Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El Comité de Afectados por Minosa y la comunidad Maya Chortí de Azacualpa impulsó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) una acción de nulidad en contra de las licencias ambientales otorgadas por dicha institución a la empresa Minerales de Occidente (Minosa).
La acción jurídica, presentada por los abogados del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández y Pedro Mejía, refiere que las nueve licencias ambientales de Minosa fueron otorgadas mediante fraude de ley y sin consentimiento del pueblo Maya Chortí.
El abogado Mejía indicó que fraude de ley, en este caso implica que el Estado decidió otorgar licencias ambientales a la filial en Honduras de la transnacional minera Aura Minerals, omitiendo o desconociendo la condición indígena del pueblo Maya Chortí en Azacualpa, La Unión, Copán.
Esto con el propósito de no verse obligados a realizar la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), amparada en el Convenio 169 de la OIT y que permitiría la participación activa de la comunidad para oponerse a los impactos que generarían la actividad de la empresa minera, indicó el profesional del derecho.
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“No existió tal consulta, se otorgaron las licencias ambientales sin participación y sin consentimiento de las comunidades y esto ha dejado graves impactos en las comunidades”, dijo el abogado Mejía en conferencia de prensa realizada frente al edificio de MiAmbiente en la capital hondureña.
Javier Madrid en representación del pueblo Maya Chortí de Azacualpa, exigió la anulación de las nueve licencias ambientales, afirmando: “somos seres humanos los que estamos en peligro, son 2,100 habitantes en nuestra comunidad y Azacualpa ya va quedando en alerta roja”, por las actividades de la minera.
También Ismael Trigueros alzó su voz en protesta, afirmando que como pueblo Maya Chortí no fueron consultados cuando se otorgaron las nueve licencias ambientales y las que están próximas a ser otorgadas. “No estamos de acuerdo, el pueblo Maya Chortí nunca ha sido consultado y las autoridades se han parcializado con la minera”, denunció.
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“Con esta acción queremos dejar claro que el proceso de resistencia territorial y el debate jurídico sobre el tema de las operaciones ilegales de Aura Minerals/Minosa en el territorio de Azacualpa va a seguir”, declaró el abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández.
El abogado además explicó que mediante la presentación de esta acción la autoridad de MiAmbiente tiene la oportunidad de revertir definitivamente las operaciones de la empresa minera, porque está siempre operó con un acumulado de ilegalidades públicas, en las que además participaron funcionarios del Estado de Honduras.
Fernández señaló que es una oportunidad y una obligación para que los funcionarios de MiAmbiente pasen del discurso contra la minería a cielo abierto, a acciones concretas que resuelvan y enfrenten el claro irrespeto jurídico de Minosa, que destruyó el antiguo cementerio Maya-Chortí de San Andrés pese a una sentencia de la Sala de lo Constitucional a favor de la protección de este.
