Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –El personal contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para gestionar el trámite de la emisión de la nueva tarjeta de identidad de los hondureños, ha comenzado a denunciar atrasos en los pagos de sus salarios.
“Desde el mes de agosto no nos pagan el salario, hoy ya estamos a 20 de octubre y hasta la semana pasada firmamos contrato. Ya no tenemos dinero para movilizarnos”, es el testimonio de un joven universitario que fue contratado como enrolador por el PNUD a través del Programa Identifícate.
El Proyecto Identifícate tiene un presupuesto de $ 70,775,453 (el equivalente a más de 1,740,000,000 lempiras) de los cuales $ 63,428,381 corresponden a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $ 7,347,072 del presupuesto nacional y $ 242,978 en aportes en especie del PNUD, que es quien se encarga de la administración y ejecución de los fondos, con base a sus políticas y lineamientos. (descargue aquí en convenio).
De acuerdo con el documento de contrato 00118949 correspondiente al “Programa de apoyo para la eficiencia y la transparencia del proceso de modernización del documento nacional de identificación de Honduras (Identificate)”, las contrataciones de dicho programa serán gestionadas por el PNUD, sin embargo, hasta la fecha no ha existido transparencia en dichos procesos.
Criterio.hn viene solicitando información al PNUD desde hace varios meses sobre los procesos de compras y contrataciones, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta, incluyendo una copia del contrato firmado con la firma de capital francés Thales Selp, encargada de la impresión de la nueva tarjeta de identidad a un costo de US$ 11,157,750.01, según el organismo de las Naciones Unidas.
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El Proyecto Identifícate contempla la contratación de 2,718 enroladores, 453 supervisores y 60 coordinadores nacionales. Para dicho proceso, que inició en julio del año pasado, el PNUD contrató los servicios de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que ha aplicado a los postulantes siete pruebas diferentes: coeficiente intelectual, análisis psicométrico, validación de créditos académicos, ortografía, manejo de excell, manejo de ortografía y conocimiento del territorio.
Publicidad engañosa y violaciones laborales
La etapa básica del programa, que consiste en recoger, actualizar y procesar la información biométrica (facial y huellas dactilares) a todos los ciudadanos para obtener finalmente un registro censal actualizado, que fue básicamente la justificación para aprobar el millonario préstamo del proyecto, se llama enrolamiento.
Alejados de las publicaciones promocionales por parte del Programa Identifícate y del mismo contrato que detalla compras de equipo, renta de vehículos para los enroladores e incluso equipo de bioseguridad, la realidad que exponen estos empleados es muy diferente.
“Tenemos horarios diferenciados y los que ponen esos anuncios de horarios lo hacen de acuerdo con sus horarios de trabajo en donde incluso tienen dos horas diarias de descanso, nosotros no, ninguno tiene descanso trabajamos seguido 12 o 13 días continuos”, dijo el trabajador, quien por temor a represalias prefirió el anonimato.
La fuente denunció además que no les asignan vehículos para movilizarse, pese a que debido a la pandemia el transporte colectivo está restringido especialmente en la zona rural, es decir, en aldeas y caseríos. Según el empleado, dicha limitante les recorta el horario de atención al público de ocho de la mañana a tres de la tarde y no hasta las cinco, como se supone debería ser.
De acuerdo con lo expresado por el denunciante la limitación en el transporte los pone en riesgos de asaltos porque cargan con equipo que les han asignado.
Asimismo, denunció que no los inscribieron en el Seguro Social. En su defecto lo que les dan es un seguro privado con banco Ficohsa, “lo que significa que si nos enfermamos debemos buscar atención medica privada, y le repito aun no nos han pagado”.
Siguió contando que el contrato laboral lo firmaron hace una semana y que la vigencia es por siete meses por un estipendio mensual de 10 mil lempiras, sin beneficios laborales, pues es un contrato por tiempo definido.
Finalmente, comentó que pese a que la pandemia por Covid-19 sigue haciendo estragos, no se les proporciona equipo de bioseguridad y que son los trabajadores quienes tienen que ver cómo le hacen para protegerse de un posible contagio y tampoco les asignan personal para que organice a los ciudadanos a fin de cumplir con el distanciamiento social, lo que provoca aglomeraciones en algunos sectores.
