Foto portada: Casa Presidencial de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. –La propuesta de documentos confidenciales y el convenio que presentó el pasado 18 de septiembre el gobierno hondureño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se mantendría en reserva o secretividad, porque así lo establece el memorándum de entendimiento firmado por ambas partes en diciembre de 2022, en Nueva York, Estados Unidos.
El numeral 14, del memorándum de entendimiento establece que no se puede ventilar ningún documento con terceros, pero si ambas partes determinan lo contrario, deben ponerse de acuerdo.
“De manera previa a la divulgación a un tercero de documentos internos, o documentos que en virtud de su contenido o de las circunstancias de su creación podrán ser considerados confidenciales, cada una de las partes debería obtener el consentimiento expreso y por escrito del otro”, establece el numeral 14.
El Poder Ejecutivo, amparado en el numeral 14, sostienen que la propuesta de convenio presentada por el gobierno se mantendrá en secretividad porque así lo solicitó la ONU.
“La propuesta se ha hecho como nos lo ha pedido Naciones Unidas, con la discreción del caso. Hacerla pública en este momento es contraproducente para que esas negociaciones se den como se tienen que dar”, dijo el secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor de María a medios de comunicación.
El abogado Raúl Pineda Alvarado compartió la postura del funcionario porque ventilar la propuesta de convenio puede entorpecer la negociación, pero destacó que, mantener en secretividad los documentos, es una buena estrategia para el gobierno de Castro porque la sociedad hondureña no conocería las limitaciones que pondría.
“Aunque no se conoce la propuesta del convenio de Honduras, las propuestas podrían tener una serie de problemas, como no derogar el decreto 04-2022, y eso la Organización de las Naciones Unidas no lo va a aceptar”, dijo el abogado en conversaciones con Criterio.hn al referirse a la necesidad de derogar la llamada “ley de amnistía” que ha dejado en libertad a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados por delitos de corrupción.
Agregó que “como no hay un documento definitivo, no hay un borrador, en consecuencia, cualquier opinión de funcionarios de gobierno puede dañar los términos de negociación, es parte de un protocolo normal”.
Después que ambas partes entreguen sus propuestas de convenio (sólo falta la de la ONU), este será discutido por ambas partes para construir uno sólo, que después pasará al Congreso Nacional para que sea aprobado y así se pueda instalar la misión internacional anticorrupción en el país.
También lea: Respeto a DD HH exigen pescadores garífunas durante plantón en Cayos Cochinos
ENTREGA DE MEMORÁNDUM
La presidenta Xiomara Castro, en cumplimiento con uno de los pasos que establece el memorándum de entendimiento con los términos de referencia, entregó el 18 de septiembre la propuesta de convenio, pero para terminar con esta fase, el Poder Legislativo se debe derogar dos decretos y aprobar una ley.
Lo anterior lo establece el memorándum de entendimiento, firmado el 16 de diciembre de 2022 por el canciller hondureño Enrique Reina y el secretario adjunto del organismo internacional Miroslav Jenca, mediante el cual se establecieron los puntos calve que se deben cumplir tanto en la primera como en la segunda fase.
En el numeral 6, inciso d, de la primera fase del memorándum, establece que el Congreso Nacional debe derogar varias decretos y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, para que el organismo internacional tenga plenas facultades de investigar e se garantice su independencia para presentar los casos de corrupción ante los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside la abogada Rebeca Ráquel Obando.
“Se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del decreto 116-2019 (ya derogado), la modificación de las regulaciones de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (ya reformado) y otras”, dice parte del inciso d, del memorándum.
La Ley de Colaboración Eficaz, que fue presentada el pasado 15 de noviembre de 2022, en el Congreso Nacional y fue discutida en un primer debate, pero se mantiene archivada, busca regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que den información y evidencias para la eficacia de la investigación penal.
Dicha ley será el instrumento que podrá contribuir en las investigaciones con la finalidad de desintegrar grupos dedicados al crimen organizado, es decir, con la aprobación de esta normativa, cualquier persona que pertenezca a una estructura de corrupción o integrante de las maras y pandillas capturados y procesados, que cooperen con el ente investigativo, tendrían, por derecho, beneficios, como ser, reducción de pena o libertad condicional.
Tras cooperar con la justicia como colaborador eficaz, el beneficio que obtenga se regirá dependiendo del delito por el que paga una condena y qué posición tiene dentro de la estructura criminal, pero no sólo por haber colaborado con la justicia quedará absolutamente libre de responsabilidades.
Con el decreto 117-2019 se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la que, de forma literal, establece que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones que se deriven de sus actuaciones en el Poder Legislativo.
Además, establece que el Congreso Nacional es el único órgano competente que debe conocer, analizar y valorar cada caso en concreto y, en consecuencia, aplicar las respectivas sanciones, dejando de lado, de momento, las futuras investigaciones que presente la CICIH.
