Reforma al Código Penal, sigue siendo una deuda del Congreso Nacional

Una comisión especial presentará en marzo un informe sobre las reformas y cómo estas se aprobaron en el Legislativo

Por: Katerin Galo

Tegucigalpa. – Aunque aún no se ha definido la fecha, la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional para analizar la aprobación y las reformas al Código Penal, y cómo se efectuó este proceso en la cámara legislativa, ha adelantado que en marzo presentará un informe sobre ese tema ante el pleno de diputados.

Ramón Barrios

Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la comisión especial, anunció que tentativamente en marzo la comisión presentará el informe. El congresista considera que lo ideal es una reforma a la ley penal, no una derogación completa de la misma, como se planteó.

Inicialmente varios sectores sugerían que —, ante tantas reformas efectuadas a la normativa aprobada en enero de 2018 y en vigor desde el 25 de junio de 2020, después de dos periodos de vacatio legis—, se hiciera una abrogación, es decir, que se dejara en suspenso su aplicación y se volviera a la norma anterior. Sin embargo, esto ha sido considerado como un retroceso y se ha considerado que lo pertinente es una reforma.

A juicio de Barrios, quien es abogado penalista, se requiere algunos ajustes de tipos penales sobre todo en los temas de corrupción.

El diputado plantea que la reforma o si se decide por la “derogación completa” se debe hacer este año o por lo menos empezar con el proceso y no seguirlo dilatando.

La comisión especial encargada de analizar la aprobación y reformas al Código Penal y cómo se efectuó su proceso en la cámara legislativa, fue nombrada el 7 de julio de 2022 por el presidente del Congreso Nacional y quedó integrada por los diputados y diputadas, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Ramon Barrios, José Jaar, Mauricio Villeda, Netzer Mejía, Marco Tulio Rodríguez, Jhosy Toscano e Isis Cuellar.

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Una de las reformas que mayor controversia generó es la que se efectuó el 7 de octubre de 2021 mediante el decreto 936-2021 que contempla una reforma a Ley de Lavado de Activos y que le quitó la facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.

También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.

Además, el Poder Legislativo aprobó reformas para aumentar las penas en el delito de usurpación que eran de cuatro años y con la modificación paso a seis años. También se criminalizó la protesta social y la defensa territorial.

Nombra comisión legislativa
Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional.

Las reformas que, entre otras cosas, vulneraron varios derechos humanos, fueron propiciadas por el Congreso Nacional (2018-2022) controlado por el Partido Nacional, bajo la presidencia de Mauricio Oliva.

“En el Congreso Nacional que dirigía Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022) hicieron reformas al nuevo código donde el cuestionamiento más grande fue justamente las limitaciones al combate en materia de corrupción”, sostuvo la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena.

La diputada considera que como parte de las reformas se debe revisar todos los delitos contra la administración pública que son los delitos conocidos como corrupción.

Seguidamente, afirmó que el Código Penal, bautizado como “el código de la impunidad” contiene penas sumamente bajas en delitos de corrupción lo que está evitando condenas en contra de los corruptos.

Lester Ramírez

Entre tanto el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, reflexiona que lo ideal es una reforma y no una derogación completa, “porque si se deroga, le apuesto a que el 80% de un nuevo Código va a tener el mismo catálogo de delitos, las mismas penas, entonces, más que todo esto, sería gastar tiempo”.

En ese sentido, instó al Congreso Nacional a buscar asistencia o apoyo con los operadores de justicia, actores de sociedad civil, representantes de derechos humanos y la asistencia técnica de la cooperación internacional.

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