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Inflación y empleo: ¿acaso hay mesa para tres?

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Por: Javier Suazo

Una tesis generalmente aceptada por economistas monetaristas e incluso neo keynesianos, es aquella que establece que no se puede reducir la inflación sin afectar el empleo, o aumentarlo con más gasto público sin que aumente la inflación. Una relación inversa entre inflación y desempleo, en tanto un control de la inflación por contracción de la demanda agregada genera una caída de la tasa de empleo de la economía, ya que no hay suficientes recursos para apoyar la inversión productiva. Se basa en la famosa curva de A. W. Phillips (1958) que estable una relación negativa entre inflación y desempleo o paro.

No obstante y aunque existe evidencia empírica de ello, hay que reconocer las especificidades de las economías de los países periféricos, para usar una frase que le gustaba a Raúl Prebisch, en vez de países subdesarrollados. En este caso, por lo general las economías operan a nivel sub óptimo, o sea con recursos ociosos como la tierra no cultivada, la mano de obra desempleada o subempleada, e incluso montos de capital no utilizados en la producción por la banca privada y empresarios locales por considerar que están más seguros como depósitos ganando intereses sin riego de pérdidas, sea pagados por los propios bancos o por el gobierno al comprarse bonos y letras del Banco Central.

Frente a esta situación,  un aumento del gasto agregado de la economía no genera inflación ya que los recursos serán utilizados en la inversión productiva para dinamizar sectores como el agroalimentario, forestal, construcción e infraestructura económica y social, o sea para poner en producción recursos no utilizados. Caso contrario ocurre cuando hay evidencia que los recursos ociosos de la economía son pocos, y el mayor dinero en circulación supera la demanda de recursos de los actores económicos y del mismo gobierno, o cuando los recursos se desvían mayormente para financiar gasto corriente y corrupción.

En Honduras,  hay evidencia de recursos ociosos en la economía, sea por una falla estructural (rigideces de la estructura productiva), por falta de recursos de inversión pública, menor oferta de fondos prestables por la banca para apoyar ciertas actividades como la siembra de productos básicos, o por una caída de los montos de inversión extranjera directa. En estas condiciones, un mayor gasto de inversión con fondos públicos y manejados por el Banco Central para financiar al sector agroalimentario, infraestructura económica, vivienda popular y mi pymes, no tendrá el impacto inflacionario que se predice, más bien contribuirá a generar empleos y estabilidad monetaria al orientar gran parte de la inversión  a la producción de alimentos por ejemplo.

Honduras, como el resto de los países de la región, enfrenta un aumento de la inflación inducido por una presión de costos generada fuera del país, como ejemplo el aumento sostenido de los precios de los derivados del petróleo, aumento de los fletes y transporte, energía e insumos requeridos por el mismo sistema productivo. Se estima  en un 5.18% la inflación acumulada a mayo de 2022, y de 9.09% como inflación interanual.  La tasa de inflación anual al mes de diciembre de 2022 puede situarse entre un 11% y 12% según cálculos conservadores, lo que genera cierta inestabilidad al sistema económico.

La presión es hacia el gobierno para que adopte medidas contractivas (reducción de los medios de pago,  gasto público, aumento del encaje y de  la tasa de política monetaria) para disminuir la presión de demanda y aumentar el costo del dinero.  En el caso de la tasa de política monetaria (TPM) el argumento es que ha venido disminuyendo de 5.75% desde enero de 2019 (antes de la entrada del Covid-19)  a 3.0% en la actualidad, por lo que se espera un ajuste hacia arriba, lo que afectará sin duda los programas del gobierno de subsidio a la tasa de interés. Con la tasa de encaje legal sucede lo mismo, al observar una disminución de 12% a 9% en respuesta a los efectos del Covid-19 en las actividades económicas.

El gobierno no está muy anuente para adoptar estas medidas de política monetaria, por lo menos en la coyuntura actual, donde existe la decisión técnico-política por apoyar la producción de productos básicos y mi pymes, canalizando recursos a bajas tasas de interés, servicios de capacitación, insumos y asistencia técnica y financiera. En complemento a ello, la salud, educación, vivienda popular, ambiente y la infraestructura económica y social, son sectores o subsectores considerados prioritarios dentro del plan de gobierno 2022-2026, la propuesta política de la presidenta electa, Xiomara  Castro, a la colectividad nacional.

Hay que reconocer que el Banco Central de Honduras, que ha estado poco visible en estos debates, dispone de instrumentos de política monetaria y financiera para restar liquidez al sistema y evitar que los factores de expansión monetaria se disparen a valores por encima de lo que aguanta la economía hondureña, recalentada por un problema de sobreendeudamiento, crisis financiera de la ENEE y presiones políticas para honrar compromisos de campaña.

En el caso de la política cambiaria, se ha demostrado que un tipo de cambio flexible no es muy favorable para contener la inflación importada, ya que aumentaría el monto de recursos requeridos en moneda dura para importar y honrar compromisos de endeudamiento. Lo aconsejable  es evitar devaluaciones abruptas y minidevaluaciones programadas  (llevan un componente especulativo), y revalorizar la política de tipo de cambio fijo tal como se hizo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales; con un control más efectivo de la demanda de importaciones selectivas en bienes esenciales.

