El 16 de febrero de 2023, los jefes de bancada de los partidos políticos firmaron un acuerdo encaminado apoyar la propuesta de la diputada Xiomara Zelaya, encaminada a elevar a la CICIH a un rango constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de sociedad civil consideran que, a través de la reforma del artículo 232 de la Constitución de la República planteada en el Congreso Nacional, el Gobierno hondureño busca retrasar la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El pasado 15 de febrero de 2023, en el marco de la elección de la Corte Suprema de Justicia del período 2023-2030, los jefes de bancada de los tres partidos políticos principales (Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional] se comprometieron a firmar un pacto destinado a respaldar el proyecto de Libre enfocado a elevar a la CICIH a un rango constitucional, consignado dentro del numeral seis de dicho acuerdo político.

“Se acuerda discutir en primera legislatura, el proyecto de decreto de reforma constitucional para la implementación de la CICIH, para el combate de la corrupción de alto impacto cometida en todos los Gobiernos, presentado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, del Partido Libertad y Refundación, incluyendo las recomendaciones de todas las bancadas”, reza el texto.

El 1 de noviembre de 2022, la diputada de Libre, Xiomara Zelaya, presentó un proyecto de decreto encaminado a reformar el artículo 232 de la Constitución de la República y, de esa forma, retirarle al Ministerio Público la exclusividad de ejercer la acción penal.

Desde el Gobierno insisten en que la reforma al artículo constitucional en cuestión le dará a la CICIH un poder superior, incluso, al que ostenta la Fiscalía hondureña. Sin embargo, los analistas y los representantes de sociedad civil aseguran que lo único que se logrará con ello será la demora innecesaria en la instalación del mecanismo anticorrupción.

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Esta reforma constitucional, que a priori recibirá el respaldo de todas las bancadas presentes en el Congreso hondureño, únicamente retrasará la llegada de la CICIH al país. Ello debido a que, además de requerir 86 votos, también va a necesitar una ratificación en la legislatura que iniciará el 25 de enero de 2024.

Y, efectivamente, de acuerdo con las recientes declaraciones del secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, todo está encaminando a que la CICIH se instale a inicios de 2024, es decir, a menos de dos años de la celebración de las elecciones generales de 2025.

“Va a coincidir la aprobación del convenio con la ratificación de la reforma constitucional, de modo que en febrero o marzo ya tendría que estar la CICIH en Honduras”, declaró a medios locales, durante las últimas horas, el secretario de Transparencia.

“NO ES NECESARIA LA REFORMA”

A consideración de la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, esta estrategia del Gobierno, encaminada a prolongar durante dos años la llegada de la CICIH, se puede interpretar como un cálculo político que servirá al oficialista partido Libre como una herramienta que le hará ganar simpatía antes y durante los comicios de 2025.

“Además de que en 2024 se estará cerca de la época electoral en Honduras, esto es a todas luces un cálculo político, porque de alguna manera están buscando que la configuración de las fuerzas cambie a su favor. Yo creo que ningún diputado honesto debería estar retrasando la llegada de la CICIH, quienes lo hacen es porque sus partidos tienen en sus filas a personas corruptas”, declaró Blen a Criterio.hn.

Gabriela Blen, una de las principales abanderadas de los movimientos sociales que dieron paso a la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en 2016, insiste en que no se requiere de ninguna reforma constitucional, porque la CICIH será un ente transitorio y porque una simple reforma al Código Procesal Penal, que modifique la figura del acusador privado, será suficiente para garantizar su buen funcionamiento.

“Vamos a seguir presionando para que no exista reformas constitucionales, eso es absurdo e innecesario, y explícitamente vendría a entorpecer la instalación de la CICIH. Nosotros exigimos al Gobierno que entienda que una reforma constitucional no brinda ningún beneficio a la CICIH, al contrario, reformar por adición el articulo 232 le quita las facultades de querellante adhesivo, y se le daría una amplitud innecesaria en el mandato, porque el mandato mismo delimitará el alcance de la CICIH”, añadió.

TRES MESES DESPUÉS DEL MEMORANDO

El 15 de diciembre de 2022 se firmó entre el Gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el memorando de entendimiento que puede dar vida a la CICIH. Aunque la suscripción del documento en cuestión constituyó un avance importante con miras a la instalación de la CICIH, no es determinante. El acuerdo habilita dos fases previas y de su cumplimiento dependerá el arribo del mecanismo anticorrupción al país.

A partir del 1 de marzo de 2023, Honduras entrará al tercer mes después de la firma del memorando de entendimiento y, ante las pocas noticias relacionadas con el avance de su instalación, en la ciudadanía existe una percepción que apunta a que las negociaciones están estancadas.

Sin embargo, el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, salió al paso y manifestó en entrevista con Criterio.hn que las negociaciones avanzan de manera natural.  

“No es cierto que el proceso se ha detenido, se ha avanzado y ha habido intercambio de comunicaciones entre la Cancillería y secretaria general de la ONU. Se ha trabajado, se han hecho propuestas, que el Gobierno y la ONU analizan a efecto de salir adelante. Ha habido tres comunicaciones oficiales desde el 1 de enero a la fecha, y, por lo tanto, puedo asegurar que el trabajo va avanzando. Claro, hay detalles en algunos aspectos que todavía no podemos revelar”, manifestó el alto funcionario del Estado hondureño a este medio digital.

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Según comentó Edmundo Orellana, dentro de las próximas semanas, una misión de la ONU llegará al país. “Esa misión viene a recopilar información para efecto de la construcción de los casos. Ahorita lo que conviene es que comiencen a trabajar en esa recopilación y a continuar con la negociación del acuerdo de la CICIH”, agregó.

En su numeral cinco, el memorando de entendimiento establece: “Las partes entienden que en la primera fase el equipo de expertos brindará asistencia contra la impunidad y la técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate a la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones del Estado. Asimismo, evaluará, según corresponda, los procedimientos para recabar la información destinada al trabajo del mecanismo”.

La CICIH representó una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro e, incluso, apareció consignada dentro de su Plan de Gobierno. Algunos analistas, consultados por Criterio.hn, coinciden en que la llegada o no de este mecanismo anticorrupción al país determinante qué tan real era la bandera anticorrupción que pregonó, durante campaña, la ahora mandataria hondureña.