¿Cuántos están presos por las armas, droga y dinero encontrados en los centros penales?

Por: Jorge Burgos

Cuántas veces hemos visto en los medios televisivos, leído en los periódicos o escuchado en las radioemisoras de  Honduras que en el penal de tal ciudad han encontrado armas, drogas, celulares, computadoras,  televisores etc. La respuesta es centenares de veces.

Es una noticia,  que si bien no la vivimos a diario, si la vivimos con cierta cotidianeidad. De tal manera que ya no nos sorprende ni nos escandaliza porque se ha vuelto repetitiva  y esa repetitividad le resta fuerza y hace que el pueblo lo vea como normal.

El pasado 26 de julio del presente año encontraron un fuerte arsenal en el penal de San Pedro Sula, que fue cerrado por el actual gobierno el pasado fin de semana, en esa ocasión los titulares fueron: Más de tres millones de lempiras y fuerte arsenal encuentran en penal de San Pedro Sula.- Reclusos tenían arsenal para destruir San Pedro Sula.- Hallazgo de armas y dinero en penal sampedrano, entre otros.

La pregunta que asoma aquí y que es motivo de este artículo es: ¿Cuántos están presos por haber dejado pasar esas armas, drogas y ese dinero no solo en el penal de San Pedro Sula, sino en todos los presidios de Honduras?

Cree usted que no se puede detectar un teléfono celular o una computadora o yendo más allá, cree usted que no se puede detectar una pistola, una miniuzi o un fusil AK47 o un AR15. Estos aparatos y armas solo pasan porque cuentan con la complicidad de los custodios de turno o porque el jefe ordenó que los dejen pasar porque tiene trato con los jefes criminales al interior del penal.

Se ha hecho gran alharaca con el cierre de la señal para teléfonos celulares en los centros penales por parte de las compañías que brindan el servicio de comunicación celular sin embargo son múltiples fotografías de privados de libertad hablando por teléfono desde la cárcel o informes que confirman que el asesinato, secuestro o extorsión de alguien fue ordenado desde un teléfono al interior de un penal.

Otra de las situaciones que demuestran que se siguen haciendo llamadas desde las cárceles hondureñas es que cada vez que se realiza un operativo de limpieza, se encuentran cientos de teléfonos celulares. Y nos asalta otra pregunta: ¿Para que compraría alguien un aparato que no le sirve?

Esta pregunta la he formulado a varios analistas de la realidad nacional y la respuesta es casi al unísono, a pesar que la he formulada de forma separada: nadie.

Nadie,  porque ninguno de los custodios ha sido llevado a un tribunal a rendir cuentas del porque dejaron pasar armas, drogas, celulares, dinero electrodomésticos y aparatos de comunicación con los cuales desde el interior se manejan los asesinatos por encargo y las extorsiones según lo han señalado los señores de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Nadie, porque tampoco se acusa a los directores de estos centros o al responsable a nivel nacional de la seguridad en las cárceles del país y lo que hacen es cambiarlos de penal rotándolos o devolviéndolos a la policía o a los batallones. Esa es la justicia hondureña.

En cárceles como el Pozo y La Tolva que son de reciente construcción y que nos vendieron la idea que son de máxima seguridad,  no solo han encontrado algo de lo encontrado en las de mínima seguridad sino que hasta andan sueltos algunos que se supone están bien guardaditos.

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Celulares, modems y routers se siguen decomisando en los penales de Honduras sin que nadie este preso por dejarlos pasar o llevarlos a los privados de libertad

En mi opinión, misma que vengo sosteniendo desde hace casi 30 años que tengo de ejercer el periodismo, si se penalizara con unos 10 o 15 años a todos los policías y militares destacados en un centro penal donde se encuentren armas, drogas, dinero o privilegios como aire acondicionado, televisores último modelo, celulares, computadoras, routers y modems para conexiones alámbricas y de  Wi Fi, nadie volvería a permitirlo, pero como no hay castigo esto sigue y seguirá ocurriendo en todas las cárceles  del país.

