Redacción: Marcia Perdomo
Fotos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- Liderazgos de los pueblos indígenas exigieron la pronta adhesión e implementación por parte del Estado de Honduras al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
La excitativa fue realizada en el marco del Foro Nacional por la Adhesión al Acuerdo de Escazú, organizado por el comité nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés).
En representación de los pueblos originarios participaron: Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh); Martín Gómez Vásquez, del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (Milpah); Donaldo Allen, de la federación indígena que representa al pueblo Misquito de Honduras (MASTA); e Inés Ordóñez Salinas del pueblo Tawahka.
“Esperamos hacer efectivo eso que la presidenta Xiomara dijo en su primer discurso en la toma de posesión. No solamente los pueblos debemos ser buenos para unas cosas cuando a ellos les conviene, sino en esta parte de la repartición de derechos”, afirmó Martín Gómez Vásquez.
El líder Lenca remarcó que los pueblos originarios no están en contra del desarrollo, pero sí de las actitudes y acciones abusivas que se realizan desde el capital nacional y extranjero, y del mismo gobierno.
“Nosotros si queremos el desarrollo, pero queremos hacerlo nosotros por eso la esperanza en el Acuerdo de Escazú que nos va a brindar esas oportunidades una vez firmado y adherido el pueblo de Honduras”, compartió Gómez Vásquez.
Donaldo Allen del MASTA apuntó que en el marco de la selección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia es necesaria la representación indígena en este poder del Estado.
Recordó que hasta el momento se han elegido magistrados que han estado en contra de los intereses de los pueblos indígenas. “Nuestro mayor interés es implementar la justicia desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, pero sí en la Corte no se aplica esto, difícilmente habrá una comisión que dictamine a favor de los pueblos”, agregó.
También, reclamó que los pueblos originarios deben tener derecho a ser escuchados ante la justicia en su propio lenguaje. “Los pueblos indígenas debemos estar en todos los escenarios del país, no andamos aquí pidiendo limosna”, declaró.
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA
Durante el foro, los liderazgos de los pueblos originarios destacaron la importancia de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en las decisiones previo a la instalación de proyectos extractivos como el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.
Apuntó que es urgente la CPLI desde las poblaciones indígenas. Manifestó que “Patuca III fue un proyecto letal que no fue consultado, [en el que] fueron violados los derechos de los pueblos y que hoy amenaza las áreas protegidas” en las que Honduras tiene compromisos internacionales que cumplir y que al final no fue efectivo.
Ordóñez Salinas detalló que “la Consulta Previa, Libre e Informada da lugar a que los pueblos podamos opinar en qué sentido nos puede afectar o nos puede beneficiar un proyecto”.
Por su parte, el representante de Milpah, Martín Gómez Vásquez, sostuvo que desde el gobierno no hay una estrategia bien definida que involucre el consenso, el diálogo y la participación activa de los pueblos en la definición de la Consulta Previa Libre e Informada.
Ante la insistencia de funcionarios del Estado sobre la urgencia de aprobar y la disposición del actual gobierno de acompañar el proceso, Gómez Vásquez advirtió: “Una toma de decisión para la Ley de Consulta que venga desde el Congreso Nacional no es válida, una Ley de Consulta tomada desde la empresa privada no es válida”.
Por su parte, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh, indicó que, si bien, puede haber líneas generales sobre la Consulta Previa, Libre e Informada, propuesta que el Copinh ya trabajó con la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh); estas no deben ir en contravía al espíritu de los convenios internacionales en materia de los pueblos indígenas, como ha ocurrido en otras ocasiones.
“En ese sentido la estrategia sobre el tema de consulta es algo que le compete en principio a las organizaciones de los pueblos indígenas. El Estado, pienso yo, que la única estrategia que puede hacer es la de escuchar activamente y generar también estos mecanismos de participación”, destacó la lideresa Lenca.
En cambio, el Estado, sí puede “fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos integrales de los pueblos indígenas». Toda la institucionalidad tiene que educarse, capacitarse y cumplir en el tema de estos derechos”, afirmó la coordinadora del Copinh.
En los últimos años, la Red Hondureña por el Acuerdo de Escazú ha promovido la adhesión de Honduras al acuerdo homónimo señalando que es de vital importancia para el cuidado del medio ambiente y minimizaría los conflictos ambientales en el país ocasionados por los proyectos extractivistas.
Tras el triunfo de la presidenta Xiomara Castro se pensó que finalmente habría avances en el proceso de adhesión. No obstante, el tema se ha mantenido engavetado pese a las expectativas en abril que Honduras finalmente mostraba señales de estar dispuesto a consentir a la adhesión.
De acuerdo a datos proporcionados por UICN, a la fecha se registran 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú en América Latina, faltando aún Cuba, El Salvador, Venezuela y Honduras.
Por parte del Estado de Honduras participaron en el Foro Nacional por la Adhesión al Acuerdo de Escazú: el diputado y presidente de la comisión ambiental del Congreso Nacional, Óscar Ariel Montoya Rodezno; el viceministro de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Jorge Salaverri; y en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el director general de Protección al Migrante, Wilson Paz.
¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?
La actual coordinadora de proyectos de FIAN Honduras, Kelly Sorto, quien previamente formó parte del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), explicó en 2020 a Criterio.hn que el Acuerdo de Escazú insta al debido proceso, creación de tribunales de justicia ambiental, la reparación de daños causados al Estado y personas, por acciones presentes y futuras, entre otras.
Acciones que impactarían directamente en los sectores económicos, en especial las empresas extractivistas. Por medio del Acuerdo de Escazú, explicó Sorto, no podrían modificar leyes, normas u otros documentos que permitan bajar los estándares en relación a la conservación del medio ambiente o protección a defensores. Un ejemplo es que ya no podrían reducir las zonas de los núcleos de las montañas protegidas, como ocurrió con el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras; o pasar leyes que permitan la importación de basura de otros países.
Sorto pormenorizó que el Acuerdo de Escazú también daría un empuje legal al acceso a la información y la participación pública, garantizando el consentimiento de las comunidades, grupos indígenas y afrodescendientes sobre acciones que realizará el Estado; tomando en cuenta que la socialización que se realiza actualmente de un proyecto no es realmente una consulta informada a la comunidad.
En el tema de los defensores ambientales y comunicadores, Escazú sustenta el deber de protección a quienes por su trabajo son agredidos física y psicológicamente, suprimiendo las debilidades legales que han existido.
