Tegucigalpa. – En medio de la crisis actual, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Rolando Argueta Pérez, a través de un escrito ordenó “inhabilitación especial” para los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, generando suspicacia por tomarlo como una medida represiva al apoyar y conformar la Junta Directiva presidida por Luis Redondo.
En el caso de Tomé, el escrito del Poder Judicial señala que se le inhabilita por tres años para empleo o cargo público, según esta entidad por “abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública”.
Cabe destacar que la Sala de lo Penal declaró sin lugar el recurso de casación que interpuso el abogado de Tomé, Darwin Lindolfo García y Mario Hernán Sorto Deras, que sostenía que la infracción del precepto constitucional, de las leyes y por el quebrantamiento de la forma.
Tomé ha manifestado ante los medios de comunicación que el caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) mencionado en el escrito de la CSJ, ha sido impulsado desde el 2008 por el empresario Elías Asfura, a quien señala como corrupto y manifestó que “se niega a entender que el Canal 8 es del pueblo y por eso fue asignado al pueblo”.
De esta forma, el parlamentario argumenta que lo han atacado porque “no se ha cometido ningún abuso de autoridad”, y que desde hace algún tiempo se ha tratado de manipular con el anuncio de una inhabilitación especial.
El también dirigente de Libre, señala que el Código Penal es claro acerca de la inhabilitación especial: “Dice que se refiere al cargo donde se desempeñaba el funcionario”, por tanto, justificó que era presidente de CONATEL y que si lo inhabilitan quiere decir que por tres años queda invalidado para ser presidente de esa institución, pero de ninguna forma afecta su cargo como diputado.
Para Tomé, esta es una de las primeras formas que han encontrado para perjudicarlo, puesto que ya se venía buscando una manera desde que las élites planeaban conformar la Junta Directiva de Jorge Cálix.
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REPRESALIAS POR DEFENDER INTERESES DEL MAGISTERIO
Por otro lado, para invalidar a Casaña, lo acusan de “abuso de autoridad agravado”, por lo que prohíben al congresista el ejercicio de un cargo público oneroso o gratuito, relacionado con la administración o gerencia de instituciones del Estado centralizadas, desconcentradas o descentralizadas, durante seis años.
Seguidamente, exponen que por “disposición constitucional” condenan a Edgardo Casaña a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena principal.
Casaña es uno de los máximos defensores del magisterio y ha comentado desde hace algunos días que, buscan marginar de la potestad de tomar decisiones a los dueños del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), pero que el Gobierno de Xiomara ha prometido impulsarlo y reformar la ley de la institución. Por tal razón, su inhabilitación por parte de la CSJ, se ha tomado como represalia en su contra.
El dirigente magisterial ha señalado que se manipula y maniobra de muchas formas a beneficio del gobierno saliente y sus allegados en la banca privada, con tal de desviar los fondos de INPREMA al 2 por ciento de interés anual cuando este podría generar mejores resultados en otro tipo de inversiones.
Asimismo, se manifestó en contra de utilizar el dinero de los afiliados a INPREMA “a matacaballos y de manera inconsulta”, pudiendo desbaratarla como ocurrió con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
Hace algunos días había trascendido que, la comisión de transición del INPREMA analizaba prestar el equivalente de 110 millones de dólares al Aeropuerto Internacional de Palmerola (AIP), sin embargo, el magisterio exigió que sus fondos de pensiones no se pongan en riesgo.
A petición de los maestros, el integrante de la Comisión de Traspaso del nuevo Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, Pedro Barquero, anunció que esas decisiones no se tomarían antes del 27 de enero, por lo cual el nuevo Gobierno será tema del nuevo gobierno, cuando nombren las nuevas autoridades del instituto.
Ambos diputados forman parte de la Junta Directiva de Luis Redondo: el segundo Vicepresidente, Edgardo Casaña y tercer Vicepresidente, Rasel Tomé.
Diferentes analistas hondureños coinciden que, el Poder Judicial carece de potestad y credibilidad, puesto que ha apoyado la imposición de leyes lesivas, y la violación a la soberanía y la Constitución, por ejemplo, respaldó el proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), además sus acciones no son independientes y obedecen a intereses de grupos de poder.
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