El decreto 04-2022, perteneciente a la Ley de Amnistía Política, fue aprobado en enero de 2022, bajo la promesa de permitir el retorno a personas que fueron exiliadas del país por oponerse al golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Sin embargo, amparados en este decreto, varios exfuncionarios que estaban privados de su libertad por la comisión de delitos contra la administración pública, no sólo en la administración de Zelaya, cobraron su libertad y, algunos, ostentan altos cargos en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Entre los delitos que se están perdonando, gracias a este pacto de impunidad del actual gobierno, figuran: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración públicos, entre otros.
Aunque sea una posible petición de la ONU, el diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) Obed López sostuvo que esa normativa no será derogada porque beneficia y continuará apoyando a los exiliados políticos del 2009.
“El 04-2022 es una ley bien trabajada que sólo beneficia a perseguidos políticos (…) este decreto lo vamos a sostener porque es una ley correcta que devuelven los derechos quitados a los perseguidos”, dijo a medios de comunicación el diputado López.
Nota relacionada: En ocho meses el Congreso sólo sesionó 146 horas, pero erogó casi L52 millones mensuales
LO DEROGADO PARA LA LLEGADA DE LA CICIH
En cumplimiento con parte de dicho inciso, el Poder Legislativo que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Luis Redondo, entre julio y los primeros días de agosto derogó el decreto 116-2019, 57-2020 y reformaron el 93-2021, dejando para los próximos meses la abolición de los decretos 117-2019 y 04-2022 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Fue en la sesión legislativa del 12 de junio de 2023, que el Congreso, con 111 votos a favor, derogó el decreto 57-2020 y reformó el 93-2021. Esta última normativa que era una reforma a la Ley de Lavado de Activos y al Código Penal, fue aprobada en la presidencia del diputado nacionalista Mauricio Oliva para ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos relacionados al lavado de dinero.
Además, antes de ser reformado este año, este decreto le daba un espaldarazo al Ministerio Público pidiéndole que, a través de sus propias investigaciones, demostrara que el dinero de cualquier funcionario, diputado señalado, provenía de actos irregulares, de lo contrario el caso no procedía.
En tanto, en la sesión del 2 de agosto, entre una polémica discusión, 82 congresistas votaron a favor para derogar el decreto 116-2019, pedido literalmente por la ONU, o mejor conocido como “fondo departamental”. La abolición de la normativa con 82 votos generó dudas entre los diputados de oposición porque la misma ley establece que, para ser derogada, debe contar con la aceptación de la mayoría calificada, aunque este extremo ha sido considerado como una aberración jurídica porque no conlleva una reforma constitucional para lo cual se requiere de dicha votación.
Los fondos departamentales se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales aprobada en la administración de Mauricio Oliva.
Esta normativa permitió que los diputados solicitaron millonarias cantidades de dinero para supuestamente hacer obras sociales, como lo contempla la ley, pero en 2017, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) presentó el caso “Red de Diputados” en el que evidenció cómo los congresistas destinan ese dinero a cuentas bancarias de oenegés y familiares.
Para el exministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, con la derogación de estos tres decretos, se dio el primer paso para acabar con la impunidad que mantuvo la hegemonía nacionalista en los tres poderes del Estados, desde 2010 hasta 2022, en algunas instituciones y 2023 en otras.
“Con la derogación se socavan las bases del muro de impunidad construido en la narco-dictadura, y se garantiza la venida de la CICIH. Felicitaciones a los diputados que lo hicieron posible, especialmente al Diputado-Presidente, Luis Redondo”, escribió Orellana en X.
Nota relacionada: Por incapacidad de diálogo, el Legislativo no aprobaría consulta popular que promueve el oficialismo
ELECCIÓN DEL FISCAL, MANTIENE PARADA LA AGENDA LEGISLATIVA
Desde el pasado 31 de agosto el Congreso Nacional volvió a caer en una crisis que se está desencadenando en la paralización de la agenda legislativa, porque los diputados no han logrado llegar a consensos para escoger al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, quienes debieron ser juramentados, por mandato constitucional, el pasado uno de septiembre.
El problema toral de este proceso de elección, es que ni la moción nominativa, que se ha mantenido, presentada en la sesión legislativa del 31 de agosto, por la oposición integrada por el Partido Salvador de Honduras (PAH), Nacional y Liberal y tampoco la de la bancada oficialista ha alcanzado la mayoría calificada de votos para ser valorada por el pleno de diputados.
Precisamente este lunes 25 de septiembre, a casi un mes sin sesionar, el presidente Luis Redondo nombró una comisión de diálogo, que se encargará de establecer consensos con los diputados de oposición.
Lo anterior ha provocado que temas como la derogación de los pactos de impunidad, ratificación de la derogación de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y aprobación de leyes y decretos de importancia nacional se mantienen paralizados, hasta que los diputados logren concretar el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
