Contrario a los hechos, el presidente de la Corte asegura que él también tomaba decisiones a lo interno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – A pesar de que durante seis años guardó silencio sobre la inconstitucional conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta, admite que no es “completamente” necesario que el poder que él preside sea parte de ese Consejo.
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Fuentes entrevistadas por Criterio.hn, en el marco de la polémica por la aprobación de la nueva ley del CNDS, califican de ilegítimas y desacertadas las declaraciones de Argueta, quien estuvo en silencio durante los últimos seis años frente al control absoluto y sometimiento del que fue objeto por parte del expresidente Juan Orlando Hernández.
La postura del titular del Poder Judicial ha sido desacreditada en las últimas horas por analistas políticos y diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH). En ese sentido, el abogado Raúl Pineda Alvarado manifestó, en entrevista con Criterio.hn, que Argueta “mejor debió haberse llamado al silencio y no haber opinado sobre un tema del que está deslegitimado moralmente para expresar una opinión”.
“Las declaraciones del presidente de la Corte son brindadas con un retraso de muchos años y, por tal motivo, él está completamente deslegitimado para pronunciarse acerca de este tema. Nadie que estuvo durante años en el altar de la arbitrariedad, del autoritarismo y del abuso puede resolver sus problemas diciendo que siempre estuvo equivocado, pero que nunca dijo nada”, expresó Pineda Alvarado.
El pasado 20 de agosto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia admitió expresamente que la integración suya en el Consejo “no es absolutamente necesaria o indispensable”. Argueta, además, explicó que “desde el punto de vista de que el Consejo de Defensa y Seguridad construye y dicta política criminal, no es necesaria la presencia del Poder Judicial, sobre todo porque éste poder únicamente juzga y ejecuta lo juzgado”.
Las declaraciones de Argueta sorprenden, sobre todo, porque durante los seis años en que integró el CNDS, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, no mostró oposición alguna.
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En esa línea, la diputada del PSH, Ligia Ramos, expresó que el titular del Poder Judicial sirvió como comparsa de Hernández cuando gobernó entre 2014 y 2022 y que, por esa razón, está desacreditado. Hernández ahora enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas de fuego en Estados Unidos, y es considerado el líder de una estructura criminal que secuestró la institucionalidad hondureña, incluida la administración e impartición de justicia.
“Todos sabemos quién lo colocó a él (Rolando Argueta) como magistrado, sinceramente el descrédito de sus opiniones viene desde la forma en que fue electo presidente de la Corte. Opiniones suyas o del Partido Nacional en general ni siquiera las tomo en cuenta. El Poder Judicial está secuestrado, que él se pronuncie, le digo sinceramente, es irrelevante. Estamos en un nuevo proceso de elección de magistrados y eso es lo que vale en este momento”, apuntó Ramos, en entrevista con Criterio.hn.
El 25 de enero de 2023 las diputadas y diputados elegirán a la nueva Corte Suprema de Justicia, después de que la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos les haya entregado una nómina de 23 mujeres y 22 hombres que aspiren a la Corte, entre quienes se elegirán a los nuevos 15 magistrados y magistradas para el periodo 2023-2030.
LEY ACTUAL ES NOCIVA
El 12 de diciembre de 2011, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se creó el Consejo de Defensa y Seguridad bajo el decreto 239-2011. En su conformación se integra a los titulares de los tres poderes del Estado, al igual que al fiscal general, y a los ministros de Defensa y Seguridad. Sin embargo, el Consejo otorga facultades al presidente de la República por encima de los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, algo que violenta la constitucional división de poderes.
A pesar de lo anterior y a las evidencias del pasado reciente, Argueta argumenta que Hernández no era el único que tomaba las decisiones dentro del Consejo, pues, asegura que muchas veces él como representante de la Corte se opuso a ciertas decisiones, sobre todo que tenían que ver con la aprobación de presupuestos.
“Siempre nos integramos en atención a la Constitución y a la ley del Consejo, que siempre incluyó al presidente de la Corte como miembro. Aún así, consideramos que el Ministerio Público no puede quedar fuera de este consejo”, se defendió Argueta.
En contraste con lo expresado por Argueta, el analista Raúl Pineda Alvarado dijo que la “Fiscalía requiere de independencia como médula para el desempeño de su función y, por lo tanto, no puede integrar un mecanismo que tiene funciones alejadas de las atribuciones del Ministerio Público”.
NUEVA LEY
La semana anterior, específicamente el 17 de agosto, la Comisión de Seguridad del Legislativo dictaminó en menos de 24 horas un proyecto de decreto que envió el Ejecutivo, y que trazó como objetivo derogar la actual normativa y crear un Consejo que únicamente integre al titular del Ejecutivo, con un secretario ejecutivo, y a las secretarías de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores, al igual que la de Gobernación, Justicia y Descentralización, y la Procuraduría General.
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Ese día, el presidente de la comisión de dictamen y jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, solicitó la dispensa de dos debates y que la votación se realizará en uno solo. Sin embargo, dicha solicitud despertó el descontento de las bancadas del Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Liberal. Los últimos dos partidos no se mostraron en contra, pero sí solicitaron que la normativa fuera discutida y votada en tres debates.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, suspendió la sesión de ese día y convocó a una nueva el 18 de agosto. No obstante, ante la ausencia de legisladores de todas las bancadas, no se logró el quórum y la ley permanece en suspenso. A pesar de ello, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, increpó al PSH y a los partidos de oposición, a los que responsabilizó de que la presidenta Xiomara Castro convoque al Consejo con la actual ley, que ha sido calificada de inconstitucional.
En horas de la noche del domingo 21 de agosto, a través de Twitter, la presidenta Xiomara Castro convocó a reunión del Consejo el miércoles 24 de agosto a Rolando Argueta, presidente de la Corte; a Luis Redondo, presidente del Congreso; a Óscar Chinchilla, fiscal general; a José Manuel Zelaya, ministro de Defensa; y a Ramón Sabillón, ministro de Seguridad.
En las últimas horas algunos diputados del oficialista partido Libre, entre ellos Ramón Barrios, han expresado que la presidenta no tiene ninguna presión para convocar al Consejo, como está constituido en la norma vigente, y que lo ideal sería esperar a que se apruebe la nueva ley, contra la cual el único partido que se ha opuesto es el Partido Nacional.
PSH Y PARTIDO LIBERAL NO ESTÁN EN CONTRA DE NUEVA LEY
Fuentes del PSH y del Partido Liberal indicaron a Criterio.hn que están dispuestos a discutir la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad y, en caso de que se llegue a consensos parlamentarios, aprobarla con prontitud. En tanto, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, también expresó a este medio digital que, a diferencia de lo ventilado en algunos medios de comunicación, la bancada que él preside ni siquiera ha emitido una postura con respecto al dictamen que está pendiente de discutirse.
La aprobación de la nueva ley requerirá de la mayoría simple, es decir, 65 votos. Los 128 diputados del Congreso Nacional están convocados a sesión legislativa este martes 23 de agosto, sin embargo, todavía no está confirmado si la discusión de la nueva Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, que derogará la aprobada en 2011, es parte de la agenda legislativa.
Aún así, la presidenta Xiomara Castro sí se reunirá el miércoles con dos de las piezas claves del régimen juanorlandista, Rolando Argueta y Óscar Chinchilla.
