Por: Katerin Galo

_{El Congreso Nacional tiene plaza hasta el 11 de febrero para elegir, de una nómina de 45 candidatos y candidatas, a los 15 magistrados y magistradas que deberán integrar la nueva Corte Suprema de Justicia durante los próximos siete años.}

Tegucigalpa. – La elección de los nuevos magistrados y magistradas del máximo tribunal de justicia de Honduras se ha visto entorpecido por la falta de consensos entre las bancadas del Congreso Nacional, pues todos quieren poner a sus allegados para obtener una cuota de poder en la nueva Corte Suprema de Justicia.

Ante dicha polémica la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó una lista con los nombres de los 15 candidatos y candidatas que están dispuestos a apoyar, entre los que destacan la reconocida abogada, Ana Pineda Hernández, a quien proponen como presidenta de la nueva Corte.

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Dejando de lado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nueve diputados del Partido Salvador de Honduras y su presidente, Salvador Nasralla, se presentaron a la sede del Poder Judicial en Tegucigalpa, para proponer la lista de los-que a su criterio- son los mejores hombres y mujeres para estar al frente del supremo hondureño

Redondo ha quedado al margen por su cercanía con el oficialismo, de hecho, sus compañeros de bancada lo acusan de no obedecer a los lineamientos partidarios y de unirse a ultranza a los intereses del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).

Durante la conferencia de prensa brindada a medios de comunicación, el jefe de la bancada del PSH, Tomás Ramírez, expresó que su partido ha sido “responsable” con la elección e identificación de los mejores para integrar el Supremo hondureño.

En ese sentido explicó que su partido se dio a la tarea de elaborar una matriz que contiene las capacidades intelectuales de cada uno de los candidatos, así como su idoneidad e independencia.

En tanto, la diputada Maribel Espinoza sostiene que la nómina de 15 candidatos a magistrados presentadas por el PSH coincide con la de Libre.

Seguidamente, dijo que eso es bueno, porque quiere decir que el oficialista Partido Libre cuenta con los votos del Partido Salvador de Honduras, respecto a varios candidatos que aparecen en ambas propuestas.

Agregó que es fundamental lograr la independencia del Poder Judicial, para que no esté sometido al poder como lo estuvo antes y en ese sentido además “examinamos los criterios de idoneidad, integridad y ética”.

Al ser consultada sobre la propuesta para que la postulante Ana Pineda sea la presidenta del nuevo titular del supremo hondureño, respondió que la nominación de Pineda es porque fue la mejor evaluada por la Junta Nominadora, tener las mejores calificaciones y una conducta intachable en el proceso.

LA PROPUESTA DEL PSH

Los ungidos son los abogados y notarios: Ana Alejandrina Pineda Hernández, Tirza del Carmen Flores Lanza, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, Rebeca Lizeth Raquel Obando, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz Flores, José Ricardo Pineda, Roxana Liceth Morales Toro, Juan Wilfredo Castellanos Hipp, Milton Danilo Jiménez Puerto, Walter Raúl Miranda Sabio, Gaudy Alejandra Bustillo, Marco Vinicio Montes Tavarone y Marvin Rigoberto Espinal.

Igualmente presentaron los nombres de otros postulantes a considerar entre ellos, Aida Estela Romero, Aida Patricia Martínez Linares, Marta Delia Merino Conde, Linda Patricia Reyes, Malcolm Eduardo Guzmán, Francisco Javier Mejía Sánchez y Felipe Rene Speer.

El pasado 25 de enero, dando cumplimiento al plazo establecido en la Constitución, el Partido Libre presentó una moción nominativa con 15 candidatos y candidatas. La lista que fue presentada por el presidente de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, a eso de las 11:23 de la medianoche, difiere con la lista del PSH en la nominación de siete candidatos.

