ESPECIAL

RÍO PETACÓN

entre el poder

y la corrupción


Río Petacósn

Entrega II

Hidroeléctrica Petacón y la cacería de los ambientalistas lencas

Gobierno otorgó licencia sin consultar proyecto con comunidades 

Funcionarios del gobierno se han confabulado con inversionistas para criminalizar a defensores del río

Estructura militar y policial al servicio de ejecutores del proyecto 

Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -Un proyecto que prometió proteger el medio ambiente y generar desarrollo en la población, ha confrontado a dos empobrecidas comunidades, ubicadas en el corredor seco de Honduras donde la imposición ha sido el principal ingrediente

La instalación del proyecto hidroeléctrico del Río Petacón en los municipios de Reitoca y Lepaterique, Franciso Morazán, por parte de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha ocasionado una serie de violaciones de derechos humanos las que han tenido la participación directa de funcionarios del Estado y de las fuerzas militares y policiales.

El comportamiento estatal ha dejado al descubierto la protección para con los grupos de poder, en este caso representados por el empresario Jack Arévalo Fuentes, ideólogo de la hidroeléctrica y la criminalización de la defensa de los recursos naturales a manos de las indígenas lencas.

El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 24 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.

El principal agravante se registró desde el momento en que el exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, otorgó el 24 de mayo de 2011, la licencia ambiental sin una previa socialización y por ende consulta con las comunidades donde se ubica el proyecto diseñado para la generación de 14.8 MW de energía.

Laínez Ordóñez fue acusado en diciembre de 2018, pero en marzo de 2019 el Juzgado Penal de Francisco Morazán dictó sobreseimiento definitivo a su favor, pese a que el dilema por la violación al proceso ambiental sigue sin resolverse, pues el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

El río Petacón fue concesionado por 50 años a la empresa Progelsa para la instalación de un proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 14.8 MW

De acuerdo con la legislación nacional, antes de emitir la licencia, las autoridades ambientales debieron cerciorarse de que el proponente del proyecto había realizado un cabildo abierto con las alcaldías y la población de Lepaterique y Reitoca y esto se reafirma en el dictamen número 007-2013 emitido por la Comisión Nacional de Energía que refiere que la empresa Progelsa no presentó las certificaciones que avalen la socialización con el municipio de Reitoca e incluso menciona al municipio de Curarán. La única certificación presentada fue la socialización con Lepaterique.

Asimismo, una constancia extendida el 1 de septiembre de 2017 por el alcalde por ley de Reitoca, Modesto Funez Santos, establece que la empresa no socializó ni tampoco realizó la consulta ni efectuó cabildos abiertos para tratar temas relacionados a la construcción del proyecto hidroeléctrico y señala además que la corporación municipal no autorizó el permiso de construcción y operación, ni aperturas de carretera en el municipio.

En virtud de que el proyecto se encuentra en territorio lenca, también se registró la violación al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece la consulta libre, previa e informada para las decisiones relacionadas a las prioridades de los pueblos originarios y que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

José Manuel Rodas, un hombre de 80 años, quien es tesorero del grupo lenca “Nueva Esperanza”, asegura ser un auténtico lenca por haber nacido en un territorio de influencia ancestral lenca, descendientes del indio Lempira.

El Consejo Indígena Lenca asegura que Reitoca es territorio Lenca y por lo tanto denuncia violación a su derecho de autodeterminación porque no se les consultó previo a la instalación del proyecto. De su lado la empresa Progelsa asegura que la zona no tiene influencia indígena, porque así lo determinó un grupo de pobladores para lo cual extendieron una nota, misma que ha servido de argumento para alegar que no existe la obligatoriedad para realizar la consulta.

A José Manuel Rodas le molesta que pobladores de Reitoca y Lepaterique nieguen sus raíces lencas, pero lo que más le incomoda es que lo hagan a cambio de regalías por parte de la empresa Progelsa.

El mismo Estado los reconoce como lencas

El argumento empresarial pierde fuerzas porque el mismo Estado deja establecido que, tanto la población de Reitoca como de Lepaterique, tienen fuertes raíces lencas. Para el caso, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tiene una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registra 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas.

