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Hernández desempolva su discurso militarista en la antesala de las elecciones

Militares Honduras

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Tegucigalpa.-La violencia, inseguridad y crimen organizado son flagelos que siguen afectando a la sociedad hondureña. Es en ese contexto que el gobierno ha puesto en marcha una nueva campaña mediática para posicionar un discurso alejado de la realidad.

En el marco del octavo aniversario de creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), el presidente Juan Hernández, afirmó que este organismo castrense ha sido el actor clave para brindar a los hondureños paz, seguridad y confianza.

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Los militares han sido el soporte del Gobierno de Juan Hernández, quien apostó a fortalecer, tanto en materia económica como en equipamiento, a todas las entidades adscritas a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Para 2019, según el portal datosmacro.com, el gasto público en defensa en Honduras creció 36,3 millones, es decir un 5,32 %, representando el 6,02 % del gasto público total. Según esta cifra, el gasto en defensa alcanzó el 1,63 % del Producto Interno Bruto (PIB).

LAS FRASES:

Para celebrar el octavo aniversario de la PMOP, el gobierno organizó una ceremonia de celebración a la que acudieron funcionarios públicos encabezados por Juan Hernández, quien aprovechó el momento para colocar a la Policía Militar como una de las instituciones más beneméritas del país.

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Hernández replicó el discurso diciendo “desde hace 8 años con la creación de la Policía Militar de Orden Público, 𝐇𝗼𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐬 ha demostrado que es territorio hostil para las maras, pandillas y crimen organizado”.

LINK: https://twitter.com/juanorlandoh/status/1430316467812278281?s=21

“Policía Militar de Orden Público una idea y un proyecto desafiante; a la fecha tenemos más de 4.536 efectivos que arriesgan sus vidas sin importar quién es la persona. Siempre dispuestos a dar por Honduras lo más sagrado que tienen, la vida misma. 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑜 𝐴𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜”, expresó Hernández.

Llama la atención que el discurso de promoción al brazo armado surge precisamente en la antesala de las elecciones generales previstas para el 28 de noviembre y luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara su plan de duplicar el número de militares, supuestamente, para recobrar los territorios que están en dominio de las pandillas.

Para el analista en temas de seguridad, Carlos Sierra, las valoraciones de Hernández son alejadas de la realidad y además se convierten en indicios peligrosos en un país que a pocos meses celebrará elecciones.

“Es claro que no hay ningún beneficio de la militarización, por otra parte, estas declaraciones parecen más políticas y se convierten en peligrosas porque aún existe incertidumbre de cara a lo que puede pasar en las elecciones generales de noviembre”, manifestó Sierra.

MILITARISMO: PIEZA CLAVE PARA EL CONTINUISMO

La apuesta de Hernández por fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la PMOP va más allá del combate a la violencia e inseguridad. El militarismo ha sido su brazo armado para su continuidad al frente del Poder Ejecutivo y es un eje fundamental de su política gubernamental que se ve reflejada en el elevado presupuesto en defensa.

Gracias a las Fuerzas Armadas pudo contener toda acción opositora, que intentó evitar su reelección como presidente en noviembre de 2017.

Para el abogado y analista de sociedad civil, Keneth Madrid, la política de seguridad no solo se debe abordar desde un punto de vista coercitivo, sino que hay que dar pasos de fortalecimiento a los procesos de investigación, porque de esta forma se reducen los índices de impunidad.

En 2018, Honduras ocupaba el puesto 102 y en el 2019 pasó al 101, de 165 países en  el ranking por importe invertido en defensa al año.

El portal económico Datos Macro, explicó que en 2019 el gasto público per cápita en defensa en Honduras fue de 37 euros por habitante, mientras que en 2018 fue de 34. Esto significa que hubo entre ese periodo, un aumento de 8,82 por cada ciudadano (tres euros).

Datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), indican que la evolución de las Fuerzas Armadas en Honduras ha sido clave en los últimos años. En 2008 tenían 9,073 efectivos y para 2016 se duplicó la cifra a 15,2016.

Entre tanto, la Policía Nacional en 2016 registraba 13,752 elementos y para 2020, 20,193. Por su parte, la PMOP cuenta con ocho batallones, cuatro en Tegucigalpa y cuatro en San Pedro Sula, con 4,300 efectivos.

