Tegucigalpa.- Ante el uso indiscriminado de la fuerza y abuso de poder por agentes policiales y militares, evidenciado en las últimas semanas, la Red Hondureña por Escazú mostró su preocupación por la continuación de las dinámicas extractivistas y violación de los derechos humanos en el país.
En una conferencia de prensa, la Red exigió un alto al uso indiscriminado de la fuerza, la criminalización y judicialización de defensores y defensoras de la tierra y el territorio, y los conflictos socioambientales que persisten pese al cambio de gobierno.
Manifestaron su rechazo al uso indiscriminado de la fuerza y el abuso de poder a manos de elementos policiales y militares, quienes continúan ejerciendo una política de despojo territorial, criminalización y judicialización contra las defensoras y defensores de los bienes comunes, como ocurrió contra la comunidad Garífuna de Punta Gorda en el Caribe hondureño.
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Denunciaron la criminalización contra Reynaldo Barahona por la defensa de los bienes comunes del pueblo Tolupán, y Christopher Castillo de la Alternativa de Reinvindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), por su lucha contra la imposición de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
“Ambos defensores están siendo intimidados y estigmatizados por grupos de poder económicos y políticos que pretenden continuar con el despojo de los bienes comunes de la naturaleza”, lee el comunicado.
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NULA RESOLUCIÓN A CONFLICTOS HISTÓRICOS
La Red Hondureña por Escazú exteriorizó su preocupación por la continuación de la política extractivista, como es evidenciado ante la nula resolución a la problemática de las tierras del valle del Aguán, así como la entrega al capital privado de bosques y zonas protegidas como el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
“Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de gestión a los conflictos históricos, por parte del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, para poner un alto a la violación a los derechos humanos contra la población indígena, campesina y afrohondureña”, apuntaron.
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Ante este escenario nacional, las organizaciones que conforman la Red Hondureña por Escazú exhortaron al gobierno, sus instituciones y autoridades, a crear condiciones y mecanismos para la solución de los conflictos históricos, relacionados con la tierra y el territorio.
Pidieron se introduzcan medidas de reparación y no repetición ante los conflictos y los daños provocados por el capital privado, y se haga valer la participación, la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), y el consentimiento de las poblaciones.
Concluyeron, apuntando que la adhesión de Honduras al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, “abre las puertas para que Honduras avance en un verdadero reconocimiento de la labor de defensoría territorial, justicia ambiental y acceso a información”.