Centros penales de Honduras seguirán bajo custodia de los militares

Gobierno lanza convocatoria para la contratación de reservistas de las FF.AA.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Pese a que la ley penitenciaria establece que los centros de reclusión de Honduras estarán bajo la custodia de civiles, el gobierno ha lanzado una convocatoria para contratar a reservistas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que asuman esas funciones.

“El Instituto Nacional Penitenciario (INP), invita al personal reservista de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a participar en la selección de personal certificado para formar parte de los agentes penitenciarios del INP, que brindarán seguridad en los distintos centros penitenciarios del país”, reza una publicación de este lunes mediante la cual se deja claro la intención del gobierno de continuar soslayando la legislación nacional y las recomendaciones de las Naciones Unidas de desmilitarizar la sociedad.

La convocatoria establece que los interesados deberán cumplir varios requisitos entre los que destacan: ser menor de 30 años, ser reservista de las Fuerzas Armadas; los varones deberán medir 1.65 metros de estatura y las mujeres 1.60.

Asimismo presentar hoja de antecedentes penales y policiales vigentes, tarjeta de identidad, constancia de baja extendida por las FF.AA. y no haber pertenecido al INP.

Los aspirantes tendrán que someterse a las pruebas de confianza: toxicológicas, socio- económica, polígrafo y psicológicas.

“La institución le brinda la oportunidad de seguir estudiando y así superarse profesionalmente dentro de la carrera penitenciaria”, continúa el texto el que además señala que los interesados deberán presentarse el lunes 3 de abril a las 8:00 am, en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en Támara, Francisco Morazán.

RECOMENDACIONES DEL OACNUDH

La semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-Honduras (OACNUDH) alentó al gobierno para que se lleve a cabo una reforma integral del sector penitenciario que cumpla con los derechos humanos, reafirmando su carácter civil, excluyendo a los militares o los policías de la gestión del sector y de las prisiones, así como garantizando que los civiles permanezcan detenidos únicamente en instalaciones civiles.

La OACNUDH hizo la reflexión porque actualmente en Honduras varios batallones militares son utilizados como centros de reclusión de máxima seguridad y porque la custodia en los centros penales sigue en manos de los militares y policías.

La nueva ley penitenciaria de Honduras, que entró en vigencia el 3 de diciembre de 2012, creó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) vinculado a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con la responsabilidad de organizar, administrar y poner en funcionamiento el sistema penitenciario nacional. Pero fue hasta el 2014 que la administración de las cáceles pasó a formar parte del INP.

La citada legislación excluyó a los policías y militares de las funciones de administración, custodia y funcionamiento, que desde 1883, han venido ejerciendo en las cárceles.

La normativa También establece una carrera civil profesional y especializada para los funcionarios de prisiones y guardias, lo que requerirá que todo el personal apruebe la formación teórica y práctica que ofrece la Escuela de Formación del Personal Penitenciario.

El “Primer Curso de Formación para Guardias Penitenciarios”, fue inaugurado en el 2014  por el presidente Juan Hernández en el Primer Batallón de Artillería de la comunidad de Zambrano.

Las capacitaciones de los primeros guardias de seguridad estuvieron relacionados a la seguridad penitenciaria, sistema legal penitenciario, derechos humanos, uso proporcional debida de la fuerza, relaciones humanas, principios y valores, cortesía y disciplina”.

Actualmente los centros penales de Honduras siguen registrando el grave problema de hacinamiento que conlleva a la existencia de cárceles con sistemas de autogobierno en las que son los propios presos quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros.

Siguen siendo parte de los cotidiano: las disputas entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos, el consumo de drogas y alcohol por parte de los internos, entre otras cosas.

Como resultado de la ingobernabilidad, en el 2003 se produjo un incendio en la cárcel de El Porvenir, en el departamento de Atlántida que dejó 68 muertos. Un año después se incendió la cárcel de San Pedro Sula que registró otros 107 muertos. Y el más reciente hecho, en febrero de 2012 en la granja penal de Comayagua, un incendio dejó más de 300 víctimas.

