Tegucigalpa. –El Congreso Nacional continúa cumpliendo con la tramitología que desde el Poder Ejecutivo se le asigna, aunque estas tareas impliquen abusos y prácticas corruptas en detrimento de las mayorías.
Bajo ese esquema, el pasado 20 de julio, la bancada del oficialista Partido Nacional en su acostumbrada alianza con diputados de una facción del Partido Liberal y otros partidos minoritarios, aprobaron un nuevo endeudamiento por 9 mil millones de lempiras para pagar las obligaciones contractuales que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tiene con proveedores energéticos.
La ENEE está en crisis y sus finanzas son un fiel reflejo de ello, según el Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) refiere que hasta 2019, el déficit acumulado sobrepasaba los 52 mil millones de lempiras, siendo el sector energético el talón de Aquiles de las finanzas nacionales.
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ENDEUDAMIENTO DISFRAZADO DE SUBSIDIO
A inicios de julio de 2020, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), anunció un nuevo incremento a la tarifa eléctrica de 9.13 %, decisión que fue anunciada de forma oficial, pero vetada por el Poder Ejecutivo, a través del presidente Juan Hernández.
Hernández dijo que no permitiría un incremento a la tarifa eléctrica, porque el costo apretaba la economía de los más pobres. Esta decisión se convirtió en la maniobra perfecta para establecer ilusiones con el tema energético desde una posición cómoda que otorga el poder, porque el incremento siempre llegó a los empobrecidos hogares de Honduras.
CINICO, solo aprobaron esto durante los meses de las elecciones, después a pagar con aumento, así mismo eso autoriza a pagar a sus amigos y socios generadores de energía; nuevo endeudamiento por un monto de hasta NUEVE MIL MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L9,000,000,000.00). pic.twitter.com/tCx7jIO1az
— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) July 27, 2021
EL HECHO:
En el Poder Legislativo, los diputados del Partido Nacional promovieron y con su voto aprobaron el 20 de julio de 2021 el dictamen “Establecimiento de subsidio de consumo eléctrico a pequeños consumidores y autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para adquisición de endeudamiento”.
Y para lograr la aceptación de la ciudadanía se aprobó como parte del dictamen un subsidio de L. 498,211,167.30 dirigido al consumo de energía eléctrica para consumidores de tarifas residenciales con bajo gasto energético y a pequeños y medianos comercios en tarifa de baja tensión.
Este subsidio, que será financiado con fondos nacionales y que cubre el segundo semestre del 2021, se supone que beneficiará a los consumidores de energía eléctrica en tarifa residencial con un consumo mensual menor o igual a 350 KWH y a pequeños y medianos comercios en tarifa de baja tensión con consumo mensual menor o igual a 3,000 KWH.
El subsidio se aprobó con la intensión de suavizar el incremento que la CREE aprobó semanas antes y sirvió para vender ilusiones, mediante el disfraz de un aumento y un nuevo endeudamiento para pagar facturas atrasadas a los generadores de energía eléctrica privada.
Todo lo anterior se dio antes de que se conociera que la Empresa Energía Honduras (EEH)—de capital colombiano y hondureño—había ganado una demanda por L. 4,557,057,992.31 en contra de la estatal eléctrica, que desde el año 2010 transitó a la privatización a través de EEH.
La demanda ha sido lamentada por varios líderes de opinión pública como el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa y representante de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, quien se preguntó en sus redes sociales quién pagará la cuenta.
https://twitter.com/caher66/status/1423826968454311940
La diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, cuestiona el subsidio, porque desde su punto de vista no soluciona el problema, solo pretende engañar a la ciudadanía.
Los promotores del dictamen utilizaron mecanismos engañosos y manipuladores para aprobar el nuevo endeudamiento, ya que usaron el subsidio como un disfraz para que la población creyera que se les iba a beneficiar con un subsidio y que, además, este no iba a afectar las finanzas públicas.
El diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, calificó el procedimiento como un confite envenenado, porque se le dio a la ciudadanía un caramelo, a cambio de seguir endeudando al país y por ende agudizando la crisis financiera de la estatal eléctrica.
Herrera lamentó que las sesiones virtuales impidan debates amplios sobre estos temas y exigió el retorno inmediato a reuniones presenciales.
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La diputada Doris Gutiérrez, quien se opuso a la medida tanto en la comisión de dictamen como en el pleno, pidió explicaciones al Congreso Nacional, sobre el nuevo préstamo y los beneficiarios de este, que en este caso serán las empresas generadoras de energía.
Gutiérrez cuestionó que se sigan pagando cifras suntuosas a las empresas generadoras, y que este nuevo préstamo sirva para seguir comprometiendo las finanzas de la estatal.
El oficialismo no comparte la óptica de la diputada Gutiérrez, sino que ve este préstamo como una solución a la crisis energética que se traslada a los hogares de la ciudadanía.
“Esta discusión es tan importante porque debemos darle soluciones al pueblo, pero acá todos vienen a dar un discurso político, yo sé que este préstamo favorecerá a muchos hondureños que están sufriendo, yo quiero ver quiénes son los diputados que no levantan la mano tan importante como éste, yo como diputada sí lo apoyaré”, afirmó la diputada nacionalista Sara Medina.
