Subsidios, una estrategia engañosa en campaña electoral 

Tegucigalpa. –Nuevamente el tema energético ocupa un lugar en la mesa del debate. El 28 de septiembre de 2021, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció un nuevo aumento a la tarifa energética, decisión que, por segunda vez consecutiva, fue vetada por el Poder Ejecutivo.

Antes, en julio de 2020, el presidente Juan Hernández, vetó un aumento de la CREE de un 9.13%, gracias a la aplicación de un subsidio de 498 millones de lempiras, aprobado en el Congreso Nacional y orientado a favorecer, por lo que resta del 2021, a los abonados con bajo consumo eléctrico.

Hernández está aprovechando la coyuntura en un año electoral al implementar medidas que aparentan ser buenas para los desfavorecidos y así ganar adeptos para el oficialista Partido Nacional en las elecciones del 28 de noviembre.

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EL HECHO

La medida entró en vigor el 18 de octubre pasado y desde ese momento el gobierno ha venido asegurando que su decisión evidencia el compromiso con la población más pobre. “Debemos proteger al consumidor final, si por alguna razón no lo hacemos, la gente se verá afectada, por eso hemos tomado la decisión, porque tenemos la capacidad para atender la situación”, dijo Juan Hernández en una comparecencia ante medios de comunicación.

La medida del gobierno engloba un subsidio de casi 2,000 millones de lempiras, de los cuales 700 millones van orientados para el consumo de energía, 560 millones para los combustibles, 450 millones para el gas licuado (LPG) y, 230 millones para el costo de flete para favorecer a los transportistas del petróleo. 

Asimismo, consiste en un apoyo a los consumidores de energía eléctrica, de Gas LPG y combustibles, para dejar sin valor y efecto el aumento energético. 

Un factor determinante en los ajustes a la tarifa de la CREE, son los aumentos en los combustibles, por eso, el subsidio destina 560 millones para congelar los precios y asumir el sobrante de incremento impulsado por el mercado internacional por el resto del año. 

Congelando los precios, buscan minimizar la influencia de los costos de los combustibles en las tarifas energéticas. 

Y es que la ENEE compra en gran medida energía térmica, producida por combustible en su mayoría y que, además, según las autoridades de la Junta Interventora, implican una fuerte carga para la estatal por el precio de los contratos con las generadoras.

En la actualidad la matriz energética está en manos privadas. De acuerdo con los boletines estadísticos de la ENEE del 2019, la capacidad instalada para producir energía mensual fue de 2,714.1 megavatios (MW), 457.5 en producción estatal y 2,256.6 MW privada.

De los 457.5 MW de capacidad de generación estatal, 432.7 MW son mediante hidroeléctricas y 24.8 MW de térmicas, mientras que los 2,256.6MW de generación privada se dividen en: 853.3 en térmicas, 510.8 fotovoltaica, 296.2 hidroeléctrica, 235 eólica, 221.3 biomasa, 105 carbón y 35 geotérmica.

La ENEE tiene dificultades económicas y eso se expresa en la deuda que sostiene con las generadoras privadas, por eso, el Congreso Nacional aprueba cada semestre más de 7,000 millones de lempiras para pagar a las generadoras privadas.

Esta última medida en realidad es complementaria al Decreto 59-2021 que dio vida al subsidio de consumidores de energía para el segundo semestre del 2021, favoreciendo a los consumidores con una tarifa residencial cuyo consumo sea menor o igual a 350 kilovatios y a pequeños y medianos comercios en tarifa de baja tensión con un consumo menor o igual a 3,000 kilovatios.

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El artículo uno de la iniciativa faculta a la CREE a la no publicación y aplicación del pliego tarifario de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, en caso de requerirse, en la próxima revisión de tarifas del primer trimestre del 2022, queda facultado el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a otorgar subsidio a los consumidores de energía”, dice el documento.

La Secretaría de Energía hará el pago del subsidio y además creará el reglamento correspondiente para su tramitación que deberá emitirse dentro de un plazo no mayor a treinta días.