Los mayores recursos aprobados para el gobierno con cargo temporal a las Reservas Internacionales Netas (RIN), no son ni deben ser un cheque en blanco. Una acción importante, además de las prioridades de destino de los fondos establecidos por el BCH y SEFIN, es la conformación de la cartera de proyectos de inversión pública, ya que la cartera multianual que maneja SEFIN está incompleta. En esto la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) ya ha definido los sectores y subsectores prioritarios dentro de los cuales se insertan las prioridades de gasto de inversión apoyadas con recursos de las RIN.

Los Organismos Financieros Internacionales (Ofis) esperarían que todos o una parte importante de los recursos de las RIN se destinen al pago del servicio de la deuda, cubrir la deuda de la ENEE y de la Banca Privada Nacional. La mayor inflación hace que los pagos del gobierno  por deuda disminuyan (si no están indexados)  en términos reales, pero también aumenten las recaudaciones de impuestos; por lo que esta espiral inflacionaria puede servir de aliciente para que exista una política económica menos ortodoxa en el tratamiento de la inflación por el gobierno.  Hay que ir al origen de la inflación que enfrenta el país, no a los “posibles “propagadores como la inyección de más recursos a la economía provenientes de las RIN. 

Por el lado de la oferta, es claro que el apoyo a la producción alimentaria es una medida de política benigna con el desarrollo. Sin embargo, hay que establecer metas físicas y de canalización de recursos financieros por departamentos, municipios y rubros, privilegiando al apoyo a las economías campesinas de tierra dentro.  Implica  un monitoreo permanente de los bienes importados (¿más caros?) al amparo del RD-CAFTA que actúan como desaliento de la producción nacional cuando no hay desabasto. Ello es extensivo a los precios de los bienes de la canasta básica por regiones en toda la cadena de comercialización, aumentando las penas y decomiso del producto cuándo existe evidencia de ello.

La Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano), y otras universidades públicas en conjunto con la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), pueden ayudar a mejorar y aumentar la producción de insumos “criollos” para producir alimentos, muchos de los cuales son orgánicos, o sea no contaminantes, lo que contribuirá  a reducir la demanda de importaciones.

En caso del aumento de los derivados del petróleo, el gobierno debe acercarse a países productores como México y Venezuela incluso, pero a lo interno hay que disminuir el consumo que no sea apoyo a sectores productivos, transporte de carga, interurbano y urbano y gasto energético. La medida del “hoy no circula” debe ser evaluada, igual la potenciación de fuentes alternas de energía a nivel municipal.

Han surgido voces de actores privados, diputados de oposición y analistas económicos, que consideran que si no se ataca la inflación con medidas contraccionistas, tal como sucede en algunos países de la región Centroamérica, se puede desbordar, con los impactos negativos en  salarios y ahorros de las personas, entre las más importantes.  La mayor inflación presionaría por una mayor devaluación de la tasa de cambio, para no perder competitividad externa.

La orden del día para el gobierno, es que hay que ir a un programa de estabilización económica apoyado por el FMI, sin valorar los impactos negativos contraccionistas en la producción y empleo.  Se supone que  el “control” de la inflación generará más confianza en la banca internacional, disminuirá el riesgo país y aumentarán los flujos de inversión extranjera, pero la evidencia demuestra que no es algo garantizado, sobre todo el aumento de la inversión externa,  con las crecientes pérdidas de empleo e ingresos que genera la menor inversión publica.

La inflación tiene origen mayormente en un tirón de costos por bienes y servicios importados, no por demanda. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se queda corto cuando argumenta que el 40% de la inflación en Honduras es importada, es mucho más.

Todavía el gobierno de la República tiene un espacio para ejecutar una política económica menos contraccionista que la que promueve el FMI. Hay que confiar en las autoridades monetarias, donde las brechas productivas y sociales son tan grandes que ameritan decisiones en favor de los más necesitados. Implica generar mayor confianza entre los agentes económicos, con objetivos y medidas de política económica claras y alcanzables. Una de estas brechas, es que más de 3.7 millones de personas en el país enfrentan problemas de empleo (UNAH: Noviembre de 2021), donde la insuficiencia de los ingresos monetarios es evidente para la mayoría de ellos.

Todavía la mesa es para dos (2): gobierno y pueblo (incluye actores económicos, productivos y sociales). Una política de control de demanda, sobre todo de los medios de pago y aumento de la TPM, puede afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del gobierno de aumento de la producción alimentaria y generación de empleos. Hay que dar un compás de espera a las autoridades monetarias y fiscales, e introducir el gradualismo como principio de política económica heterodoxa. En tal sentido, el FMI debería esperar a ser invitado, después de valorarse los efectos e impactos positivos y negativos del programa de ajuste económico que se promueve por sus voceros en Honduras.

Tegucigalpa, DC, 14 de junio de 2022

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