José Manuel asevera que la población de Reitoca se viene organizando y reconociendo su raíz lenca desde hace 31 años con la conformación de la Organización Nacional. Indígena Lenca de Honduras (ONILH), que nació para hacer efectiva la disposición constitucional contenida en el Artículo 346, sobre la protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de sus tierras y bosques.

El Consejo Indígena Lenca, que formalizó su creación a partir de 1996, sustenta sus raíces indígenas en un título ancestral certificado por el rey Felipe de Castilla de la corona española que data de 1735 y que cobija bajo su égida a los municipios de la zona sur de Francisco Morazán Lepaterique, Ojojona, Sabanagrande, Reitoca, Alubarén, Curarén y Nueva Armenia.

La organización de estos pueblos se llevó a cabo a través del Programa Nuestras Raíces, creado por el expresidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, en aquel entonces siendo director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Los propietarios del proyecto hidroeléctrico emprendieron la idea desde el año 2006, que fue cuando comenzaron a identificar los terrenos que necesitaban comprar para instalarse en la zona. Algunos líderes locales comenzaron a realizar trabajo de activismo desde ese entonces para hacer oposición, sin embargo, fue hasta el 2014 que comenzaron a formalizar su propósito y activaron el Comité Protección de Reitoca para exigir la suspensión del proyecto. En enero de 2017 se hizo una convocatoria junto a la Corporación Municipal y se acordó hacer las diligencias para frenar la construcción de la obra que inició en abril de 2016.

Para Wilmer Otoniel Alonzo, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, las instituciones del Estado se han confabulado a favor de la empresa, pese a que el pueblo es quien tiene la razón. Relató que enero de 2018 después de ejercer control territorial en la carretera Panamericana y de diversas reuniones, incluso con los accionistas de la empresa, no se les escuchó.

 El 15 de enero de 2018 el pueblo tomó la decisión de hacer el control territorial y despojar a la empresa de “nuestro territorio porque nos estaban invadiendo y ya se les había dicho que no podían estar en nuestro territorio, pero ellos insistían y no querían irse, entonces el pueblo tomó la decisión de ejercer control territorial, y así fue como ellos fueron saliendo de poquito a poco”, comentó Alonzo.

Proyecto hidroeléctrico sobre río Petacón ha violado derechos humanos de pobladores de Reitoca

El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 29 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.

Despojo de tierras

Mientras se iniciaba la lucha por la defensa del territorio los ejecutivos de Progelsa comenzaron a pactar la compra de terrenos. Para la construcción de la represa, la empresa afectó tierras ejidales por las que pagó 158 mil lempiras a la municipalidad de Reitoca, según respuesta de la alcaldía a una solicitud de información formulada por CRITERIO.HN a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO). En el caso de Lepaterique no se obtuvo respuesta.

Un informe de Progelsa de 2012 establece que todo el perímetro del proyecto se ubica en el sitio denominado Reitoca, el cual tiene tenencia de naturaleza municipal privado y una superficie total de 2,544.23 manzanas, de las cuales el proyecto solo se instalaría en 99.21 manzanas. Progelsa identificó las tierras y concluyó que los pobladores no tenían títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) ni por el Instituto de la Propiedad (IP).

Con base a esa exploración, la empresa identificó a 15 propietarios de tierras ubicadas en la zona del embalse, presa, conducción, tubería de presión y casa de máquinas, a quienes les pagó cantidades que oscilan entre 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 y hasta 100 mil lempiras.

Uno de los afectados por el uso de las tierras es Inocente Vásquez, quien nos comentó que la empresa le pagó 45 mil lempiras por manzana y media de una parcela que ocupaba para la siembra de granos básicos. El predio que era de Inocente se encuentra en la parte baja de donde se construyó la cortina de la represa y fue utilizada para la carretera que conduce al proyecto.

Inocente manifestó que cuando se le hizo la propuesta de comprarle la tierra,  él se negó, pero que el entonces alcalde de Reitoca, Manuel Meza, le respondió que la calle siempre se iba a construir. “Ellos le pusieron el precio, yo no quería vender”, dijo.

Inocente Vásquez, uno de los campesinos que vendió manzana y media de tierra a Progelsa, denunció que la empresa se tomó tierras adicionales a las vendidas por los 15 pobladores, que al igual que él, fueron coaccionados para que vendieran.

