El canciller Enrique Reina aseguró que, de continuar las injerencias, se comprometerán las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- El más reciente episodio de crispación diplomática entre la Cancillería hondureña y la Embajada estadounidense han puesto en vilo, una vez más, las relaciones bilaterales entre ambas naciones, esto después de que el canciller hondureño, Enrique Reina, calificara de «injerencista» a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.
Este viernes, a través de Twitter, Reina expresó: «Embajadora, en nombre del pueblo hondureño, le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales».
Embajadora @USAmbHonduras
— Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) September 30, 2022
En nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales.
Un día atrás, Laura Dogu y el primer designado presidencial, Salvador Nasralla, quien se ha distanciado del Gobierno, sostuvieron una reunión en la que abordaron temas de democracia, gobernabilidad y lucha anticorrupción. La representante diplomática se refirió a Nasralla como «vicepresidente», aunque horas después rectificó.
Pero en el fondo, aunque en primera instancia el acto pareció inofensivo, en realidad representó un irrespeto a los procedimientos establecidos por el Estado hondureño, debido a que es la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien dirige la política exterior y quien, por ende, delega a las personas que participan en reuniones de ese carácter.
«Todos sabemos que, en esencia, el debate no es si Salvador Nasralla es o no vicepresidente, la esencia es el hecho de que los temas oficiales tienen que tratarse a través de los canales oficiales, que son la Cancillería y la Presidencia de la República, o cualquier canal que la presidenta considere apropiado», explicó a Criterio.hn el excanciller hondureño, Milton Jiménez Puerto.
Cuando se le consultó acerca de la respuesta del canciller Enrique Reina a Laura Dogu, respondió que no fue otra cosa más que exhortar a la diplomática a respetar la soberanía del Estado hondureño. «El funcionario diplomático, no importa el país del que provenga, debe limitarse a los parámetros que establece la diplomacia y la doctrina diplomática. Creo que, si no se pone un alto a tiempo, las cosas empeorarán y podríamos enfrentarnos a un fractura mayor de las relaciones entre ambos países, que es lo que nadie quiere», añadió.
CASOS PREVIOS
A nivel de opinión pública, la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores hondureño ha generado diversas opiniones: por un lado, la calificaron de «digna» y, por el otro, de «innecesaria».
Sin embargo, la tesis de considerarla «innecesaria» no es completamente congruente, sobre todo porque no es la primera vez que la embajadora estadounidense interfiere en asuntos de política interna. El 10 de marzo de 2022, el Senado de Estados Unidos confirmó a Laura Dogu, de 58 años, como máxima representante diplomática de ese país ante Honduras, que no contaba con un embajador desde el 11 de junio 2017, cuando James D. Nealon dejó de serlo.
El 3 de mayo de 2022, en la víspera de los consensos que a lo interno del Congreso hondureño darían paso a la aprobación de la «Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano», la embajadora estadounidense opinó que la «reforma energética es crítica para el desarrollo económico».
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«Estamos analizando la propuesta energética, y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora», tuiteó Dogu. Minutos después, en un episodio similar al reciente, Enrique Reina respondió: «Sra. Embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU».
El 12 de mayo de 2022, a pesar del berrinche washingtoniano, el Legislativo hondureño aprobó la normativa bajo la cual, esencialmente, se ordena a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a revisar todos los contratos de generación -en su mayoría leoninos-, al igual que autoriza a la gerencia de la estatal eléctrica a realizar una reestructuración administrativa y técnica de la empresa.
Más recientemente, el 18 de agosto de 2022, Laura Dogu opinó acerca del anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, que vendrá a reemplazar la aprobada en 2011, una nociva ley que supedita a los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad del Ejecutivo, específicamente a la figura de la Presidencia de la República, en un quebrantamiento de la constitucional división de poderes.
En esa ocasión, también vía Twitter, la embajadora estadounidense vertió lo siguiente: «El Congreso de Honduras está analizando un nuevo proyecto para cambiar el Consejo de Seguridad y Defensa. Los cambios son significativos y merecen una cuidadosa revisión por parte de sociedad hondureña porque impactaría a Honduras. Apresurar el proceso de aprobación dificulta el debate del proyecto». Después borró el tuit.
Aunque inicialmente la comisión dictaminadora sugirió votar por esa esa ley, con la dispensa de dos debates, dentro del Congreso hondureño se generó un completo rechazo por parte de la oposición. Las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras (PSH) se rehusaron a discutirla en un solo y solicitaron que el dictamen ingresara en una etapa de consensos que, hasta el momento, no concluye.
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A finales de julio de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe «Declaraciones de Clima de Inversión 2022: Honduras», mediante el cual señala que la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley de Empleo por Horas, dos decisiones soberanas del Congreso hondureño, han contribuido a la incertidumbre en el clima de inversión en el país centroamericano.
