El coronel en calidad de retiro fue contactado por el medio estadounidense, no obstante, Elías Melgar Urbina únicamente proporcionó una breve declaración y argumentó que solo aceptaría una entrevista en persona.
Tegucigalpa.- El subsecretario de Defensa Nacional (Sedena) y coronel en retiro, Elías Melgar Urbina, fue ligado al narcotraficante convicto Geovanny Fuentes Ramírez y la empresa de seguridad Orión, acusada de asesinar a defensores de la tierra y territorio en el Aguán, norte de Honduras.
Por medio de testimonios y documentos, en una publicación realizada el 25 de agosto bajo la autoría de Jared Olson y John Washington, The Intercept recuerda que durante el juicio de Fuentes Ramírez, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sugirió “la posibilidad de que el propio Melgar tuviera vínculos con el narcotráfico”.
Según la información divulgada por el medio investigativo, la fiscalía estadounidense nombró a Melgar como uno de los “contactos militares” de Fuentes, sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión en marzo de 2021 por conspirar con altos políticos y militares hondureños para traficar toneladas de cocaína al país del norte.
Señalan, además que previo a su ascenso como subsecretario de Defensa, Melgar Urbina fungió como oficial de inteligencia en el Valle del Aguán, escenario fértil de disputas en las que terratenientes y agroindustriales del aceite de palma, con apoyo de empresas de seguridad y soldados desplegados en la región, han desatado violencia contra las cooperativas de agricultores.
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De acuerdo con múltiples fuentes consultadas por The Intercept, mientras Melgar estuvo apostado en el Aguán, este habría participado en las operaciones de una “notoria empresa de seguridad privada contratada por la corporación palmera más grande de la región”. Misma que grupos campesinos acusan de “llevar una campaña de terror para expulsar a los agricultores de las tierras de las plantaciones, incluidos asesinatos selectivos”.
Al ser contactado por el medio investigativo a través de la oficina de derechos humanos de las Fuerzas Armadas, Melgar Urbina únicamente respondió: “No es correcto escribir acusaciones de este tipo sin la otra parte”. Agregó que “es ilegal e injusto ya que limpiar mi nombre y el de mi familia no es, ni debe ser mi responsabilidad, sino que los medios deberían ser más responsables”. Negándose a proporcionar más detalles, argumentando que solo aceptaría una entrevista en persona.
Los autores de la nota periodística señalaron que representantes de la administración de la presidenta Xiomara Castro no respondieron a las solicitudes de comentarios. Mientras que el Comando Sur de Estados Unidos declinó hacer comentarios.
“Siempre he expresado miedo de retornar a Honduras por culpa de Melgar”, dijo a The Intercept, Gerardo Argueta, un miembro de la cooperativa Francisco Cano, quien huyó del Aguán y buscó asilo en Estados Unidos. “Imagínense, ahora que es viceministro de Defensa… Ahora podría ordenar cualquier cosa con todo ese poder”.
EL SURGIMIENTO DE UN NARCOESTADO
El medio señaló que por décadas Estados Unidos ha respaldado gobiernos hondureños cuyas fuerzas de seguridad han reprimido violentamente protestas, protegido a figuras selectas en el tráfico de drogas y ejecutado a presuntos criminales con los llamados escuadrones de exterminio.
Apuntó, además, que desde el golpe de Estado de 2009 que defenestró a Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Castro, los Estados Unidos apoyó la militarización de la seguridad en nombre de la guerra contra las drogas, aun cuando participaban en abusos generalizados contra los derechos humanos.
Entre 2009 a 2020, Geovanny Fuentes Ramírez dirigió una red de narcotraficantes de alto nivel que traficaba cocaína sudamericana a través de Honduras, contando con la protección de comandantes militares y policiales hondureños, así como el expresidente Juan Orlando Hernández, lee la publicación de The Intercept.
De acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a la que citan los autores, el expresidente hondureño supuestamente prometió el despliegue de soldados para proteger un laboratorio de cocaína dirigido por Fuentes.
Hernández fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, acusado por tráfico de drogas y armas, después de años de colaboración con las administraciones estadounidenses de Obama y Trump en materia de seguridad e iniciativas antinmigrantes.