La manipulación de Progelsa

La resistencia siempre se ha dado en Reitoca, pues es la población más afectada porque el proyecto se encuentra aguas abajo. La gente de Lepaterique no le ha dado importancia a la temática y quienes se han pronunciado ha sido en defensa y se limita a la alcaldía y a un grupo de pobladores de la comunidad de Mulhuaca, que se encuentra en la zona limítrofe con Reitoca, quienes previo y durante la construcción han sido contratados como peones por la empresa Progelsa.

A partir de la construcción del proyecto en abril de 2016, entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, específicamente en la comunidad de La Gaudalupe, Reitoca, los pobladores comenzaron a protestar y en agosto de 2017 denunciaron ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente daños al ecosistema.

A raíz de los conflictos suscitados, la empresa Progelsa comenzó con una estrategia en busca de apoyo por parte de los pobladores de las comunidades aledañas al proyecto. Como ejemplo, el 29 de enero de 2017 un grupo de personas que se definen, mediante un manuscrito, ser ocupantes y propietarios del sitio Sucarán-Aguatal, de Reitoca, manifestaron estar de acuerdo con el proyecto. 

Posteriormente, el 12 de mayo de 2017 el patronato de la comunidad de Saracarán del municipio de Reitoca extendió una constancia manuscrita en la que sustenta el desarrollo de una reunión extraordinaria en la comunidad de Guadalupe, siempre en ese mismo término municipal, en apoyo al proyecto hidroeléctrico Petacón.

En esa misma lógica la alcaldía de Reitoca firmó una constancia, sin fecharla, poniendo en conocimiento a la banca nacional y extranjera que, en sesiones, la corporación había aprobado apoyar a la empresa Progelsa para que pudiera llenar los requisitos legales para la ejecución del proyecto hidroeléctrico utilizando las aguas del Río Petacón en el tramo correspondiente a la jurisdicción municipal.

En la nota la municipalidad refiere además que colaboró en la realización de cabildos abiertos con miras a socializar el proyecto y que también aprobó extender el permiso de construcción con base a un acuerdo común.

La nota fue firmada por Manuel Meza, supuestamente, en su condición de alcalde municipal. Meza fue detenido en junio de 2016 acusado por un crimen múltiple. El pasado 4 de marzo fue sentenciado a 146 años y ocho meses de prisión, de los cuales 120 años corresponden a seis delitos de asesinato y 26 años y ocho meses por dos delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

La versión de Meza quedó en el aire de acuerdo con una ayuda memoria elaborada por los técnicos de Progela, Dennys Canales y Alejandro Reyes, quienes participaron en una reunión con las fuerzas vivas y las autoridades municipales de Reitoca para aclarar las demandas de los pobladores. La nota señala que los “técnicos de Progelsa aclararon que no es la Corporación Municipal la que da permisos de construcción y operación”.

 Entre tantas imprecisiones, la empresa Progelsa también ha mentido porque el numeral nueve de las disposiciones generales de la Resolución número 1073-2011, mediante la cual se aprobó la extensión de la licencia ambiental a favor del proyecto hidroeléctrico, se establece que el permiso de operación debe ser extendido por las municipalidades de Reitoca y Lepaterique.

“El otorgamiento de la autorización ambiental y las medidas para el control ambiental, en ningún momento lo exime al proponente de obtener los otros permisos requeridos para la operación del proyecto”, se aclara además en el numeral 9 de la Resolución.

Evidentemente, tanto Meza como la empresa Progelsa mintieron en torno a la emisión de los permisos de operación y construcción, pues CRITERIO.HN solicitó información a ambas alcaldías sobre si existía algún permiso de operación a favor de la empresa Progelsa y la respuesta fue negativa por parte de la municipalidad de Reitoca, mientras que la alcaldía de Lepaterique se llamó al silencio.

La resistencia de los lencas

En medio de la crisis política derivada del fraude electoral de noviembre de 2017, los integrantes del Consejo Indígena Lenca de Reitoca y del Comité de Protección Reitoca, instalaron a partir del 15 de enero de 2018 un campamento en la entrada principal de la empresa Progelsa, en la aldea La Gaudalupe, Reitoca, con la intención de presionar la cancelación y cierre del proyecto.