En aquella oportunidad, Libre presentó a los siguientes candidatos: Rebeca Lizette Ráquel Obando (Libre), Sonia Marlina Dubón Villeda (Libre), Francisca Villela Zapata (Indefinido) , Rubenia Esperanza Galeano Barralaga (Libre), Roy Pineda Santos (Libre), Mario Rolando Díaz (Indefinido), José Ricardo Pineda Medina (Libre), Mario Donaldo Acosta (Liberal), Felipe René Speer Laínez (Liberal), Odalys Aleyda Nájera Medina (Liberal), Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (Nacionalista) , Aída Patricia Martínez Linares (Indefinido), Milton Danilo Jiménez Puerto (Liberal), Anny Belinda Ochoa Medrano (Nacionalista) y Wagner Vallecillo Paredes (Liberal).

Las pretensiones del Partido Salvador de Honduras es que la exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, ocupe el lugar que por siete años ha osntentado Rolando Argueta Pérez, un cercano amigo del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), quien en la actualidad se enfrenta a un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

Al respecto, el presidente de esa institución política, Salvador Nasralla, dijo que lo que pretende el PSH es que Honduras tenga un Poder Judicial equilibrado y con magistrados que no defiendan los intereses de narcotraficantes y corruptos.

Nasralla explicó que la profesional del derecho es respaldada por una hoja de vida limpia y es una persona que “ellos conocen que no se puede doblegar” ante los intereses partidarios.

Seguidamente, dijo que lo ideal para los que están en el poder “es tener a una persona corrupta en los lugares claves para poder doblegarlos”.

El PSH-pese a haber realizado una alianza de hecho con el Partido Libre, durante las elecciones de 2022 que conllevó al triunfo de la presidenta Xiomara Castro- se ha venido manteniendo al margen en las negociaciones que se hacen a lo interno de las bancadas de los partidos Libre, Liberal y Nacional, quienes están cabildeando para la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030.

PERFIL DE ANA PINEDA

La togada y exministra de Derechos Humanos (2010-2014), Ana Alejandrina Pineda Hernández, con una nota de 93.22%, fue la postulante mejor evaluada por la Junta Nominadora durante el proceso de selección de candidatos y candidatas magistrados y magistradas del nuevo Poder Judicial. Otro punto a favor de Pineda es que tampoco fue tachada en el proceso.

Pineda nació en 1963 en el departamento de Santa Bárbara al noroeste de Honduras, años después se trasladó a Tegucigalpa -la capital del país- para cursar su carrera universitaria.

Se graduó como abogada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y además cuenta con un postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la máxima casa de estudios. A su currículum académico también se suma que cursó especializaciones en derechos humanos en la Universidad del País Vasco y en Costa Rica, es notaria y posee varios diplomados en Derecho Constitucional y técnicas legislativas.

Además, cuenta con varias especializaciones en temas de derechos humanos; Ética Pública; Transparencia y Anticorrupción; un diplomado en Derecho Constitucional y otro diplomado en Función y Técnica Legislativa.

Pineda es una mujer de amplia trayectoria profesional y se ha destacado en varios cargos como el de procuradora del Servicio de Defensa Legal del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Conadeh); consultora de organismos internacionales, procuradora desde 1989 y fundadora de varios programas desde el Conadeh orientados a la defensa de los derechos de la mujer y niñez.

Ente otros cargos, también se desempeñó como jueza supernumeraria del Juzgado de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH.

Durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se desempeñó como secretaria de Justicia y Derechos Humanos. Tras su paso como funcionaria pública fue injustamente criticada por promover la Ley de Telecomunicaciones que, de manera malintencionada los dueños de los medios de comunicación y el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, bautizaron como “ley mordaza”. La referida normativa pretendía la democratización del espectro radioeléctrico mediante la distribución equitativa de las frecuencias para los medios comerciales, públicos y comunitarios.

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Finalmente, Hernández logró imponerse —mediante negociaciones oscuras, junto a los medios de comunicación hegemónicos —y aprobó en el Congreso Nacional la “la ley de canje”, que sigue vigente y que permite el canje publicitario gubernamental a cambio del perdón de las deudas pasadas, presentes y futuras por concepto de todo tipo de obligaciones fiscales, sean estos impuestos, tasas, cánones e incluso los servicios públicos de los medios de comunicación y las empresas que formen parte de los conglomerados mediáticos.