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En el periodo en que Fuentes Ramírez traficó cocaína, Melgar ascendió en las filas de las unidades elites antinarcóticos, dice la publicación de The Intercept: primero como oficial de inteligencia militar y luego como comandante de la fuerza de tarea en la costa Caribe, llamada FUSINA [Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional] donde habría estado a cargo de dirigir unidades de fuerzas especiales militares y policiales para combatir a los narcotraficantes y las pandillas.
Si bien, The Intercept refiere que documentos judiciales presentados en el caso de Fuentes Ramírez indican una posible conexión entre Melgar, entre otros funcionarios hondureños, y el narcotraficante, “los fiscales no sugirieron que hubieran identificado ninguna comunicación específica entre Melgar y Fuentes”.
No obstante, durante la presentación de sentencia de agosto de 2021, argumentaron que la operación de Fuentes prosperó gracias a sus “contactos corruptos en el ejército y la policía. Entre los mencionados se incluyen a René Orlando Ponce Fonseca, quien lideró el 105 Batallón en San Pedro Sula y posteriormente se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras; quien habría proporcionado “asistencia, equipo militar, uniformes y armas” a Fuentes Ramírez.
El memorando, compartido continua: “Otros de los contactos militares del acusado incluyen al coronel Leandro Flores, jefe de una unidad antipandillas; el coronel Melgar, comandante de un grupo de trabajo de múltiples agencias antinarcóticos”. Informaron que ni Ponce Fonseca ni Flores pudieron ser contactados para hacer comentarios.
La mención de Melgar Urbina habría pasado desapercibida durante el juicio, en gran parte por la relación del entonces presidente Hernández con Fuentes Ramírez, dijo Cristián Sánchez, quien lidera a la organización no gubernamental de Pro-Honduras Network, radicada en Estados Unidos.
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“Las fuerzas armadas han sido la clave para convertir a Honduras en un narcoestado”, dijo Sánchez a The Intercept. “En el juicio más reciente, contra Geovanny Fuentes, quien ha sido asociado directamente con Juan Orlando Hernández, se habló de cómo una gran cantidad de los contactos que Fuentes tenía en su teléfono eran miembros de las Fuerzas Armadas”, lee el artículo.
UN PATRÓN DE VIOLENCIA
Los autores hacen referencia al conflicto de tierras en el Valle del Aguán y los orígenes de este en la década de 1990, con corporaciones de aceite de palma y el gobierno arrebatando control de las granjas a pequeños agricultores a través de compras coercitivas y violencia.
Señalaron que el mayor terrateniente del Aguán era Corporación Dinant, propiedad del fallecido magnate empresarial Miguel Facussé, a quien señalan como uno de los hombres más poderosos de Honduras y una de las fuerzas detrás del golpe de 2009, así como sospechoso de tener vínculos con narcotraficantes, quienes aterrizaron aviones cargados de cocaína en su propiedad fuertemente custodiada, según un cable del Departamento de Estado de 2004, filtrado por WikiLeaks.
Tras el golpe de Estado de 2009, las tensiones territoriales alcanzaron un punto de ebullición que culminó en una ola de asesinatos. Para 2014, más 100 miembros del movimiento campesino del Aguán estaban muertos, lee el artículo. Los grupos campesinos y organizaciones de sociedad civil atribuyen la violencia a fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo miembros de 15º Batallón Militar, y compañías de seguridad privada contratadas por las plantaciones palmeras.
Melgar, quien según testigos estuvo desplegado en el Aguán entre aproximadamente 2009 y 2013, jugó un papel en la región que aún no ha salido a la luz. Siete personas que vivían o trabajaban en el Aguán en ese momento dijeron que mientras Melgar estaba estacionado en la base del 15º Batallón Militar en Río Claro, también participó en operaciones terrestres de Orión.
El articulo citó que, en 2013, un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló a Orión como la empresa más referenciada en las denuncias de organizaciones de la sociedad civil. “El grupo de trabajo quedó profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en los asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos e incluso violencia sexual a los que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y los militares”, escribió el grupo.
Ese mismo año, plantearon, un informe de Rights Action que analizó los actos de violencia contra el movimiento campesino que testigos atribuyeron a los militares, indicó: “Los testimonios recibidos en el curso de la documentación de estos abusos indican una relación de trabajo extremadamente estrecha entre el 15º Batallón y el compañía de seguridad Orión”.