En aquel momento los líderes comunitarios comenzaron a ser acusados de estar asociados con las maras y pandillas por varios medios de comunicación e incluso por la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Elsia Paz.

 El presidente del Comité de Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, quien firmó un convenio con la AHER supuestamente para ser veedor del respeto de los derechos humanos en el marco de la ejecución de proyectos de energía renovable, también se ha plegado a favor de Progelsa y en contra de los lencas de Reitoca.

En desalojo violento ejecutado por la Policía Militar del Orden Público dos líderes lencas resultaron con heridas de bala

El 30 enero de 2018, dos semanas después del inicio de la toma, llegó a la zona un contingente de la Fuerza de Tarea Morazán integrado por al menos 14 militares dirigidos por el teniente coronel, Francisco Javier Salgado Cambar, quienes lanzaron bombas lacrimógenas a las personas que estaban en el campamento y en medio del humo se escucharon ráfagas de disparos. Producto del incidente resultaron con heridas de bala, Mirian Geraldina Osorto Hernández y Andrés Avelino Gutiérrez, mientras que Magdaleno Flores y Orlando Rodas fueron golpeados por los militares, todos miembros del Consejo Indígena Lenca. Mirian recibió un disparo en la pierna izquierda y Andrés Avelino en el dedo índice de la mano derecha.

Las víctimas fueron atendidas en el Hospital Escuela el día del incidente, el 30 de enero, al día siguiente el 31 de enero, un policía y un fiscal de la Fiscalía Especial de Protección de las Etnias y Patrimonio Cultural fueron a ese centro hospitalario, pero no encontraron registro alguno porque Mirian y Andrés Avelino fueron tratados como pacientes ambulatorios y por órdenes del gobierno estos casos no estaban siendo registrados en aquel entonces, debido a la crisis política, derivada del fraude electoral de noviembre de 2017.

El desalojo fue perpetrado por elementos de la Fuerza de Tarea Morazán dirigidos por el teniente coronel Francisco Javier Salgado Cambar, mientras en las instalaciones del campamento de la represa se encontraban los guardias privados de Progelsa y el suboficial Ever Leonel Orellana al mando de 12 soldados resguardando la seguridad de las instalaciones, según un expediente del Ministerio Público.

El 2 de febrero de 2018, las víctimas se presentaron a interponer denuncia ante la Fiscalía de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural contra la Policía Militar por el delito de abuso de autoridad y lesiones.

En declaraciones vertidas, como parte de la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, nadie identificó a los militares que dispararon porque las armas supuestamente fueron disparadas en el mismo momento que lanzaron las bombas lacrimógenas, por lo que el escenario estaba nublado por el humo de las bombas.

Según los denunciantes los policías comenzaron a quitar los rótulos que tenían en los que se leía: “Territorio Lenca, Convenio OIT 169, el agua es vida”. El rótulo fue arrancado y tirado a orillas de una propiedad y una bandera nacional que tenían fue jalada y tirada al suelo por parte del teniente coronel Salgado Cambar, quien fue el único en ser identificado por los pobladores, al verle su apellido en el uniforme.

Los pobladores denunciaron que los militares los acusaron de estar bajo los efectos de la marihuana y de presionar para que la empresa les diera cuatro millones de lempiras. Asimismo, que les botaron los utensilios que tenían para preparar sus alimentos, los que fueron atropellados por una retroexcavadora.

Inicialmente, el hostigamiento fue contra 15 personas, pero con el paso de las horas el grupo se incrementó 120, todos, según el coordinador del Consejo Indígena Lenca, Magdaleno Flores, miembros de esa organización.

Producto del enfrentamiento, los campesinos fueron acusados por Progelsa de meterle fuego al bosque de la zona, pero mediante la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público aseveraron y establecieron que el incendio fue ocasionado por las bombas lacrimógenas lanzadas por los militares, pues éstas habrían impactado contra la maleza de un cerro.

Ese día los pobladores recogieron cinco casquillos largos color amarillo, una bomba azul redonda tipo cántaro, dos objetos ovalados tipo bomba, dos objetos cilíndricos y varios casquillos, según consta en una denuncia y que luego fueron presentados como evidencia.