A continuación compartimos la convocatoria del Instituto Nacional Penitenciario

CONVOCATORIA

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), invita al personal reservista de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a participar en la selección de personal certificado para formar parte de los agentes penitenciarios del INP, que brindarán seguridad en los distintos centros penitenciarios del país.

Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser menor de 30 años de edad
  • Ser reservista de las Fuerzas Armadas
  • Varones medir 1.65 de estatura y las mujeres 1.60
  • Presentar hoja de antecedentes penales y policiales vigentes
  • Tarjeta de identidad
  • Constancia de baja extendida por las FFAA.
  • No haber pertenecido al INP.

Este personal deberá someterse a las pruebas de confianza: toxicológicas, socio- económica, polígrafo y psicológico.

La institución le brinda la oportunidad de seguir estudiando y así superarse profesionalmente dentro de la carrera penitenciaria.

Los interesados deberán presentarse el lunes 3 de abril a las 8:00 am, en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en Támara, Francisco Morazán.

TIGO y Claro no impiden llamadas de centros penales: Ebal Díaz

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El ministro asesor del Gobierno de la República, Ebal Díaz, denunció nuevamente que las empresas de telefonía celular del país Claro y TIGO, no están cumpliendo con la obligación de impedir que se realicen llamadas telefónica de los centros penales.

Ebal Díaz,  reiteró que las empresas de telefonía celular que operan en el país Claro y Tigo, están sujetas a sanciones por más de 10 millones de lempiras.

Díaz expresó que los operadores de la telefonía celular, “no impiden que salgan las llamadas de teléfonos móviles, o sea, de celular de los Centros Penales o que ingresen esas llamadas”.

Agregó que, esas  compañías están obligadas a instalar una tecnología que impida esta entrada y salida de llamadas y no se está cumpliendo técnicamente con la obligación y los procesos administrativos o los procedimientos administrativos sancionatorios están”.

Díaz quien también es comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),  agregó que para que se cumpla con la normativa de impedir la salida de llamadas de centros penales, las sanciones van alrededor de los 10 millones de lempiras.

El año pasado Díaz repitió esta denuncia y aseguró que las empresas en este caso Claro y Tigo, serían sancionadas, considerando que las autoridades policiales casi siempre que realizan operativos en los centros penales encuentran celulares, lo que indica que se continúan haciendo y que los implementos tecnológicos para impedirlas no estarían funcionando 100 por ciento.

Conatel impone sanción de 10 millones de multa a Tigo y Claro por llamadas desde los centros penales

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Las operadoras de telefonía celular que trabajan en Honduras serán sancionadas hasta por diez millones de lempiras debido a que no han cumplido con suspender el servicio de llamadas desde los centros penitenciarios del país.

Ebal Díaz presidente de Conatel y asesor presidencial
Ebal Díaz presidente de Conatel y asesor presidencial

Las  llamadas desde los centros penitenciarios de Honduras siguen operando, así lo confirmó el presidente de la Comisión Nacional  de Telecomunicaciones (CONATEL), Ebal Díaz.

Díaz agregó que,  están en la última etapa de esta sanción porque definitivamente se ha comprobado que hay salida de llamadas desde las cárceles del país y no se ha cumplido con la disposición de eliminarlas como lo ordenó Conatel.

Las empresas Tigo y Claro están impugnando la sanción y por esa razón, Conatel hará una nueva inspección para demostrarles que si salen llamadas desde los centros penales.

Aunque las operadores de servicios celulares lo nieguen,  la verdad es que si hay llamadas desde los centros penales aseguró Ebal Díaz.

En el reciente asesinato de la abogada Miriam Izaguirre del Cid, Según información de los investigadores, desde el Centro Penitenciario Nacional de Tamara habría salido la orden para asesinarla.

La profesional del derecho fue tiroteada en horas de la mañana del pasado sábado 20 en los linderos de los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa.