Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019 que otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad de administrar millonarios fondos destinados para desarrollar el sector agrícola de la nación.
En octubre de 2019, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el PCM-052-2019 que aprobó el exmandatario Juan Orlando Hernández en Consejo de Ministros que se denominó la militarización del agro.
El Decreto Ejecutivo 052-2019 instauró el Plan de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) que facultó a la institución militar crear el Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo de Honduras (CAPDAH) y el manejo de la producción agrícola y la seguridad alimentaria con una inversión de 4,000 mil millones de lempiras de 2019 hasta 2025 con la supuesta finalidad de beneficiar a 60,000 productores.
Según el portal de transparencia del PDAH en la Secretaría de Finanza, desde su aprobación hasta el mes de marzo de 2020 se ejecutó L 64.636.976.40 siendo 2020 el año con mayor ejecución con L 42.946.075.50 mientras que en 2019 fue de 9.295.626,1; para 2021, 10.963.285,60 y 2022 con 1.431.989,17.
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A través del fideicomiso de la Reducción de la Pobreza se transfirieron L 33.574.999,7 de los cuales se ejecutaron 33.498.725,88.
Se presume que se benefició a 1,189 productores del país, 812 hombres y 377 mujeres.
Manipulando en el artículo 275 de la Constitución de la República que ordena a las Fuerzas Armadas cooperar con Secretarías de Estado y demás instituciones en labores de alfabetización, agricultura, educación, protección del ambiente, vialidad, sanidad, entre otros, se duplicaron y suprimió acciones que le competen a la Secretaría de Agricultura (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) y organizaciones campesinas.
Diecinueve meses después de interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional declaró ha lugar y ordenó su inmediata aplicación una vez sea publicada la resolución en el Diario Oficial La Gaceta.
“Este decreto no solo usurpaba funciones de las instituciones, también desconocía el trabajo de las organizaciones campesinas y profundizaba la crisis alimentaria para los y las hondureñas. Celebramos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de declarar sin lugar el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019. Las mujeres rurales seguiremos luchando porque la tierra sea para quienes la trabajan”, posicionamiento de CODIMCA.
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En declaraciones, Wendy Cruz, miembro de la organización Vía Campesina, celebró la determinación a favor de los campesinos al tiempo que exigió al gobierno de Xiomara Castro auditar los fondos que se transfirieron a los militares.
“El tiempo nos ha dado la razón, estábamos en lo correcto. Hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro que se monte una auditoría de los fondos que fueron transferidos a los militares sobre este PCM. Necesitamos hacer una reactivación del sector agrícola”, expresó.
Cabe recordar que, en octubre de 2020, el Ministerio Público declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad de dicho decreto al confirmar que vulneró competencias constitucionales relacionadas con el proceso integral de reforma agraria establecidas en el artículo 344.