DEMAGOGIA EN TIEMPOS ELECTORALES

“Con esta medida se logra congelar el precio de los combustibles y también la tarifa energética, es un alivio provisional, pero a la larga será el pueblo hondureño el que deba pagarlo”, comentó Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de los Combustibles. 

Rodríguez enfatizó que la medida no es del todo mala, pero considera que no es lo que Honduras necesita para lidiar con las altas tarifas eléctricas. “El Gobierno deberá pagar el subsidio que no es más que el diferencial del precio, ellos dicen que tienen finanzas robustas para hacerle frente a estos dos mil millones de lempiras en subsidios”, agregó Rodríguez. 

El Mirón

VERIFICACIÓN: ENGAÑOSA

El gobierno aprobó el subsidio estableciendo la idea de que es la única salida que tiene el país para evitar incrementos a la tarifa energética. Y al aprovechar la situación, para emitir un discurso de solidaridad con la ciudadanía, se convierte en una estrategia engañosa en tiempos electorales. 

Pero, además de un hecho engañoso, el presidente Hernández, miente al decir que las finanzas estatales son robustas para asumir el subsidio de casi 2,000 millones de lempiras.

El tema energético es el talón de Aquiles de las finanzas nacionales, al menos, así lo ha sostenido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en cada visita, cuestiona al Estado por las pérdidas que este sector genera para el país. 

Una prueba de la situación es que la deuda con los generadores de energía privada se acumula mensualmente y el gobierno reacciona suscribiendo préstamos internacionales para minimizar la mora.

Se estima que la deuda de la ENEE anda alrededor de 80 mil millones de lempiras, una cifra impagable, máxime en un país que tiene una deuda pública que sobrepasa el 59% del Producto Interno Bruto (PIB).

Especialistas como Juan Carlos Rodríguez, explican que en este caso el subsidio no será cubierto con los impuestos públicos, sino con préstamos firmados con organismos internacionales, con lo que se generará intereses y un endeudamiento que deberá ser cubierto por la población a través de impuestos.

“Es un espejismo, nosotros debemos pagar esos endeudamientos porque hay una mala administración. Vemos que están jugando a la campaña política y el partido de gobierno está aprovechando la situación”, declaró Rodríguez. 

La medida ha sido utilizada como una estrategia sistemática de hacer política en año electoral. El diputado del PINU, Andrés Benedith, cree que se están tomando decisiones que solo resuelven temporalmente, pero no se legisla para transformar la situación a través de transiciones profundas.

“Hace algún tiempo empezaron con esta estrategia de subsidios, y aprovechando que las elecciones están cerca, hacen demagogia y campaña electoral. El próximo gobierno estará sumamente endeudado por estas medidas populistas que resuelven a corto plazo, pero empeoran la situación a largo plazo”, advirtió el presidente de la Coalición Patriótica de los Combustibles. 

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¿CUÁL DEBE SER LA SALIDA A LAS TARIFAS ALTAS?

“Creemos que los subsidios son elementos nefastos para congelar el tema energético, esto solo se puede dar a través de revisión de contratos de compra privada de energía, también bajando los impuestos que gana el Estado para controlar el combustible y canasta básica”, valoró el diputado Benedith. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), sugirió en 2018, que para rescatar las finanzas de la ENEE y por ende favorecer a la población con tarifas bajas, se deben revisar las condiciones contractuales de la compra de energía privada.

A juicio del diputado Andrés Benedith, la solución a las altas tarifas de la energía eléctrica pasa porque el gobierno baje el valor del impuesto y otras reformas profundas que beneficien a los hondureños, como la reducción del costo de la vida que impacta por el elevado precio de la canasta y los servicios básicos.

Entre tanto, Juan Carlos Rodríguez, considera que para cambiar la realidad energética se requiere modificar la fórmula de los combustibles, revisar los contratos energéticos, mejorar la administración en la ENEE, entre otras medidas que requieren de la voluntad política.

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