La sentencia de cinco años de cárcel, inhabilitación por cuatro años, trabajo social y una multa por L 7,750 ($314) para Jarol Rolando Perdomo, único policía condenado por el femicidio de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, ha desatado críticas y planes de búsqueda de justicia a nivel internacional
Norma Rodríguez, madre de la víctima, denuncia la decisión de los jueces como una muestra de la falta de valoración de la vida por parte del sistema judicial hondureño
Tegucigalpa, Honduras. – “La vida de un ser humano no vale nada para el sistema judicial”, recriminó Norma Rodríguez –madre de Keyla Martínez—, al conocer la sentencia impuesta a Jarol Rolando Perdomo por el femicidio de su hija, asesinada en 2021.
Luego de tres años del femicidio de Keyla Martínez al interior de una posta policial en La Esperanza, Intibucá. Femicidio que tuvo varias tipificaciones con la clara intención de reducir la condena del imputado, y después de un retraso de más de tres meses, los jueces del Tribunal de Sentencias de Siguatepeque dieron a conocer la sentencia.
El juicio, que estuvo plagado de prácticas dilatorias y tipificaciones cuestionables, ha dejado un sabor amargo en la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de violencia en el país centroamericano que se ubica entre los primeros cinco países a nivel mundial más violento para las mujeres.
Según detalló Norma Rodríguez, en el documento se menciona que al imputado le dieron cinco años de reclusión. Luego de dictar sentencia firma, Jarol Perdomo sería trasladado para la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Tamara, a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Sin embargo, para la familia de Keyla, el desarrollo del juicio, apunta a que Jarol Perdomo saldrá en libertad. “Yo dudo que lo manden a Tamara, este hombre va a salir libre”, expresó la madre de Keyla.
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SENTENCIA SE ESPERABA
En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia, determinó el agente de policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento había cometido el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión, con esta nueva tipificación, tanto las organizaciones como la familia de Keyla, ya vislumbraban el rumbo que tendría.
“Ya sabíamos que eso buscaba el sistema judicial, de sacar libre a este hombre (Jarol Perdomo), porque prácticamente él ya está con un pie en la calle”, expresó Norma Rodríguez en entrevista con Criterio.hn.
A criterio de las organizaciones de mujeres y feministas, al calificar el femicidio como un homicidio imprudencial, en Honduras se desestima la realidad de la violencia de género y las circunstancias sospechosas en las que ocurrió la muerte de Keyla Martínez.
Desde un inicio, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) dictaminó y acreditó que la muerte de Keyla Martínez era: Femicidio agravado.
Con la nueva tipificación, la defensa de Jarol Perdomo –financiada de acuerdo con la familia de Martínez por la Secretaría de Seguridad— solicitó la pena mínima de un año, argumentando el tiempo de la detención preventiva del imputado, quien ha pasado en prisión preventiva en las instalaciones de un batallón.
Además, después de salir en libertad, Jarol Perdomo quedará inhabilitado para ejercer sus funciones como policía, pasado este tiempo, podrá regresar a la institución policial, dejando en el olvido el fatídico 07 de febrero de 2021.
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ACUDIRÁN A INSTANCIA INTERNACIONAL PARA OBTENER JUSTICIA
La sentencia, calificada como infame, es rechazada por la familia de Keyla Martínez, ya que demuestra que los operadores de justicia están de lado de los agresores. Una situación que las organizaciones de mujeres observan con preocupación porque abona a la impunidad que ya alcanzó el 98% en casos de muertes violentas y femicidios.
En ese sentido, Norma Rodríguez, dijo a Criterio.hn que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en busca de justicia por el femicidio de su hija, que de acuerdo con Rodríguez “a mí hija la asesinó el Estado”.
“Vamos a continuar buscando la justicia en instancias internacionales porque alguien debe ponerlo un alto a este sistema judicial corrupto que tenemos en Honduras”, reiteró.
Analistas son de la opinión que el caso de Keyla Martínez debería ser un llamado de atención para las autoridades hondureñas y para la sociedad en su conjunto.
Además, señalan que es imperativo que se investigue a fondo cualquier indicio de corrupción o encubrimiento en este caso y en otros similares, y que se garantice una respuesta judicial adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos contra las mujeres.
Por el contrario, advierten que mientras persista la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia, las muertes violentas de mujeres y los femicidios continuarán siendo una triste realidad en Honduras.
