Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado el cese de las exhumaciones en el cementerio de San Andrés, que la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa) viene realizando en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán.
La orden ha sido girada a la Corporación Municipal de La Unión y a la Secretaría de Salud, quienes han venido extendiendo las autorizaciones a favor de la empresa minera.
El abogado Víctor Fernández, muestra la notificación de la sentencia de la Sala Constitucional
para que la alcaldía de La Unión y la Secretaría de Salud, pongan fin al litigio.
La resolución judicial fue adoptada mediante sentencia emitida en consulta obligatoria al declarar con lugar un recurso de amparo presentado en favor de la comunidad de Azacualpa por el Bufete Estudios por la Dignidad en conjunto con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Mediante un comunicado el MADJ señala que la actividad minera además de contaminar el medio ambiente y provocar múltiples violaciones de derechos, también está empeñada en destruir el cementerio y hacer desaparecer el patrimonio cultural e histórico de la comunidad de Azacualpa.
En mayo de 2018, un juzgado, ordenó el cese de las exhumaciones, pero la orden no ha sido acatada por la empresa minera, que se ampara en excusas legales que han alargado el proceso judicial, mientras la comunidad ha mantenido una lucha permanente para evitar que la empresa Minosa extraiga los restos de sus seres queridos, producto de la extracción de minerales en la comunidad e incluso en el camposanto.
Ahora en el 2020, el histórico conflicto finalmente ha tenido un chispazo de luz en medio de la cooptada justicia hondureña.
Los permisos a la empresa Minosa, fueron extendidos, no solo por la municipalidad de La Unión, sino también por la Secretaría de Salud, informaron los afectados y el coordinador del MADJ, Víctor Fernández.
“Una zona muy postergada del país ha logrado, en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales, agotar todas las vías judiciales en materia Constitucional, expresó Fernández quien acompaña la alegría de un pueblo revictimizado ante este tipo de acciones.
La lucha legal ha sido extensa, primero presentando como comunidad un recurso de amparo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en virtud de una serie de violaciones de derechos de los que han sido sujetos, a través de distintas manifestaciones, pero también por esta destrucción del cementerio a pesar de una manifestación soberana de que el camposanto debía protegerse.
Posteriormente, el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, desestimó la acción de amparo cuando pedían en aquel entonces que se protegieran cuatro derechos: el derecho a la soberanía comunitaria, participación popular, el derecho a la integridad personal, el derecho a la familia y el derecho al patrimonio cultural, pero el juzgado entendió que debían antes agotar otras vías ordinarias, previo a presentar esa petición urgente.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones confirmó este fallo y lo modificó relativamente, porque finalmente la protección de derechos fue desestimada. “Por lo que posteriormente acudimos a la Sala de lo Constitucional para que revisara en opinión consultiva esta sentencia quien determinó en un fallo revocar el comportamiento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y su sentencia determina otorgar la garantía constitucional de amparo en favor de la comunidad de Azacualpa”, resumió Víctor Fernández.
En ese entendido se ordenó a la Corporación Municipal de La Unión, Copán y a la Secretaría de Salud, que cada una de las gestiones para exhumar cadáveres del cementerio de Azacualpa, sea declarada sin lugar de plano, es decir, salvo en aquellos casos en los que tenga orden judicial.
“Esto tiene un efecto fundamental de restituir esos derechos que han sido violentados de manera sostenida y paulatina que lo ejecuta la empresa Minosa,, pero que lo tolera la Corporación Municipal, cuando los derechos deben ser protegidos por las instituciones del Estado; Minosa no solo está violentando derechos, sino que tienen el acompañamiento pasivo y activo de la municipalidad en el marco de acuerdos contrarios a la ley y la Constitución”, expresó el abogado defensor de derechos humanos, cuando se hacía presente el viernes 27 de noviembre en la alcaldía de La Unión, Copán.
PRECEDENTE PARA OTRAS LUCHAS SOCIALES
Por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minosa.
Desde hace más de dos siglos, los pobladores de Azacualpa entierran a sus familiares en el mismo sitio. Se desconoce los restos de cuántas personas yacen en el cementerio, pero sí que descansan sobre una montaña de oro, como lo señalan algunas notas de prensa.
El cementerio ha sido definido por historiadoras y antropólogas como Sempé, Rizzo y Dubarbier, 2002, como un lugar de memoria social, y como tal, un testimonio permanente de las creencias, costumbres e historias de la comunidad a la que pertenece y representa, por lo que ha adquirido un valor de patrimonio cultural comunitario.
Para Fernández, esta sentencia es un precedente fundamental para la lucha de varios pueblos en distintas partes de Honduras, en donde han tomado decisiones comunitarias legítimas, legales, a través de mecanismos como cabildos abiertos y que funcionarios las desestiman, incumplen o violentan.
“Sostener una lucha en esas situaciones adversas, se necesita determinación, compromiso, entrega y hoy la comunidad de La Unión y Azacualpa, reciben una respuesta que les favorece, así se construye un nuevo país y sociedades, este es un mensaje para el resto de la población y quienes están en sus luchas”, dijo Fernández al tiempo que destacó la labor de algunos jueces que si rescatan los estándares del derecho nacional e internacional.
Por su parte, varios afectados manifestaron durante su presencia en la municipalidad, que su comunidad de Azacualpa ha sufrido por treinta años los impactos de la minería y el ejemplo claro es la devastación de todos los cerros que rodean a este sector, a pesar de que han realizado decenas de protestas y luchas en favor del medio ambiente, pero sin éxito alguno para parar la destrucción de su hábitat.
Otros dijeron que aun con estas luchas por sus tierras, se les vino otra más dolorosa y que tiene que ver con sus seres queridos muertos, y la defensa del ancestral cementerio, que se ha convertido en una bandera de dignidad que medianamente ha sido escuchada por la justicia hondureña, al reiterar a Minosa y autoridades nacionales, el cese de las exhumaciones.
Asimismo, cuestionaron a los ejecutivos de la empresa minera y funcionarios públicos de pretender dividir al pueblo mediante el ofrecimiento de recursos monetarios y posteriormente con amenazas y hostigamientos verbales.
Denunciaron además que la empresa también ha generado división en las familias, ya que gracias a regalías económicas ha comprado la voluntad de algunos familiares para que den el visto bueno de las exhumaciones.
“Es decir que el problema con esta empresa es que ha provocado también la confrontación entre las familias en medio de los conflictos de ambición por querer llevarse el oro de la comunidad”, expresó uno de los habitantes de Azacualpa.
Otra pobladora dijo sentir alegría. La imagen de esta mujer provocó impacto social porque fue captada en el momento en que se interpuso a la maquinaria de Minosa para evitar que el cadáver de su padre fuera exhumado. Ante dicho escenario a la empresa Minosa y a la alcaldía de La Unión, no les quedó más que devolver los restos a la tumba.
Este caso generó peleas familiares, ya que una hermana había dado el visto bueno a la empresa de manera inconsulta con los demás miembros de la familia.
“Estoy contenta porque mi papa estará en su tumba, a él no lo van a volver a sacar de ahí”, dijo en tono satisfecho.