VERIFICACIÓN: ENGAÑOSO
Medina recurrió a recursos manipuladores para decir que quienes se opusieran al endeudamiento, también lo hacían contra el subsidio, desde su punto de vista la medida es positiva y no compromete a las finanzas de la estatal eléctrica.
“Creo que tenemos una obligación, llamo la atención también de los medios de comunicación; tenemos la obligación de dar respuestas, hoy se nos presenta esta oportunidad, yo sé que la mayoría de los hondureños van a estar conformes porque se les va a subsidiar sus recibos de energía eléctrica”, expresó la diputada Sara Medina.
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La generación de energía térmica es una de las que más le cuesta al Estado: “se suman a los “ganadores” las empresas de mayor impacto y producción energética que operan en el país, entre ellas Lufussa, Solar Power Generation Central America, EMCE, ENERSA, DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) y Globeleq. En total son 14 empresas térmicas las que le suministran a la ENEE, energía a base de búnker y diesel, pero de ese total, ocho compañías son las que venden más del 80 % de la energía que compra la ENEE. De los 16,000 millones de lempiras del presupuesto anual promedio, en Honduras un pequeño sector concentra la mayor parte de los recursos disponibles”, resalta el informe Balance de la Realidad Nacional en 2019, realizado por el FOSDEH.
El documento detalla que la ENEE destina 14 mil millones de lempiras al año para comprar energía térmica o sucia. “En total, el déficit acumulado de la ENEE sobrepasaba los 52,000 millones de lempiras a octubre de 2019 (superior a los 45,000 millones en diciembre de 2018)”.
Según la ENEE, de la energía que compra la más cara es la eólica, con un promedio de 0.1484 centavos de dólar por KW generado, luego la energía solar con 0.14 centavos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó el estudio “Estadística de producción de electricidad de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, que menciona que en 2019 Honduras fue uno de los países que registró reducciones significativas en la producción de energía renovable (10 %).
En torno a la distribución de la generación energética, el Gobierno ha venido recalcando en los últimos once años que la intención es hacer una transición hacia la generación de energía limpia. Honduras al igual que la mayoría de los países en Latinoamérica apunta a la transformación de su matriz de generación de energía eléctrica.
En Honduras existe una diversa participación de fuentes renovables, como la generación hidráulica, biomasa, eólica, fotovoltaica y geotérmica, sin embargo, el 33.37 % de la potencia instalada es de plantas térmicas o termoeléctricas a base de combustibles fósiles.
Pero, la ENEE no tiene la capacidad para asumir la generación que necesita el país, por eso recurre a la contratación de energía privada, actuaciones que son cuestionadas por el Fosdeh, entidad que cree que la estatal no puede pagar los contratos porque la energía es muy cara y además se brindan demasiados beneficios fiscales a los empresarios de este rubro.
“Si bien es cierto la política de recaudación fiscal es cada vez más agresiva, los recursos obtenidos por esa vía no ajustaron al Estado para cumplir sus compromisos y por ello, entre otras razones, acude a tres fuentes de financiamiento principales: la deuda interna, la deuda externa y el bolsillo de los consumidores, en particular de una debilitada clase media y de las familias que reciben remesas. La presión es grande, solo la ENEE requiere L. 7,473.8 millones (1.2% del PIB) a corto plazo”, enfatiza el estudio.
En virtud de que la ENEE no tiene la capacidad para pagar los contratos que firma con las generadoras privadas, se recurre constantemente a préstamos los que al final son pagados mediante la colocación de bonos soberanos (créditos internacionales).
Un ejemplo de lo antes expuesto es que solo en mayo del 2020 el Congreso Nacional, aprobó la colocación de bonos soberanos por encima de los 600 millones de dólares para cumplir con los pagos de facturación.
El diputado del PINU, Luis Redondo, quien ha criticado la contratación de energía privada, recordó la aprobación de 23 contratos fotovoltaicos el 20 de enero de 2014, en la sesión popularmente conocida como “diarrea legislativa”, y que el congresista califica como el acto de corrupción del siglo.
Incluso, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través de la auditoría 003-2015, calificó la contratación de estas empresas como ilegal y violatoria de la Ley de Contratación del Estado, porque se entregó beneficios a sociedades mercantiles de reciente creación y a favor de personas que nadie conocía.
Redondo junto al exfiscal de la Constitución, René Adán Tomé, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la Junta Directiva del Congreso Nacional que, en ese entonces, era dirigida por Juan Hernández, por la supuesta comisión de los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
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Redondo ha valorado en múltiples ocasiones que la mayor parte de contratos de energía privada han sido aprobados sobre la base de corrupción y malas prácticas, porque se ha buscado beneficiar a élites y grupos de poder.
Tomé manifestó que en este informe se detallan 67 decretos aprobados en el Poder Legislativo, entre ellos 100 contratos de energía, muchos de ellos con concesiones hasta de 50 años y un acumulado de al menos 300 mil millones de lempiras.
