los recursos del Fondo de Garantía provienen de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que todavía hay espacio para diseñar la estrategia diferenciada con la efectiva participación de los actores, incluyendo la Asociación y Consejo Nacional de Vendedores Ambulantes, que esperan que el Congreso de la República también apruebe la Ley del “Sector Informal”(¿O sector popular como les gusta a los sociólogos?) de la Economía que tiene dos (2) años de estar engavetada. Las cifras dicen que las Mi-pymes generan 7 de cada 10 empleos y más del 60% del PIB, por lo que urge un verdadero apoyo del Estado al sector más allá de la pandemia.
La Paz, Honduras, 28 de abril de 2020
https://www.alainet.org/es/articulo/206229
