Tegucigalpa.- Las organizaciones populares, indígenas y campesinas, ante la entrada en vigor del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, exigen su despenalización.
En un comunicado señalan que la tierra constituye para ellos y ellas un elemento clave para su supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacci6n de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
Denuncian que a partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de sus organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
Además, denuncian que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
En el comunicado también condenan la criminalización contra los lideres y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del use indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una elite empresarial corrupta
Exigen a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpaci6n, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociaci6n, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Finalmente reafirman su compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un Llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.