Los lencas son los violentos: versión de los militares

Mediante un informe preliminar el teniente coronel Francisco Javier Salgado Cambar estableció que el 30 de enero, día en que se produjo el altercado en el río Petacón, él fue agredido por un manifestante quien lo atacó por la espalda, provocándole un golpe en la cabeza. También apuntó que fueron los manifestantes quienes provocaron el incendio forestal al lanzar un palo encendido, que uno de los manifestantes pretendió utilizar para incendiar un vehículo militar que se encontraba en el lugar.

En el reporte militar se dijo que los manifestantes eran violentos, que andaban encapuchados y armados de palos y piedras. Asimismo, que los amenazaron con sacar sus armas que tenían escondidas en el monte, pero nunca se evidenció dicho extremo.

Al presentarse a declarar ante el Ministerio Público, los militares negaron que hayan llegado a la zona para realizar un desalojo, pues aseguraron que llegaron a brindar “seguridad a unos polvorines”, lo que en léxico militar significa un posible escenario violento, esto debido a la toma que mantenían los pobladores.

Justicia encubre a los militares

En febrero de 2018 la Fiscalía Especial de Protección de las Etnias y Patrimonio Cultural solicitó al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Orlando Ponce Fonseca, un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Reitoca y Lepaterique, el 30 de enero de ese año, y de manera particular la lista con el nombre y apellido de los militares que participaron en el incidente.

Posteriormente, el auditor jurídico militar de las FFAAA., coronel de infantería José Estanislao Martínez López, respondió que la información se encontraba clasificada como reservada bajo la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos oficiales”.

A raíz de esta respuesta, la Fiscalía Especial de Protección de las Etnias y Patrimonio Cultural solicitó al Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán que, como diligencia prejudicial, ordenara al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Orlando Ponce Fonseca, entregara la información solicitada, sin embargo, el 11 de marzo de 2019 el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas declaró sin lugar la petición de la Fiscalía.

 En marzo de 2018 en reunión de cabildo abierto, realizada en las instalaciones de la alcaldía municipal de Reitoca, se declaró al municipio libre de concesiones mineras e hidroeléctricas. El pueblo indígena se ha amparado en los títulos ancestrales concedidos a su favor durante la colonia y en su derecho a la autodeterminación, pero en respuesta, las fuerzas de seguridad del Estado han desalojado los campamentos.

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Incendio del campamento y quema de la maquinaria

El 7 de septiembre de 2018, mientras los miembros del Consejo Indígena Lenca mantenían una toma en la zona, se reportó el incendio del campamento de la empresa Progelsa, que según los inversionistas dejó pérdidas millonarias al proyecto, que es financiado por capital extranjero.

La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Elsia Paz, catalogó el hecho como un acto de vandalismo y uno más de tantos perpetrados en los últimos ocho meses. Paz dijo, en aquella oportunidad, que el proyecto había sido saqueado porque se habían robado parte del equipo y material de los contratistas.

“Esto es producto de una oposición sistematizada que se está viendo a lo largo y ancho de Honduras”, apuntó Paz, quien a la vez estimó la inversión del proyecto en 56 millones de dólares para la generación de 14.8 megavatios de energía. Las pérdidas por el incendio fueron cuantificadas por Progelsa en $ 2,724,338.81.

 A raíz del hecho los medios corporativos iniciaron una campaña para posesionar ante la opinión pública que, por la presencia de “grupos violentos”, el proyecto de Progelsa y otros más se irían del país dejando millonarias pérdidas económicas y desempleo. Esta campaña contó con la participación de funcionarios del gobierno, empresarios adscritos al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), defensores de derechos humanos afines al gobierno, y también representantes legales de varias empresas mineras e hidroeléctricas.

Judicializados                      Como parte de una estrategia para desmantelar la resistencia al proyecto hidroeléctrico, la empresa Progelsa acusó a mediados de septiembre de 2018 por usurpación y daños a la propiedad privada a los líderes del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Wilmer Otoniel Alonzo Herrera y José Orlando Rodas García.