La autora del informe, la trabajadora de derechos humanos y experta regional Annie Bird, concluyó: “Los miembros del 15.º Batallón y otras fuerzas de seguridad de la región colaboran en lo que sólo puede caracterizarse como actividad de los escuadrones de la muerte”.
Las acusaciones contra los agentes de seguridad de Dinant eran tan condenatorios que tuvieron consecuencias económicas para la empresa, cuando la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial debió realizar una auditoría interna.
El resultado de la investigación realizada por el Ombudsman y Asesor en materia de Observancia señaló que acusaciones específicas vinculaban 40 asesinatos con “propiedades de Dinant, guardias de seguridad de Dinant o su contratista de seguridad externo”.
El informe encontró que la inversión en Dinant violaba múltiples políticas de la CFI, incluida “la falta de investigación de acusaciones creíbles de abuso por parte del personal de seguridad”, pero el organismo de supervisión no tenía la autoridad para opinar sobre el mérito de las acusaciones de los grupos campesinos, lee el artículo.
Además, remarcan que la mayoría de los crímenes en el Aguán se mantienen sin resolver. “En la gran mayoría de los casos, la policía no llevó a cabo las medidas de investigación más básicas necesarias para identificar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia”, informó Human Rights Watch en 2014, describiendo una atmósfera de “prácticamente completa impunidad para los delitos relacionados con conflictos territoriales”.
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“En la gran mayoría de los casos, la policía no llevó a cabo las investigaciones más básicas necesarias para identificar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia”, informó Human Rights Watch en 2014, describiendo una atmósfera de “prácticamente completa impunidad para los delitos relacionados con conflictos territoriales”, continua el reportaje.
LA RELACIÓN DE SION CON LA FAMILIA MELGAR
Únicamente un agente de Orión fue procesado con éxito por asesinatos cometidos en el Aguán. En 2016, Rigoberto Rodríguez Tomé, identificado por el Ministerio Público hondureño como exjefe de seguridad de Orión fue condenado por el asesinato de dos campesinos en noviembre de 2011.
Al comparar los datos relativos del caso con los registros corporativos, The Intercept dice que determinó que la empresa de seguridad que empleó oficialmente a Rodríguez Tomé fue constituida por miembros de la familia de Melgar.
El medio señaló que el expediente del caso en el Juzgado de Trujillo refiere que Rodríguez Tomé vestía un uniforme y conducía una camioneta de Orión al momento en que se perpetraron los asesinatos. No obstante, otro documento en el mismo expediente enumera a su empleador en ese momento como SION Private Security LLC.
The Intercept remarcó que los estatutos de SION registrados en la Cámara de Comercio de Honduras fueron firmados en marzo de 2011 por la hija y la suegra de Melgar, según el Registro Nacional de las Personas del país. Ambos figuraban como accionistas de la empresa, que la Cámara de Comercio todavía cataloga como activa. La hija de Melgar también fue designada gerente general, a pesar de que estudiaba la carrera de odontología en San Pedro Sula hasta 2013. Los registros de SION fueron modificados en 2015 para otorgarle a la esposa de Melgar un poder general.
El viceministro de Defensa se negó a responder a repetidas solicitudes de comentarios sobre su relación con las empresas de seguridad, detalló el medio investigativo.
CAMPAÑA DE TERROR EN EL AGUÁN Y LA FIGURA DE MELGAR
Los autores detallaron que Melgar fue una de las conexiones más visibles entre las fuerzas militares y los agentes de seguridad privada mientras llevaban a cabo lo que muchos vieron como una campaña de terror, dijeron activistas campesinos.
Un miembro de la cooperativa de agricultores MARCA recordó haber visto a Melgar en puestos de control militares conjuntos tripulados por soldados y agentes armados de Orión varias veces en 2011 y 2012. “El ejército y Orion trabajaron juntos”, dijo. “Cuando hacían operaciones, iban juntos”. El campesino y otros residentes pidieron a The Intercept que sus nombres no se revelaran porque permanecen en el Aguán, donde los defensores de la tierra y el agua aún enfrentan amenazas de violencia.
Entre 2009 a 2013, catorce miembros de MARCA fueron asesinados o desaparecidos a manos de agentes de seguridad privada, policías o soldados del 15º Batallón, de acuerdo con información proporcionada a The Intercept por un agricultor y otros dos miembros de MARCA. Un número que concuerda con las conclusiones del informe de Rights Action.