En el documento, el Departamento de Estado replica declaraciones de los inversionistas y miembros de la ZEDE Próspera, quienes sostienen que «el Gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado preocupaciones sobre el compromiso con el Estado de derecho comercial».
El 29 de septiembre de 2022, el mismo día de la reunión entre Laura Dogu y Salvador Nasralla, el ministro consejero de la Embajada estadounidense, Roy Perrin, se reunió con los representantes de Próspera para «conversar sobre el clima de inversión en Honduras, las garantías legales que permiten a los empresarios crear empleos y cómo el desarrollo sostenible puede crear oportunidades económicas para los hondureños».
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Dicha reunión también generó descontento en el canciller hondureño, Enrique Reina, quien mencionó que «crear empleos e inversión es importante, pero en marcos legales limpios. Las ZEDE son la aberración jurídica más grande que surgió de un narcoestado que llegó al poder con fraude. Lo que nace contaminado no genera buena imagen».
Con voto unánime, el 21 de abril de 2022, el Congreso hondureño derogó la Ley de las ZEDE. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, su ratificación se efectuará durante la próxima legislatura, que iniciará el 25 de enero de 2023.
Otro evento que generó tensión entre Washington y Tegucigalpa ocurrió el 20 de julio de 2022. Ese día, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la más reciente actualización de la Lista Engel, mismo que la Cancillería calificó de «motivado políticamente» e «injerencista».
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El listado incluye a los vicepresidentes del Congreso, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, al igual que al asesor presidencial Enrique Flores Lanza. No obstante, también figuran funcionarios de los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), entre ellos el exdirector de la Policía hondureña, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
LA HISTORIA DE SIEMPRE
Históricamente, los gobiernos hondureños se han sometido a las directrices dictadas por Estados Unidos, sobre todo en asuntos relacionados con migración, defensa y seguridad. «Sabemos de la participación histórica de Estados Unidos en Honduras, por lo que ahora el Gobierno reclama son relaciones de respeto con la administración Joe Biden, en particular, y con Estados Unidos, de forma general», consideró en entrevista con Criterio.hn el analista y dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos.
«El Gobierno tiene necesidad de ejercer su soberanía y está en todo su derecho», añadió Ríos, «considero que nunca antes Estados Unidos se había topado -en Honduras- con un interlocutor que les opusiera resistencia. Aquí solo estamos hablando de un tema de dignidad».
En esa línea, el excanciller Milton Jiménez Puerto aseguró que las posturas que ha adoptado el Gobierno de Xiomara Castro, frente a las señales injerencistas de Estados Unidos, es «una respuesta digna en defensa de la soberanía».
«Los hondureños tenemos que comenzar a valorarnos. Si solo andamos agachando la cabeza, extiendo las manos, mostrándonos indignos, apelando a los amigos, siempre se buscará pasarnos por encima. Lo que ha hecho el canciller, desde mi punto de vista, es mostrarle a Estados Unidos cuál es el camino», comentó.
El analista en política exterior, Graco Pérez, aseguró que la situación no ameritaba amenazar «con comprometer las relaciones bilaterales».
«Hay muchas temáticas en las que, en este momento, necesitamos el apoyo de Estados Unidos, y me parece que es innecesario crear estas confrontaciones, que no entiendo con qué objetivo lo está realizado el Ejecutivo», dijo a Criterio.hn.
En este momento, Xiomara Castro y Joe Biden negocian la ampliación al Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a miles de inmigrantes hondureños que habitan en Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Castro presentó el 20 de septiembre, ante ejecutivos de la Corporación del Desafío del Milenio, un plan que traza por objetivo que Honduras vuelva a ser beneficiada con los fondos de la Cuenta del Milenio, a los que no ha accedido tras no haber superado -durante los últimos doce años- indicadores de control de corrupción y gobernabilidad.
CHINA, ¿LA MANZANA DE LA DISCORDIA?
Dentro de su plan de gobierno, Xiomara Castro propuso abrir las «más cordiales» y «amistosas» relaciones diplomáticas con la República Popular de China, aun cuando Estados Unidos ha amenazado a Honduras con que ello generará repercusiones.
Y, aunque desde un inicio el Gobierno de Castro no ha contemplado hacerlo -al menos públicamente-, hay quienes opinan que ese podría estar siendo el génesis de tantas fricciones entre Washington y Tegucigalpa.
El 20 de septiembre de 2022, durante su discurso ante la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Xiomara Castro mencionó que «queremos vivir en paz» y añadió que «no sigan tratando de desestabilizar a Honduras, y dictar sus medidas o escoger con quiénes debemos relacionarnos».
«Ese fue un mensaje dirigido a Estados Unidos, y el único país con el que tenemos esa situación de no tener relaciones diplomáticas, y de reconocer a otro (Taiwán), es China y Taiwán. Me parece que el temor viene de Estados Unidos, sobre todo porque en Centroamérica hay varios países que tienen nexos diplomáticos con China. Me refiero a Costa Rica, Nicaragua y, más recientemente, El Salvador», manifestó Graco Pérez.