En audiencia de declaración de imputado celebrada el 31 de octubre de 2018, el Juzgado de Letras de lo Penal dictaminó decretar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, establecidas en el Código Penal y que se resumen en no salir del país, presentarse a firmar todas las semanas al tribunal de justicia y no acercarse al proyecto hidroeléctrico Río Petacón.

“Ellos pretenden desmovilizar a la gente, piensan que mi persona y otro compañero (José Orlando Rodas) somos los que lideramos esta lucha, pero están equivocados porque aquí es todo el pueblo. Yo soy un miembro más que ha estado a favor de esta lucha al igual que todo el pueblo”, dijo Wilmer Otoniel Alonzo.

Wilmer Otoniel Alonzo y José Orlando Rodas han sido judicializados por los delitos de usurpación y daños a la propiedad privada por suponerlos responsables de la quema de las instalaciones del plantel de la empresa Progelsa.

La represión contra los defensores del Rio Petacón también ha involucrado a la Policía Nacional y Cobras, quienes mediante un contingente que se trasladó a Reitoca el 24 de abril de 2019 reprimieron violentamente una nueva protesta de los indígenas de la etnia lenca, resultando herido de bala en la pierna izquierda, Ever Josué Ramos, un joven de 19 años.

En virtud de los ataques y actos de violencia en su contra, siete defensores del río Petacón recibieron medidas del Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos.

Magdaleno Flores, uno de los beneficiarios de las medidas y coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, denunció que recientemente un desconocido le montó vigilancia frente a su casa, pero que el Mecanismo nunca activó ninguna medida a su favor, pese a que llamó en reiteradas ocasiones. Durante una reunión virtual sostenida en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, contó que el Mecanismo les ofreció la dotación de carnés. “Pero, un carné guindado en el pescuezo no me va a proteger de las balas”, dijo Flores a modo de reproche.

Magdaleno Meza, coordinador del Consejo Indígena de Reitoca, ve con desconfianza el papel del Mecanismo, pues dice que, pese a que ya se ha comprobado que el proyecto hidroeléctrico es ilegal, les ha planteado que se sienten a dialogar con los ejecutivos de Progelsa.

Miedo y violencia un patrón que se instaló en Reitoca

Además de las violaciones de derechos humamos por el conflicto generado por la construcción del proyecto hidroeléctrico, los pobladores de Reitoca se han visto afectados por otras violencias locales, como los episodios violentos atribuidos al exalcalde Víctor Manuel Meza.

Orlando Rodas, líder del Consejo Indígena Lenca, comentó que cuando estaba en funciones el exalcalde Meza, se registraban hasta dos asesinatos por año, cuando en su pueblo ha existido una relativa tranquilidad, pues antes se registraba un crimen cada quince años.

Recuerda que, en ese periodo violento, que fue cuando comenzó a hablarse de la represa, la gente optó por llamarse al silencio ante el temor a ser asesinados.

Visitamos Reitoca y varios de nuestros entrevistados coincidieron en que el exedil era violento, que sembraba miedo y terror y que todo ello obedecía porque había negociado a espaldas de los pobladores la ejecución del proyecto hidroeléctrica de la empresa Progelsa.

Durante la administración de Víctor Manuel Meza, en Reitoca se registraron 14 homicidios, de los cuales seis han sido atribuidos al exalcalde, quien el pasado 4 de marzo fue sentenciado a 146 años y ocho meses de prisión por seis delitos de asesinato y dos delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

Como parte de su estrategia para mantenerse en el poder y para conquistar la voluntad de los ciudadanos, Meza repartía pollos asados, piñatas y confites a su nombre, pero según nuestros entrevistados eran regalías que recibía de los ejecutivos de Progelsa para conquistar a los pobladores y que estos dieran el visto bueno para la ejecución del proyecto.

Antes de ser capturado, Meza había acumulado un capital que para los pobladores de Reitoca resulta difícil de sustentar porque cuando asumió la corporación, en el primer periodo, no tenía bienes. Sin embargo, al final, terminó con volquetas de doble rodaje y rutas de buses interurbanos y ganado.

Meza buscaba un tercer periodo bajo las filas del Partido Nacional, pero el crimen lo sacó del ajedrez político. Sin embargo, en un arreglo con el Partido Liberal ungió a su concuño, Marlon Osorto, para que lo sustituyera en la alcaldía. El arreglo se dio porque no había confianza en que el candidato del Partido Nacional, Alexis Oliva, apoyara el proyecto.