Los miembros de MARCA, junto con tres periodistas –dos de los cuales posteriormente tuvieron que abandonar el país– que cubrieron conflictos por la tierra en el Aguán y un abogado que trabajó con movimientos campesinos, argumentaron a The Intercept que Melgar fue visto frecuentemente en patrullas conjuntas con soldados hondureños y agentes armados de Orión, quienes en ocasiones vestían uniformes del 15º Batallón. Uno de los miembros de MARCA recordó haber presenciado cómo los guardias de Orión recibían físicamente uniformes del ejército en el período previo a un desalojo violento.
En declaraciones realizadas por el portavoz de Dinant, Roger Pineda, declinó hacer comentarios sobre los vínculos de Melgar con Orión argumentando que han pasado muchos años desde los sucesos.
“La mayoría, si no todos, los que tenían conocimiento de los acontecimientos han seguido adelante por diversas razones”, escribió. “No tenemos registros relevantes relacionados con ese período”. Pineda es ejecutivo de Dinant desde al menos 2011, remarcó The Intercept.
Además, Pineda negó cualquier relación inapropiada entre los agentes de seguridad de la empresa y fuerzas militares. “En ningún momento Dinant pidió, ordenó o accedió a mezclar a nuestros guardias de seguridad privados con personal militar en patrullas u operaciones”, escribió. “Tampoco hemos prestado uniformes ni intercambiados uniformes con policías o militares hondureños. Afirmar lo contrario es inventar historias de la nada”.
The Intercept estableció que el activista campesino Argueta, quien tuvo que huir del Aguán, recordó una llamada que recibió en 2012, luego que guardias de Orión y tropas del 15º Batallón desalojaran a miembros de la cooperativa Francisco Cano de una plantación reclamada por Dinant. Argueta estaba familiarizado con las intimidaciones y las amenazas de muerte. Pero esto fue diferente. Dijo que reconoció la voz al otro lado de la línea como Elías Melgar.
El testimonio es respaldado en una declaración jurada presentada en apoyo de la solicitud de asilo en favor de Argueta en Estados Unidos, en la que un trabajador de derechos humanos transmitió la acusación sobre las llamadas telefónicas amenazantes realizadas por Melgar.
De acuerdo con Argueta, el coronel le dijo que “La orden del ejército no fue capturarme” sino “meterme un tiro en la cabeza”.
“Una persona con la trayectoria de Elías Melgar… es sorprendente que fuera acogido por un gobierno ‘de izquierda'”, dijo uno de los periodistas consultados por los autores del artículo periodístico.
De acuerdo con The Intercept, Dinant dejó de contratar a Orión en 2014, pero la compañía de aceite de palma ahora cuenta con una nueva empresa de seguridad privada que realiza patrullajes armados en colaboración con el ejército hondureño.
No obstante, las matanzas se han reanudado en el Aguán. Entre diciembre de 2022 y junio de 2023 siete activistas que se opusieron a Dinant y a una empresa minera vinculada a la familia Facussé fueron asesinados, junto con familiares de los activistas. Nadie ha sido arrestado en conexión a los asesinatos, concluye el artículo.
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PERFIL DE ELÍAS MELGAR URBINA
Elías Melgar Urbina es originario de La Lima, Cortés, e ingresó a las filas del ejército hondureño cuando tenía 18 años. Nueve días antes de la publicación de The Intercept, Melgar Urbina tuvo una breve participación telefónica en un programa matutino de debate del 16 de agosto, el que pormenorizó que es un oficial con 39 años de ejercicio.
“Yo y varios compañeros, coroneles y generales, que nos opusimos abiertamente en la administración anterior, a los actos de reelección y a los actos de corrupción. Eso es tener moral. Nos opusimos abiertamente y fuimos castigados, pero no esperar catorce años para hablar cuando convenga”, sostuvo el coronel Elías Melgar, con relación a los posicionamientos del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, quien en la actualidad ha promovido un golpe de Estado.
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Sobre su renuncia presentada a finales de junio, que fue oficializada por Sedena y después rescindida, Melgar Urbina dijo que su familia exige de su tiempo. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro y el secretario de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, le llamaron y le dijeron que sus aportaciones eran aún necesarias en el gobierno.
“Soy un soldado que me enfrente a la criminalidad en las calles, a la criminalidad en las cárceles y a la criminalidad del narcotráfico”, afirmó durante su breve intervención.
