Tegucigalpa. Su reputación era la de un banco que manejaba préstamos ecológicos e inversiones sostenibles, que a la vez lograba resultados gloriosos, especifica el diario holandes fd.nl en su artículo noticioso que examina la crisis existencial que vive el FMO, tras los señalamientos por blanqueo de capitales.
Al conocimiento insuficiente de los riesgos de lavado de dinero y terrorismo, se suma la condena del director ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo, como coautor en el asesinato de la líderesa indígena Berta Cáceres, quien previo a su muerte advirtió al FMO que su cliente [DESA] estaba intimidando a la población.
El abogado Wout Albers, quien representa a la familia Cáceres en una demanda contra el FMO señaló en la nota periodistica del fd.nl que «todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato», en relación al financiamiento que otorgó el banco holandés a la empresa dirigida por David Castillo.
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Con motivo de los señalamientos que expone el artículo sobre la crisis existencial que vive el FMO por información develada por el ente regulador bancario, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) emitió un comunicado señalando que las «revelaciones en Holanda dan razón al Pueblo Lenca».
En el pronunciamiento, el Copinh manifestó que las revelaciones del sitio holandés FD.nl, un sitio de noticias de mercado, finanzas, economía, política y comercio, «dan la razón a las denuncias realizadas por el COPINH durante años sobre la responsabilidad del banco FMO sobre graves violaciones debido a su mala administración».
La mala gestión del banco provocó que el regulador De Nederlandsche Bank (DNB) suspendiera todas las operaciones del banco FMO durante al menos 6 semanas por no cumplir con normativas antilavado de dinero y anti financiamiento al terrorismo en al menos mil expedientes, establece el documento de la organización hondureña.
El Copinh resaltó que mientras esto ocurría, el FMO finiquitó toda relación con el Banco Ficohsa en Honduras, tras suspender un préstamo de $60 millones «debido a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil de Honduras y Holanda para investigar los comportamientos ilícitos del banco FICOHSA, incluyendo su financiamiento a la familia Atala Zablah, responsable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres».
Asimismo, indicaron que «los bajos niveles de control interno del banco FMO, sancionados por el ente regulador bancario de Holanda, demuestran su responsabilidad en no impedir la violencia, incluyendo el asesinato de Berta Cáceres y en respaldar ciegamente a sus asesinos».
El Copinh expresó que los bancos y la estructura financiera internacional que financia proyectos y empresas violadoras de los derechos de las comunidades son responsables y deben ser sancionados, así como sus funcionarios. Además, agrega que ese es el camino que deben seguir los bancos FMO, FinnFund, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por el crimen contra Berta Cáceres.
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A modo de cierre, el comunicado precisó que el «tiempo nos da la razón y la sabiduría para seguir enfrentando a quienes no solo asesinaron a Berta, sino que siguen esparciendo muerte en nuestros pueblos en nombre del desarrollo».