“El candidato nacionalista nos dijo a nosotros: miren va a estar difícil para los que están apoyando eso de la lucha del río. Allá en Tegucigalpa nos dijeron que quien tenía que ganar aquí, era el Partido Liberal”, relató Orlando Rodas.

Ofrecimientos a cambio de consulta

Rodas comentó además que, el regidor nacionalista Alexis Oliva, les relató que, en el marco de una reunión sostenida en enero pasado entre el gobernador departamental de Francisco Morazán y los miembros de la Corporación Municipal, el gobierno les mandó a proponer a los dirigentes comunales una reunión con el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, para darles proyectos a cambio de retomar la consulta para la ejecución de la hidroeléctrica.

Posteriormente, en una asamblea comunitaria los pobladores rechazaron la propuesta del gobernador departamental, cerrando así cualquier probabilidad de acercamiento con la empresa Progelsa.

En marzo de 2018 en reunión de cabildo abierto, realizado en las instalaciones de la alcaldía municipal de Reitoca se declaró al municipio libre de concesiones mineras e hidroeléctricas, pero hasta el momento la decisión ha sido invisibilizada.

Honduras sigue en la mira por no cumplir consulta previa

A pesar de que el Estado hondureño ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, no ha cumplido con los parámetros de la consulta libre, previa e informada.

El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, recuerda que los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) establecen que para que una consulta libre, previa e informada sea legítima tiene que cumplir con tres requisitos: una consulta libre previa e informada, que las comunidades se beneficien razonablemente de los proyectos y que se realicen estudios de impacto ambiental, social y cultural.

En una entrevista con CRITERIO.HN, Mejía Rivera, pormenorizó que la consulta solo podrá ser previa, libre e informada, cuando sea de buena fe, “es decir, que la gente tenga todos los elementos para tomar una decisión; en segundo lugar que las comunidades se beneficien razonablemente de los beneficios de los proyectos, pero eso no significa que la empresa o el Estado construyan una escuela, eso no puede ser, porque la escuela es una obligación del Estado en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales; y la tercera obligación, es que se realicen estudios de impacto ambiental por instancias independientes, bajo la coordinación del Estado y la participación de las comunidades interesadas”.

La concepción legal sobre lo relacionado al medio ambiente y al beneficio de las comunidades se ha interpretado en Honduras a favor de los inversionistas de la explotación de los recursos naturales, pues el gobierno avala estudios de factibilidad ambiental preparados por las propias empresas explotadoras y admite como beneficio, regalías efectuadas por los inversionistas que distan de los ingresos de los proyectos.

 A modo de ejemplo, la empresa Progelsa estima una proyección social de 20 millones de lempiras en proyectos educativos, de salud, infraestructura y otros aportes que constan en compromisos asumidos con las alcaldías y patronatos de las comunidades y otras regalías como aportes para el desarrollo de encuentros deportivos y ferias patronales.

La empresa Progelsa donó 800 bolsas de cemento para la pavimentación de las calles de Reitoca en el año 2013, según consta en un recibo firmado por el exalcalde, Víctor Manuel Meza. En el recibo se estableció que el cemento se entregó como adelanto de Impuestos Sobre Industrias, Comercio y Servicios o Volumen de Ventas, una vez entre en operación el proyecto de generación de energía eléctrica sobre el río Petacón.

La CIDH ha condenado en dos ocasiones al Estado de Honduras por los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, relacionado a las comunidades garífunas por la falta de la consulta previa.

Al ratificar el convenio de la OIT, Honduras se comprometió a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio. 

En febrero pasado la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Zúniga Cáceres, denunció que en el Congreso Nacional hay tres propuestas de la Ley de Consulta Previa e Informada y que todas son lesivas para los pueblos originarios.

En enero pasado el diputado oficialista, Óscar Nájera, quien ha sido señalado por las autoridades de los EE. UU. de tener nexos con el narcotráfico, fue nombrado presidente de una comisión especial en el Congreso Nacional para la elaboración de una Ley de Consulta Previa e Informada. El borrador de ley, que cuenta con el beneplácito de la empresa privada, ha sido rechazado por los pueblos originarios por considerar que responde únicamente a los intereses del capital nacional y transnacional.

