El Congreso hondureño, supuestamente a falta de consensos, mantiene vivo el decreto 116-2019
Tegucigalpa.- A ocho meses de la instalación de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, el decreto 116-2019, que ha fomentado la impunidad y que ha blindado a varios legisladores corruptos en Honduras, continúa sin ser derogado a falta de consensos entre las distintas bancadas. Únicamente ha sido discutido en sus primeros dos debates y, según diputados oficialistas, todavía hace falta consensuar los 86 votos requeridos.
Con el transcurso del tiempo, la situación se vuelve compleja debido a que en el numeral sexto del borrador del memorando de entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno, con miras a la instalación de una Comisión Intrnacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, explícitamente ambas partes acuerdan necesaria la derogación del decreto 116-2019, “que limita las funciones al Ministerio Público”.
El decreto en cuestión, que rige la figura del Fondo Social Departamental, creado mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y contenido en el decreto 156-2018, ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas.
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En ese contexto sombrío, el decreto 116-2019 se ha convertido en un pacto de impunidad que ha maniatado al Ministerio Público, que no puede ejercer acción penal sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
DIPUTADOS BLINDADOS
El 1 de septiembre de 2022, una jueza emitió sobreseimiento definitivo en favor de Alberto Chedrani, diputado del Partido Nacional, a quien inicialmente se le acusó por delitos de fraude y lavado de activos. Mientras que por fraude se imputó a los excongresistas nacionalistas Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía. A Vicente León, al igual que a Chedrani, se le acusó por fraude y lavado de activos.
Chedrani y León, anunció el Poder Judicial, fueron beneficiados con sobreseimientos definitivos, mientras que Ramos Soto, Díaz y Mejía, todos acusados por fraude, con sobreseimientos provisionales.
CREACIÓN DE ONEGES PARA SAQUEAR FONDOS
Las personas investigadas, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), conspiraron en la creación de dos oenegés, Organización de Líderes Comunitarios para el Desarrollo (Olicode) y Organización de Impulso Solidario (Oimso), con el supuesto propósito de desarrollar 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán. Sin embargo, en un período comprendido entre 2013 y 2017, los proyectos únicamente se ejecutaron en un 5%, desviándose 18 millones 950 mil lempiras (772 mil 523 dólares).
Aun cuando la Uferco argumentó que presentó la suficiente carga probatoria, la determinación judicial ocurrió con rapidez, en plena audiencia inicial. La jueza natural que conoció el caso, amparándose en el controversial decreto 116-2019, desestimó las pruebas que presentó la Uferco y liberó de culpabilidades a Chedrani y a los cuatro exdiputados, al igual que a otras siete personas involucradas en el caso, por la comisión de delitos de receptación y falsificación de documentos.
DIPUTADOS NO VAN A QUERER PONERSE LAS ESPOSAS ELLOS MISMOS
El coordinador de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Marco Tinoco, dijo a Criterio.hn que es difícil confiar en diputados que, durante el anterior período legislativo, impulsaron la creación del decreto 116-2019.
“Es importante saber que algunas leyes no las van a querer derogar si consideran que, al hacerlo, que los primeros afectados van a ser ellos. Esos diputados que han sido corruptos y que han logrado mantenerse en el Congreso, no se van a querer las esposas ellos mismos las esposas, para irse a la cárcel”, argumentó.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo el 19 de abril de 2022 que, desde que asumió, su intención ha sido someter a votación del pleno de diputadas y diputados la derogación del decreto 116-2019, pero que todavía no podía realizarlo debido a que solo contaba, en ese momento, con la voluntad de 84 legisladores, cuando la derogación requiere de la mayoría calificada, es decir, 86 votos. Seis meses han pasado de aquello.
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“Estamos parados porque, aunque la derogatoria ha pasado en dos debates, poner el tercer debate en discusión dependen del presidente del Congreso, pero antes se debe consensuar que va a tener los 86 votos. De lo contrario, si los no se logra ese número, no va a tener sentido ponerlo en agenda”, argumentó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, en conversación con Criterio.hn.
Cuando se le consultó si sorpresivamente se sometiera a discusión la derogatoria y se evidenciara quiénes están en contra de la lucha anticorrupción, Barrios aseguró que “yo creo que, efectivamente, ese va a ser el último recurso si en ningún momento se llega a los 86 votos, porque así, públicamente, el presidente presentará la derogatoria ante el pleno y evidenciará a los corruptos. Eso tendrá un costo político altísimo”.
PARTIDO NACIONAL PONE CONDICIONES PARA BAJARSE EL 116-2019
Los diputados del Partido Nacional, que han sido los más favorecidos -junto a los del Partido Liberal- con la vigencia del decreto 116-2019, dicen que apoyarán la derogación con “ciertas condiciones”.
El 8 de septiembre de 2022, el congresista de ese instituto político, José Jaar, declaró a Criterio.hn que “nuestra posición es clara. Lo que estamos pidiendo es que si van a derogar el 116-2019, también deben hacerlo con la ley de amnistía política, que benefició a varios exfuncionarios que habían sido judicializados por delitos de corrupción, una vez que inició la administración actual”.
El 3 de febrero de 2022, el Congreso que preside Luis Redondo aprobó la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, una normativa que, a pesar de ciertas bondades, ha blindado y ha absuelto a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), entre ellos el exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza -ahora asesor presidencial-, y el exsubgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri. Ambos habían sido judicializados por delitos contra la administración pública.
POCO SERIOS Y MALINTENCIONADOS
Desde la perspectiva del analista político y exdiputado del Partido Liberal, Rodil Rivera Rodil, la posición adoptada por el opositor Partido Nacional es “poco seria” y “malintencionada”.
“El Partido Nacional, al pedir eso, solo pone en evidencia una posición que refleja más que todo su responsabilidad y su interés por evitar la derogación de esos decretos, porque afectaría a buena parte de sus diputados, varios de ellos envueltos en corrupción”, mencionó en entrevista con Criterio.hn.
Además de ello, mencionó que la supuesta intención de los diputados del Partido Nacional, quienes aseguran que respaldarán la llegada de la CICI al país, es falsa e hipócrita. “Al igual que lo hizo Juan Orlando Hernández con la Maccih, los diputados nacionalistas, con su renuencia a derogar ese decreto, están haciendo uso de una estrategia enfocada a retrasar, boicotear y anular la eventual llegada de la CICI, esa es mi interpretación de lo que pasa con el Partido Nacional”.
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El 19 de enero de 2016, el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron el acuerdo de instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), un ente que, a pesar de sus limitantes, presentó junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupcion (UFECIC) -hoy Uferco- distintos casos que develaron cómo diputados y funcionarios cometieron actos de corrupción.
Sin embargo, el 18 de enero de 2020, el Gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy proceso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, determinó no renovar el convenio de la Maccih. Pero, tras el ascenso de Xiomara Castro al poder, el 27 de enero de 2022, se iniciaron negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI), que contribuya al desmantelamiento de las redes de corrupción al más alto nivel del Estado.
El Gobierno, a través de la Cancillería, hizo público el 23 de agosto de 2022 la última actualización al borrador del memorando de entendimiento, del cual, a pesar de las reuniones entre Castro y el secretario general de la ONU, António Guterres, todavía no hay una contrapropuesta por parte del organismo internacional.
