«Esta reforma es una jugada estratégica que surge debido a la división política que hay en el Ministerio Público. Como el director de fiscales no es del oficialismo (Partido Libre), lo que hizo el fiscal general fue quitarle poder, darle más poder a los subdirectores, para no tener que pasar o hacer consultas directas al director, que es afín al Partido Nacional», opinó uno de los analistas consultados
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el fiscal general Johel Zelaya haya reformado el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Fiscalía para quitarle poder al director de fiscales, esto no tendría efecto, ya que algunos artículos contravienen lo que dice la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), de acuerdo con analistas políticos consultados por Criterio.hn.
«Esta reforma es una jugada estratégica que surge debido a la división política que hay en el Ministerio Público. Como el director de fiscales no es del oficialismo (Partido Libre), lo que hizo el fiscal general fue quitarle poder, darle más poder a los subdirectores, para no tener que pasar o hacer consultas directas al director, que es afín al Partido Nacional«, opinó el analista político Kenneth Madrid.
La opinión de Madrid se basa en que hace un par de semanas, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gacetauna serie de modificaciones al Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Fiscalía. Entre los artículos alterados se encuentran el 103 y el 104, los cuales, tras las reformas, contradicen lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Por ejemplo, con esta modificación propuesta por el abogado Johel Zelaya y publicada en La Gaceta el pasado abril, el artículo 104 establece que el fiscal general tendrá la facultad de emitir órdenes directas a los subdirectores de fiscales. Esto contrasta con la situación previa a la reforma, donde el director Juan Carlos Villalobos era quien impartía las directrices sin necesidad de pasar necesariamente por las autoridades superiores del ente investigador.
Antes de la reforma, el artículo 104 del reglamento establecía: «Los subdirectores estarán subordinados al director«. Tras la reforma, ahora establece: «El director y los subdirectores podrán recibir instrucciones directamente del fiscal general, y estos deberán rendir los informes respectivos«.
«Con la reforma se está socavando el principio de dependencia jerárquica. Los subdirectores son subordinados del director de fiscales; no deben rendir cuentas directamente al fiscal general, sino que deben recibir instrucciones del director, quien a su vez puede recibirlas del fiscal general, pero a través de él. Con esto se viola el principio de independencia jerárquica establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público; un reglamento no puede estar por encima de la ley», explicó Madrid.
La nueva reforma contradice la Ley del Ministerio Público, ya que esta establece, por ejemplo, en su artículo 28, que la dirección de fiscales tiene la responsabilidad de la administración, coordinación y supervisión inmediata de las actuaciones de los agentes, en contraposición a lo que establece la reforma del reglamento, que también otorga estas facultades al fiscal general.
Entonces, en casos como este, donde un artículo de un reglamento interno entra en conflicto con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Madrid explicó que se debe aplicar lo que establece el artículo 320 de la Constitución de la República, el cual establece que, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal ordinaria, prevalecerá la primera.
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“INTENTAN MARGINAR A OPOSITORES QUE TENGAN PODER EN LA FISCALÍA”
El abogado Raúl Pineda Alvarado coincidió con la opinión de Kenneth Madrid, señalando que el propósito de esta reforma es aislar a las autoridades que no pertenecen al partido en el poder, pero que tienen influencia dentro del ente investigador. Esto podría permitir que se mantenga la impunidad para la élite económica y política del gobierno actual.
«El fiscal general tiene la facultad legal de reformar el reglamento de la dirección de fiscales, siempre y cuando las modificaciones no contradigan lo establecido en la Ley Orgánica y la Constitución. El propósito de estas reformas es claramente marginar y aislar al director de fiscales que no es afín al partido en el gobierno, con el fin de proteger a los investigados vinculados al gobierno actual», afirmó Alvarado, quien anteriormente fue diputado por el Partido Nacional.
Pineda Alvarado cuestionó las acciones del fiscal general Johel Zelaya como un indicio de que el oficialismo busca consolidar el control absoluto del poder, siguiendo un modelo similar al del expresidente Juan Orlando Hernández, quien contaba con un fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) y un fiscal adjunto (Daniel Sibrián) que servían a sus intereses, garantizando impunidad para la élite en el poder.
«El fiscal pretende ejercer un poder similar al del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, buscando una autoridad desmedida que consigue al marginar al director. Esto ocurre porque no se respeta la ley y, al estar en el poder, ¿quién podría contradecir lo que dictaminen los que detentan el control?», enfatizó.
Aunque al marginar al director de fiscales o quitarle poder, igual se mantendría la distribución de impunidad, pero priorizando al partido en el poder. Por ejemplo, el nombramiento del actual director de fiscales, Juan Carlos Villalobos, fue resultado de una componenda política gestada en el Congreso Nacional. El acuerdo era colocarlo en ese cargo para seguir protegiendo posibles políticos señalados por corrupción del Partido Nacional.
“La clase política es igual, todos buscan el mismo beneficio. Tendremos que esperar cómo se desencadena el funcionamiento del Ministerio Público, que dentro de muy poco entrará en crisis por estas reformas, ya que la oposición peleará el poder que negociaron durante el fallido proceso de elección”, mencionó el profesional del derecho.
