Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El próximo lunes 20 y 27 de junio inicia el juicio contra los defensores Lencas de Reitoca, Wilmer Otoniel Alonzo Herrera y José Orlando Rodas García, quienes por oponerse a la instalación de un proyecto hidroeléctrico fueron acusados por el delito de usurpación.
En 2018, el Ministerio Público promovió el caso extendiendo un requerimiento fiscal contra los defensores del territorio Lenca en el municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán. En la zona se impuso un proyecto hidroeléctrico que amenaza su principal fuente de agua para consumo humano: el río Petacón.
En el requerimiento, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes aduce que en tres ocasiones, los imputados han participado en tomas, supuestamente violentas, en las que han impedido el acceso y libre circulación de los empleados, intimidaron al personal de seguridad, y provocaron supuestos daños por un monto de $1,439.90.
La empresa detrás de este proyecto extractivo es la empresa mercantil Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), que cuenta con financiamiento del holding italiano, Sorgent.E S.R.L., que a la vez es financiado por el Fondo Noruego de Inversión en Países en vías de Desarrollo (Norfund).
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En el requerimiento, la fiscalía pidió al juzgado se librara orden de captura contra ambos imputados, se procediera a tomarles declaración y se impusiera la medida cautelar de detención judicial.
Lo que el documento no cuenta es que en general la población de Reitoca ha mostrado una fuerte oposición al proyecto, argumentando que es responsable de bajar el caudal del río Petacón e impactar en la disponibilidad del vital líquido para consumo humano y la siembra de sus granos básicos.
El Consejo indígena Lenca de Reitoca se ha tomado las instalaciones de la alcaldía municipal por su repetitivo incumplimiento de las peticiones en la defensa de la lucha ambiental para la no construcción del proyecto hidroeléctrico Petacón.
Tampoco menciona que la licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta, en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca.
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De hecho, el licenciamiento se encontraba en 2020 en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, entonces conocida como Serna, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.
En 2019, pobladores y autoridades de la Junta de Agua de la comunidad de Reitoca denunciaron que intentaron envenenarlos al contaminar con herbicida el agua potable, con la que se abastecen 150 personas de 35 familias. Los pobladores dicen haber sido alertados por un olor extraño en el agua, por lo que decidieron inspeccionar y encontraron un bote de herbicida a la orilla del río.
Criterio.hn publicó en junio de 2020 una investigación de cuatro entregas en la que ahondó sobre quiénes son los inversionistas transnacionales involucrados, la criminalización contra los defensores del territorio Lenca, el impacto de la hidroeléctrica en el ecosistema de Reitoca y la huella social que ha dejado la hidroeléctrica en suspenso a una población que no para de migrar.
