Tegucigalpa. Los consejos indígenas Maya Ch’orti de Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula, Guatemala, se solidarizaron con la población indígena de Azacualpa, ante la militarización que viven a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a solicitud de las autoridades civiles del municipio, ubicado en el occidente de Honduras.
El pronunciamiento denunció la militarización del cementerio Maya-Ch’orti, con más de doscientos años de existencia, «con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad» indígena, y de esta forma «legalizar» a la fuerza «los abusos de empresas privadas, transnacionales, mineras e hidroeléctricas».
Los líderes de los consejos indígenas Maya Ch’ortí en Guatemala pidieron se respete la resolución de la Sala de lo Constitucional de noviembre de 2020, que ordenó parar las exhumaciones en el cementerio de San Andrés en Azacualpa, a manos de la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa).
De igual forma, exigieron respeto a los derechos individuales y colectivos del pueblo Maya Ch’orti en Honduras, resaltando que su separación es producto de la «frontera que nos impusieron», provocando el fraccionamiento de la población indígena.
A finales de octubre, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán -haciendo caso omiso a la orden de la Sala de lo Constitucional de noviembre de 2020- otorgó una orden judicial para que con «carácter de urgencia» se ordenara la exhumación, traslado e inhumación de los restos esqueléticos del cementerio ubicado en San Andrés, La Unión, Copán.
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A mediados de noviembre, el Bufete Estudios Para la Dignidad denunció la militarización del cementerio de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad.
La acción de militarización fue calificada como alarmante por parte del Bufete Estudios Para la Dignidad, pues según el profesional del derecho, Pedro Mejía, la misma tiene el propósito de «garantizar la vulneración de derechos fundamentales ya reconocidos por una sentencia de amparo emanada de la Corte Suprema de Justicia». Así como anular la resistencia de la comunidad que no desea la exhumación de los cuerpos de sus familiares.
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De acuerdo con el bufete, tanto la alcaldía de La Unión, Copán y la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), son los responsables de nuevamente impulsar el proceso de exhumación en el cementerio, alegando una emergencia geológica declarada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
El documento elaborado por COPECO exime de culpa a Minosa, aclarando que el posible deslizamiento geológico no está ligado a las actividades mineras generadas por la empresa minera, sino a la naturaleza del suelo.
El abogado Mejía explicó que en caso de existir un riesgo en el cementerio este fue creado por Minosa, y que en cualquier caso el peligro debería significar el cierre del cementerio; pero «no implica o no debería de implicar el traslado de los restos esqueléticos, como dice la resolución». Para él es claro que el objetivo del traslado es «derrumbar el cementerio para explotar el oro».
