Por: Rodil Rivera Rodil
Un viejo y querido amigo, compañero de estudios, y cómo no, de la inolvidable bohemia universitaria, que hoy se desempeña como alto ejecutivo de un importante sector empresarial, me sugería hace algunos días que escribiera sobre el tema de la seguridad jurídica. Con la franqueza que siempre acompaña a la verdadera amistad, me expresó la inquietud que embarga a varios hombres de negocios por la política económica que ha comenzado a poner en práctica el nuevo gobierno. Lo que considero comprensible, dado que por primera vez asume el poder un partido de izquierda, que proclama el socialismo democrático, algo simplemente impensable hasta hace muy pocos años.
Es bueno aclarar, antes que nada, que el “socialismo democrático” que propugna Libre, surgido en la década de los veinte del siglo pasado, a diferencia del llamado “socialismo real” de la antigua Unión Soviética, no conlleva una concepción ideológica rígida. No tiene como meta la estatización de la economía, pero si un grado de intervención del Estado en ella -el que cada país determine según sus particulares circunstancias- que procure una mejor distribución de la riqueza. No se trata tampoco del socialismo que busca la transformación social mediante la revolución violenta. Pero sin olvidar que esta podría darse si seguimos ignorando la crisis de miseria y desigualdad que nos agobia desde hace demasiado tiempo. Están muy equivocados los que piensan que un cambio así jamás ocurrirá entre nosotros, tanto como los que estaban seguros que Libre nunca llegaría al poder.
Ningún empresario, medianamente informado, puede negar que el modelo de libre empresa sin control alguno, esto es, el neoliberalismo, ha incrementado en forma extraordinaria la pobreza de los más, pero, a la vez, en terrible contraste, la desmesurada riqueza de los menos. La desigualdad es, hoy por hoy, el peor azote que enfrenta Honduras y la humanidad, agravada hasta lo indecible por la pandemia del Coronavirus.
El propio presidente de Estados Unidos acaba de declarar en la Cumbre de las Américas: “Tenemos que actualizar nuestra receta desde mi punto de vista para el crecimiento económico. En mi opinión, es hora de enterrar la economía de goteo. Con esta frase –dicen las noticias– el jefe de la Casa Blanca invitó a los empresarios del continente americano a dejar atrás el neoliberalismo como modelo económico”.
Para observar esta sana recomendación del señor Biden, los empresarios hondureños deberían empezar por acordar con el gobierno de Xiomara Castro el papel que este jugará en la economía. Y reconocer con hidalguía que los pilares fundamentales de este rol son las empresas estratégicas para el desarrollo, como las de servicio público, que casi desde siempre, hasta el advenimiento del modelo neoliberal durante la presidencia de Rafael Leonardo Callejas, estuvieron bajo el control del Estado. Y de lo que, paradójicamente, ellos serán los mayores beneficiarios.
Hasta ahora, por ejemplo, pareciera que estos se están percatando del enorme perjuicio que les trajo la aparición de las compañías privadas de energía en 1993. Los exorbitantes precios que han sido forzados a pagar a lo largo de 30 años, producto de amañados contratos, solo han servido para encarecer sus productos y afectar su competitividad, pero, al mismo tiempo, para que sus colegas de las térmicas acumularan descomunales fortunas totalmente desproporcionadas para nuestro medio y hasta para el resto del continente y dejarlos a ellos como “riquitos de pueblo”.
Dicha sea de paso, esta obscena riqueza, como alguien la calificó, ha sido recogida en el informe World Ultra Wealth Report, correspondiente al año 2013, publicado por la firma Health X, en el que se revela que Honduras ocupaba el segundo lugar en Centroamérica después de Guatemala y el doceavo en toda América Latina. con 215 multimillonarios hondureños cuya fortuna alcanzaba en conjunto los ¡30.000 millones de dólares!
La historia demuestra que ninguna nación ha llegado al desarrollo sin haber logrado, previamente, la producción de energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente para el uso residencial e industrial y, lo más importante, quizás, a precios lo más bajos posible. En la ley especial recién aprobada se manda, con toda razón, que la energía debe ser suministrada al “mínimo costo económico”. Parodiando a un famoso político y pensador, el desarrollo solo se consigue con un buen gobierno más electricidad. De ahí que la privatización de la ENEE, por la inexorable dinámica de obtener utilidades cada vez mayores que esta acarrea, haría imposible tal propósito.
De acuerdo con el connotado jurista colombiano Diego Eduardo López Medina, “El principio de la seguridad jurídica en derecho exige únicamente que las normas actualmente vigentes sean estables en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones más o menos firmes de cómo los tribunales resolverán sus disputas en caso de conflicto”. Y más adelante agrega: “No es intelectualmente satisfactorio decir que la seguridad jurídica es el respeto absoluto de las normas que a mi más me convienen”.
En otras palabras, la seguridad jurídica debe regir para todos, para los empresarios y, desde luego, también para la clase trabajadora y, sobre todo, para la estabilidad laboral que le brinda a esta desde hace muchos años el empleo permanente garantizado en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República
Es por ello por lo que resultó chocante la oposición de algunos empresarios a la derogación de la injusta ley del empleo por hora que atentaba contra dicha estabilidad. Y más aún, a sabiendas de que son muy pocos, si los hay, los trabajos que, por su propia naturaleza, solamente puedan ejecutarse bajo esta modalidad. No lo son ni siquiera los que se requieren en los famosos “Call Center, como argüían sus defensores. Los miles o centenares de miles de casos que se citaban como ejemplo no eran más que de antiguos trabajadores permanentes que fueron contratados por hora, casi exclusivamente, para pagarles salarios más bajos y aumentar las ganancias, de manera abiertamente inconstitucional.
No discuto la complacencia con la que muchos empleadores acogieron la ley del empleo por hora, eso se halla, reitero, en el alma del sistema, pero sí la grosería y el sarcasmo con que rechazaban su abrogación. Como si se burlaran de la angustia que atenaza al ciudadano común cuando el único medio de que dispone para proveer a su familia se vuelve precario. Esto solo tiene un nombre: carencia de sensibilidad social. Y nadie, sin esta calidad humana, debería ser líder de la sociedad, ni en el ámbito político ni en el empresarial.
En palabras del citado jurisconsulto, López Medina: “La verdadera seguridad, por tanto, está finalmente conectada con una distribución equitativa del ingreso social porque sólo en ese marco es posible pensar que el derecho pueda ser estable a mediano o largo plazo. Los emprendedores e inversionistas son tanto regulados como reguladores de la vida de los demás. Sus ingresos dependen de la seguridad jurídica que les brinde el estado; pero el ingreso de otros grupos sociales depende de la seguridad jurídica que ellos a su vez estén dispuestos a brindar”.
Por supuesto, entonces, que estoy de acuerdo con la seguridad jurídica que demandan los empresarios para la buena marcha de sus negocios. Pero mi amigo también tendrá que convenir conmigo en que esta debe sustentarse en un régimen de derecho justo para ellos, para los trabajadores y para todos los demás hondureños. Con fuertes empresas de servicio púbico y las que se consideren necesarias para el desarrollo, al igual que con claras regulaciones que impidan que retornen los excesos neoliberales, como los que condujeron a la tremenda corrupción, impunidad y delincuencia que imperó en el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Tegucigalpa, 14 de junio de 2022.
