Dos investigaciones del TSC, publicadas en 2017 y 2022, evidencian que su gestión como gerente administrativo del Pronaders se caracterizó por actos irregulares y poco transparentes
Tegucigalpa, Honduras. – El pasado 19 de mayo, la precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, presentó oficialmente a José Roberto Pineda Avilez como el precandidato a alcalde del Distrito Central por su movimiento «Avanza por la Justicia y la Humanidad».
Se trata de la apuesta del “juanorlandismo” para reconquistar la comuna capitalina, que actualmente dirige Jorge Aldana del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se impuso en las elecciones generales de 2021 al nacionalista David Chávez y rompió con seis períodos consecutivos de alcaldes del Partido Nacional.
Pineda Avilez, conocido como «Pitu», se presenta a sí mismo como un ingeniero civil con maestría en administración de proyectos, mientras que García lo definió en una entrevista con un medio televisivo como «una persona a quien conocemos desde hace muchos años».
«Trabajó en el gobierno de Juan Orlando y fue parte de la estructura de campaña en el Distrito Central. Es una persona con experiencia política y un excelente operador político», declaró García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está a la espera de ser sentenciado por narcotráfico tras haber sido hallado culpable por los tres cargos que le imputaron en una corte federal estadounidense el pasado 8 de marzo.
Pero, ¿quién es «Pitu»? Del precandidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central se sabe que fue funcionario de rango intermedio durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), y antes trabajó dentro de la alcaldía capitalina en la primera gestión de Ricardo Álvarez (2006-2010).
Entre 2011 y 2020, Pineda Avilez se desempeñó como gerente administrativo del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), cuando esta institución fue dirigida por Mario Pineda (2010-2019) y Nelson Márquez (2019-2021), y ahora, con 42 años, se perfila como un político con ambición de posicionarse dentro del Partido Nacional.
Pese a mantener un perfil desconocido hasta hace unos meses, su conexión con personajes como Ana García, Juan Orlando Hernández, Mario Pineda, Nasry Asfura, Nelson Márquez, Miguel Pastor o Mauricio Oliva, parece suficiente para tener un «empujoncito» dentro de esa estructura partidaria, debilitada por sus doce años continuos de gobierno marcados por actos de corrupción y vinculaciones con el crimen organizado nunca antes vistas, y sumergida en una completa incertidumbre política de cara al próximo proceso electoral.
Eso sí, no es la primera vez que «Pitu» busca un cargo de elección popular. Tras dejar la gerencia administrativa de Pronaders, en 2020, el entonces presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lo ungió dentro de su movimiento «Juntos Podemos» como compañero de fórmula de Juan Diego Zelaya, entonces precandidato a alcalde del Distrito Central.
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Ahora, «Pitu» deberá disputar la candidatura a la alcaldía capitalina justamente contra Zelaya, precandidato de Nasry Asfura, dentro de las elecciones primarias que se efectuarán el 9 de marzo de 2025. Sin embargo, a inicios de año, fue Pineda quien se perfiló como el precandidato del movimiento «Unidad y Esperanza», liderado por Asfura.
EL PASADO OSCURO DE «PITU»
Criterio.hn investigó que, a José Roberto Pineda Avilez, aunque proyecta una imagen de frescura y prolijidad, le persigue un pasado no tan transparente como exfuncionario público. Dos investigaciones hechas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Pronaders, una publicada en 2017 y la otra en 2022, evidencian que su gestión al frente de la gerencia administrativa del Pronaders se caracterizó por diversas polémicas, que incluyen sobrevaloraciones y proyectos no ejecutados, que lo han llevado a ser citado por los órganos de control del Estado.
Entre 2016 y 2019, Pronaders adjudicó contratos a 11 oenegés para realizar construcciones y reparaciones en centros educativos públicos, así como pavimentaciones de calles y otros tipos de obras, en Francisco Morazán, Choluteca, La Paz, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara y Copán.
Para ello, el Pronaders pagó L66,611,730.55, pero las oenegés solo ejecutaron L64,247,022.05, quedando L2,364,708.50 como diferencia pagada y no ejecutada.
Las oenegés eran Asociación Cambiando al Mundo, Comité Hondureño de Desarrollo Integral (COHDEI), Asociación Esperanza para Todos, Asociación Construyendo Vivimos Mejor (ASOCOVIME), Asociación para el Fortalecimiento de los Hondureños (AFH), Asociación una Respuesta para Andar, Fundación Comunitaria para el Crecimiento Integral (FUCREI), Asociación Hondureña de Pueblos Unidos para la Reducción de la Pobreza (ASHPURP), Asociación Creo en Ti, Asociación Mejorando Honduras, Fundación Hondureña Regalando Sonrisas (FUNHRESO).
El 28 de marzo de 2022, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), abrió una línea de investigación por la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos y asociación para delinquir tras identificar que, entre 2016 y 2021, se suscribieron convenios para proyectos de los cuales no existió seguimiento, supervisión y liquidación de fondos.
Los fondos, según indicó en su momento el Ministerio Público, fueron desviados para el beneficio propio y el financiamiento de campaña política. «Las personas objeto de investigación serían miembros de una presunta red compuesta por exfuncionarios, testaferros y particulares», agregó la Fiscalía, sin establecer nombres.
Aunque esta investigación del Ministerio Público podría apuntar a los extitulares de Pronaders, Mario Pineda (2010-2019), y al actual diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez (2019-2021) e incluso a Pineda Avilez.
Criterio.hn consultó a una fuente del Ministerio Público si José Roberto Pineda Avilez podría estar siendo investigado, pero no obtuvo respuesta. A dos años de que se abrieron las líneas de investigación, la Fiscalía hondureña no ha emitido ningún requerimiento fiscal ligado a este caso.
