Tegucigalpa.- Tres meses después de que finalizó la evacuación de pruebas y las conclusiones en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, el pueblo lenca de Intibucá sigue a la espera de que se imparta justicia.
El juicio fue suspendido el 22 de agosto, debido a que la Corte de Apelaciones resolvió favorablemente un amparo previamente presentado por el Ministerio Público para que se admitiera una prueba de peritaje rechazada por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción que conoce la causa.
En consecuencia, este Tribunal optó por suspender el proceso en espera que la Sala Constitucional ratifique el amparo concedido, lo que ha significado una vulneración al acceso a justicia para el pueblo indígena lenca de Intibucá y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
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Bajo este prisma, las organizaciones nacionales e internacionales que conforman la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, hacen un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que decida con prontitud la consulta sobre la acción de amparo que mantiene en suspensión el juicio oral en el proceso por corrupción en la concesión del río Gualcarque.
Señalando que mientras la Sala de lo Constitucional no resuelva de forma pronta se continuará retrasando la decisión para que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción pueda emitir su fallo en este proceso. “Es deber del Estado hondureño garantizar una justicia pronta, cumplida y eficaz”, lee el comunicado publicado por la misión de observación.
Además, remarcó que este proceso es emblemático y su decisión tendrá importantes implicaciones, considerando que es la primera vez en el país que las víctimas, comunidades indígenas a través del Copinh y el Consejo Indígena de Río Blanco, se constituyeron como parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos y ejercieron sus derechos en el proceso.
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La misión de observación planteó que “es fundamental que se puedan ahondar y sentar precedentes judiciales sobre los impactos de la corrupción en los derechos humanos en Honduras y este caso permite hacerlo, no solo por la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad Indígena Lenca, sino por la implicación y relación estrecha entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en el 2016 de la defensora de derechos humanos y de la tierra, Berta Cáceres”.
El caso “Fraude sobre el Gualcarque” fue armado por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC-MACCIH), a partir de las denuncias realizadas por Berta Cáceres previo a su asesinato el 2 de marzo de 2016.
La defensora lenca fue opositora al proyecto y desnudo la red de ilegalidad y corrupción detrás del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, concesionado a Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), propiedad de los hermanos Atala Zablah, junto a David Castillo.
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Los imputados en este caso son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. En el caso de David Castillo, este ya fue condenado a 22 años y medio de prisión como co-autor en el asesinato de Berta Cáceres.