“La Visión global debe ir orientada a fortalecer la Policía Preventiva y los entes civiles, esto debe ocurrir en todo el país. Recordemos que dentro de esta entidad hay fuerzas especiales que pueden hacer estas labores de seguridad. Los militares tienen una función constitucional, por lo tanto, creo que hemos llegado al momento donde debe darse un proceso que abandone este proceso de militarización”, consideró Madrid.

El analista aseguró que Honduras debe cambiar su visión y políticas públicas en materia de seguridad, apuesta que tiene que pasar por la desmilitarización de la sociedad, tal y como lo han sugerido organismos defensores de derechos humanos.

Según el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el periodo que registró el mayor aumento de presupuesto para operaciones militares fue entre 2013 y 2017 (primeros cuatro años de Hernández como presidente), cuando el presupuesto gastado pasó de 9,526 millones a 16,046, es decir, una alteración de 6,520 millones de lempiras.

“Los gobernantes de democracias en crisis, ante la falta de consenso político sólido y mayoritario, tienden a apoyarse en las Fuerzas Armadas. A cambio son compensados con puestos importantes en el gobierno, ampliación de funciones y competencias, “jugosos” presupuestos, y recursos adicionales para cumplir nuevas asignaciones y responsabilidades”, dice sociólogo del Cespad, Eugenio Sosa, en su análisis “Claves para entender la militarización de la sociedad hondureña”.

“En el caso hondureño los militares han jugado un papel clave para mantener la estabilidad política de gobiernos de factos e ilegales durante crisis políticas como la del 2009, durante el golpe de Estado del 28 de junio, y 2017, durante la crisis postelectoral surgida por el fraude en las elecciones generales de noviembre del mismo año”, apunta Sosa

El analista y dirigente de sociedad civil, Filadelfo Canales, considera que la militarización ha sido utilizada como una alternativa para mantener el control político.

Luego de felicitar a la PMOP, Hernández dijo que hay sectores de oposición en el país que quieren desaparecer a las Fuerzas Armadas, lo que para Canales es un discurso demagógico del gobernante.

Para el analista las declaraciones de Hernández dejan muchas dudas y abren expectativas para cualquier cosa, inclusive una continuidad aferrada a las fuerzas castrenses.

“Recordemos que se juega mucho con la percepción, con lo subjetivo y mensajes. Él mantiene un discurso hostil a la oposición, nos parece que es incorrecto que aparezca usando a los militares, porque pareciera que quiere mostrar fuerza, poder, que está dispuesto a todo. También parece que quiere demostrar terror y miedo en la ciudadanía, sobre todo en quienes no avalan sus acciones y están inconformes con su gestión”, interpretó Sierra.

Sierra agregó “el mensaje de fondo es la generación de miedo, decir que él tiene la fuerza, las armas y que quienes se opongan son sus enemigos. En eso justamente es que se enmarcan los regímenes autoritarios. Esto es muy preocupante”.

Por su parte, Eugenio Sosa analiza que, bajo la administración de Juan Hernández, se ha ejercido fuerte presión a las Fuerzas Armadas para que a toda costa validen cada acción del Poder Ejecutivo, incluyendo reiteradas violaciones a la Constitución de la República.

Sosa concluye que la política del fomento al militarismo ha sido peligrosa para la estabilidad política y que por ahora cualquier escenario está abierto, incluyendo que el actual mandatario, con ayuda de los militares, continúe en el poder.

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VIOLACIONES A DD.HH., UNA CONSECUENCIA DE LA MILITARIZACIÓN

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la militarización en Honduras es motivo de preocupación y alerta.

Mientras Juan Hernández dice que los militares dan su vida para salvar al pueblo hondureño, órganos defensores de derechos humanos a nivel internacional, como la CIDH, tienen una concepción distinta del asunto.

“La CIDH ha venido observando que una de las respuestas del Estado para buscar reducir los niveles de inseguridad y homicidios ha sido emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. La Comisión ha venido monitoreando el incremento de la participación de las fuerzas militares en múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública”, cita el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, publicado por la CIDH en agosto de 2019.

David Chávez

DISCURSO DE JUAN HERNÁNDEZ ES FALSO

El discurso de Juan Hernández es falso porque según el informe de la CIDH, la operación de la PMOP, durante ocho años, ha dejado mucho que desear en materia de derechos humanos, e incluso, el organismo se atreve a calificar la apuesta de militarización como peligrosa en un país que dice ser democrático.