Otro de los hallazgos del TSC fue la sobrevaloración en una compra de 1,350 libras de café realizada a Inversiones Nacionales S. de R.L. La institución pagó L114,200 por el café, mientras que el TSC estableció que la cotización no debía superar los L57,105, lo que resultó en una sobrevaloración de L57,095.
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Ante este señalamiento, Pineda Avilez justificó la elección del proveedor argumentando que fue la única empresa que ofreció crédito, mientras que otros proveedores o supermercados denegaron este tipo de pago.
Otro punto de preocupación fue la detección de pagos irregulares a empleados de Pronaders, que incluyeron pagos duplicados de vacaciones y salarios superiores a lo establecido en los contratos. Pineda Avilez atribuyó estas irregularidades a un «error involuntario» del jefe de Planillas.
El TSC de igual modo detectó que entre 2016 y 2019 cinco oenegés contratadas por Pronaders subcontrataron a empresas naturales o empresas para la ejecución de proyectos, sin estar estipulado en los contratos o convenios suscritos entre las oenegés y Pronaders. Estas subcontrataciones ascendieron a L58,397,168.
José Roberto Pineda Avilez, en un descargo el 28 de junio de 2022, explicó que la gerencia técnica solo confirmaba que la oenegé estuviera registrada en el registro de oenegés del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), luego enviaba las oenegés seleccionadas a la gerencia administrativa para continuar el proceso.
Entre 2016 y 2019, el Pronaders no registró contratos de ejecución de obras civiles, correspondientes a 73 procesos de licitación, ante la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico). En respuesta, Pineda Avilez, mediante oficio del 14 de junio de 2022, admitió que «no se tomó en cuenta lo descrito en el artículo 35 de la Ley de Contratación del Estado» y aseguró que «de existir en un futuro la oportunidad de ser funcionario, se tomará en cuenta».
En 2018, Pronaders contrató consultorías externas para elaborar perfiles de proyectos destinados a la reparación y mejora de centros educativos. Estas contrataciones fueron realizadas sin establecer un límite presupuestario claro para los honorarios de los consultores, lo que impidió un control financiero adecuado, según el TSC.
De los 42 perfiles de proyectos elaborados, solo 12 fueron ejecutados, resultando en un gasto significativo e ineficaz para Pronaders. Pese a que la mayoría de estos proyectos no fueron ejecutados, el Estado erogó L4,150,313.95 para el pago a los consultores.
José Roberto Pineda Avilez explicó en un oficio del 14 de junio de 2022 que los proyectos a menudo se asignaban de forma verbal y que la asignación de fondos dependía del flujo de caja de la recaudación. Sin embargo, dijo que los fondos para la ejecución de proyectos siempre eran menores que los destinados para su formulación.
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El TSC agregó con relación a lo anterior: «Según lo manifestado en el oficio de fecha 14 de junio de 2022 por el ingeniero José Roberto Pineda Avilez, aclaramos que no presentó evidencia documental de las gestiones de fondos realizadas para la ejecución de los proyectos».
En el caso específico de la adquisición de equipos de cómputo, una investigación del noticiero Telenoticias, divulgada en 2015, expuso que Pronaders había participado en 2011 en una compra sobrevalorada de 18 computadoras de escritorio y 18 impresoras matriciales, generando un gasto excesivo para la institución. La compra la hizo Pronaders a un costo de L447,120 mediante licitación privada.
Concurrieron tres empresas y la ganó Representaciones e Importaciones de Honduras S.A. (REPRIMHSA), que fue propiedad de la familia Gutiérrez, pero cuyas acciones habían sido vendidas a uno de sus socios un año antes de la licitación privada. Cada computadora se vendió a un costo de L19,860 y las impresoras matriciales a L4,980. Las computadoras estaban sobrevaloradas por un monto de L177,480, según la investigación periodística.
Al igual que con REPRIMHSA, la familia Gutiérrez mantuvo sus tentáculos empresariales en Astropharma, empresa que participó en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
CAJA CHICA DISCRECIONAL Y SUS VÍNCULOS CON LOS PASTOR
Una caja chica es la disponibilidad de un fondo en efectivo para efectuar gastos pequeños o menores, dentro de una empresa o en una institución del Estado, para cubrir algunos gastos imprevistos. Sin embargo, una fuente anónima, que trabajó como contador dentro de Pronaders, reveló a Criterio.hn que José Roberto Pineda Avilez la utilizaba mensualmente, a discreción, y para la compra de alimentos para su consumo.
«José Roberto tenía una caja chica, en esa caja chica él compraba lo que quería de comida mensual, gastaba un aproximado de 10,000 lempiras en comida y él ganaba cerca de 50,000. Una vez Mario Pineda no le autorizó la caja chica y nos obligó a pagarla; había muchos abusos de autoridad, no entiendo por qué esta persona no ha sido investigada», dijo la fuente.
José Roberto Pineda Avilez está casado con Yolani Waleska Pastor Vélez, sobrina de Miguel Pastor, exalcalde del Distrito Central y exsecretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, actualmente procesado judicialmente por delitos de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos en el caso Narcopolítica.
El padre de la esposa de Pineda Avilez es Pablo Pastor, quien es primo hermano de Miguel Pastor. Su abuelo, Pablo Edgardo Pastor Melghem, era hermano de Sebastián Rodolfo Pastor Melghem, padre de Miguel Pastor Mejía, exalcalde del Distrito Central (1998-2002) y exprecandidato presidencial por el Partido Nacional (2005 y 2012).
Una investigación del periódico digital El Pulso, publicada en 2022, reveló que el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, contrató a Pastor Vélez como su asistente ejecutiva, devengando un salario mensual de 70,000 lempiras, pero sin contar con funciones laborales específicas.
