Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Cuatro días después que trascendió la investigación penal promovida desde el Ministerio Público contra reconocidos defensores del territorio y de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) emitió un pronunciamiento en el que instó a dicha institución a evitar perseguirlos o penalizarlos por ejercer su labor, que es reconocida por el Estado de Honduras.
La noticia de la investigación se conoció el viernes 19 de agosto, no obstante la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron la información desde el miércoles 17 de agosto, según informó mediante comunicado la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Las personas señaladas en la investigación son: Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh; Luther Castillo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa a la Ofraneh, entre otros líderes y lideresas.
En el documento, la Secretaría de Derechos Humanos expresó “que genera enorme preocupación la denuncia de persecución contra los defensores de derechos humanos Miriam Miranda, Luther Castillo y Edy Tábora, lo que constituirá obstrucción de la labor de defensa de la tierra y los territorios, en la lucha por la restitución de los derechos ancestrales de los pueblos y acceso a la justicia”.
PRONUNCIAMIENTO
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— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) August 23, 2022
A la vez que señaló que las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, y Punta Piedra en Iriona, Colón, “ejercen su legítimo derecho a demandar del Estado de Honduras el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, respecto a la responsabilidad de reparación integral a dichas comunidades y sus miembros”.
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Apuntó que el Estado de Honduras es responsable de brindar protección a estas comunidades, especialmente luego de la desaparición forzada de cinco de sus miembros en julio de 2020, entre ellos el presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Alberth Snider Centeno y los jóvenes Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, y Junior Rafael Juárez Mejía.
Los jóvenes garífunas fueron sustraídos de sus viviendas de forma violenta en un operativo dirigido según testigos y vecinos de la comunidad de Triunfo de la Cruz por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin presentar orden de captura.
La Secretaría de Derechos Humanos recordó que “el Estado de Honduras es signatario de instrumentos internacionales que garantizan el derecho de acceso a la justicia de una manera diligente y el derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad sobre su paradero”.
Esto es de especial interés porque el día de la movilización, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los liderazgos de las comunidades junto a la Ofraneh y su abogado, con el acompañamiento de otros pueblos indígenas de Honduras, exigieron una audiencia con el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, tras un año de silencio absoluto pese a la solicitud de reunión en relación a los avances de la investigación por la desaparición forzada de los jóvenes del Triunfo de la Cruz.
Sin embargo, las puertas del despacho de Chinchilla se mantuvieron cerradas, mientras que el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián, recurrió a Twitter para solicitar a la Secretaría de Seguridad “resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios”, exponiendo a los manifestantes a la represión pese a que la movilización fue pacífica.
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La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, coincidió este martes con la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, en el evento público “Derechos para los pueblos, normas vinculantes para las empresas: enfrentando el poder y la impunidad transnacional”, organizado en Tegucigalpa por la red Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe.