Por otra parte, este informe de la CIDH recalca su preocupación por el involucramiento de efectivos militares con asesinatos, secuestros y represión. Y en ningún momento reconoce a los elementos militares como una institución que ha servido de forma positiva al país, tal y como lo sostiene Hernández en su discurso.

El documento explica “durante y con posterioridad a su visita, la CIDH recibió con preocupación información respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles, el desplazamiento forzado de personas y otros vejámenes”. Esto contrapone las valoraciones de Hernández, quien afirmó que gracias a los militares Honduras tiene más paz y seguridad.

“La posición de la CIDH es correcta, por eso se deben fortalecer los organismos civiles de seguridad del Estado y no los órganos militares porque no están preparados para atender la seguridad interna de un país”, recalcó Madrid, quien también es del criterio que el combate a la delincuencia no debe estar en manos de organismos castrenses.

“La Comisión observa que algunos militares hondureños han sido juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos, incluso asesinatos, en al menos diez casos”, detalla el documento.

El informe de la visita de la CIDH no solo cuestionó la política militarista del gobierno, además sugirió suspender la militarización y de esa forma retornar la responsabilidad de contención de violencia a las fuerzas civiles. “La jurisprudencia interamericana establece que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles; y que cuando el ejército participa en tareas de seguridad debe de ser de manera extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.

Para Sierra, la participación de militares en estos hechos es algo histórico y no es nada nuevo. “Existe una vinculación histórica de los militares con el crimen organizado y ahora se pone en debate luego de las acusaciones surgidas desde Estados Unidos. Honduras ha facilitado el paso de droga a otros países, esto ha sido con la colusión de militares y cuerpos de seguridad, recuerde usted que ellos tienen como una de sus funciones el resguardo de las fronteras”.

Asimismo, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentado en marzo de 2018, estableció que en el marco de las protestas luego de las elecciones de noviembre de 2017, al menos 23 personas habían resultado muertas por los impactos de bala de las fuerzas de seguridad de Estado.

En julio de 2019 Amnistía Internacional dijo que, en el marco de las protestas ciudadanas desarrolladas entre abril y mayo de ese año por parte de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, al menos seis personas murieron también a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

FF.AA. AL SERVICIO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Estados Unidos tiene una tesis en torno al papel de las Fuerzas Armadas con relación al tráfico de drogas y crimen organizado en Honduras.

Durante el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández, declarado culpable por el delito de tráfico de drogas y hermano del presidente Juan Hernández, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Emil Bove, señaló que a partir del 2010, las instituciones militares de Honduras han estado al servicio del narcotráfico.

Tony Hernández usó a los militares para proteger los cargamentos de cocaína, usó a la policía para asesinar a sus rivales y usó al presidente para proteger a sus aliados. Pero todo ese poder y ese prestigio no significan nada en esta sala del Tribunal”, dijo Bove, durante el juicio.

El capitán retirado Santos Rodríguez Orellana fue el primero en denunciar el vínculo entre Tony Hernández y el narcotráfico y eso le costó el puesto dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras, porque por hacer público dichas afirmaciones fue separado de la institución castrense con una baja deshonrosa.

Rodríguez Orellana sostiene que en la actualidad las fuerzas militares están al servicio del poder político y eso se ha traducido en acompañamiento a la política de represión orquestada desde el Poder Ejecutivo.

Sostiene que la única forma de rescatar a las Fuerzas Armadas es destituyendo a toda su cúpula que, además de tener vínculos con actividades ilícitas, tal y como lo señala la Fiscalía de Nueva York, también respaldan a un presidente que se ha quedado en el poder violando la Constitución.

El analista en temas de seguridad, Carlos Sierra, concluyó que los países del primer mundo, que han avanzado al desarrollo en algún momento de su historia, se desprendieron de su política militarista, por lo que recalcó que, si Honduras quiere mejorar en materia de seguridad, respeto a derechos humanos y democracia, debe sacudirse cuanto antes de la militarización de los espacios públicos y ciudadanos.

Los datos y hechos evidencian que el discurso de Hernández de situar a las fuerzas militares como entidades beneméritas en beneficio del pueblo, es otra de sus mentiras para imponer ante el imaginario colectivo un paisaje que dista de la realidad.

Hernández insiste en catapultar a los militares pese a sus violaciones de derechos humanos y nexos con el narcotráfico y crimen organizado

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