“Ahora empezaron a ofrecer viajecitos, empezaron a ofrecer algunas prebendas, a mí no, pero yo me di cuenta de que estaban ofreciendo prebendas y viajes al exterior con una sola finalidad, con la finalidad de que esta Comisión metiera esa ley y que fuera aprobada al interior del Congreso”, dijo a CRITERIO.HN el diputado del Partido Libertad y Refundación y miembro de la Comisión Legislativa de Energía, Edgardo Castro.

Sobre el particular, Joaquín Mejía Rivera, manifestó que la propuesta de ley es contraria a los estándares internacionales.

Coalición Contra la Impunidad

El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, dice que en Honduras existe un marco de violencia estructural y sistemática en contra de los defensores del medio ambiente.

En el informe de 2019 la CIDH estableció que durante su visita in loco constató que las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en Honduras. “Estas personas enfrentan la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios”, estableció en sus conclusiones la instancia.

Ante la situación adversa, la CIDH recomendó al Estado de Honduras iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efecto de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.

 

CRITERIO.HN te presentará en la próxima edición el impacto ambiental generado por la construcción de la represa hidroeléctrica Río Petacón.

Los actores clave de la hidroeléctrica Río Petacón

Jack Arévalo Fuentes - Progelsa
Ideólogo del proyecto

  • Empresario y político.
  • Fundador de la empresa Promotora de Energía Limpia S.A. de C.V. (Progelsa), empresa concesionaria del proyecto hidroeléctrico Río Petacón
  • Exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (1986-1990)
  • Socio fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER)
  • Gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010)
  • residente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002).

Sorgent.e. Chile SPA y Sorgent.E Srl

  • Sorgent Chile SPA ostenta actualmente el 42.98 % de las acciones de Progelsa, superado por Bancafé que cuenta con el 57.03 % y muy por encima de Sorgent.e s.r.l que apenas tiene el 0.000000037 %.
    Sorgent Chile SPA, es una filial del holding italiano Sorgent.e s.r.l y su accionar ha sido similar al de Progelsa en Honduras, pues se fundó en Chile el 27 de noviembre de 2012 y desde entonces ha venido adquiriendo en el país sudamericano acciones de empresas hidroeléctricas como Hidromaule S.A., Hidroeléctrica Río Lircay S.A. e Hidroeléctrica Providencia S.A. También ha entrado en sociedad con la industria inmobiliaria.
    Mediante una modificación a la escritura de Progelsa, el 7 de agosto de 2015, se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando como presidente, Danielle Boscolo Meneguolo, quien es el representante legal de Sorgent Chile SPA.
    Sorgent.e s.r.l es parte del conglomerado empresarial Sorgent.E, con más de 25 años de experiencia e integrado por las empresas Sorgent.e. Mangement, STE Energy y MJ2 Technologies, con sede de Padua, Italia, dedicado al desarrollo de proyectos en los sectores financiero, inmobiliario y de generación de energía eléctrica. En este último, cuenta con una experiencia de más de una década, con más de 50 proyectos desarrollados en 29 países de Europa, África y América.
    Como parte de la clientela de STE Energy figura la empresa Progelsa de Honduras con quien desarrolló entre los años 2016-2018 un proyecto de suministro y montaje “llave en mano” de obras electromecánicas mediante dos turbinas Pelton con una potencia de 7,500 KW.

Banhcafe

  • El 29 de marzo de 2016 el Consejo de Administración de Progelsa autorizó la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto Río Petacón con el Banco Hondureño del Café S.A. (Bancafé) por lo que el 6 de septiembre, la institución bancaria adquirió 414,020 acciones como fiduciario y el 21 de marzo de 2017, mediante una nueva protocolización, logró obtener 1,543,520 acciones, convirtiéndose desde ese entonces en el poseedor del 57.03 % del total las acciones.

Los actores clave de la hidroeléctrica Río Petacón

Jack Arévalo Fuentes - Progelsa
Ideólogo del proyecto

  • Empresario y político.
  • Fundador de la empresa Promotora de Energía Limpia S.A. de C.V. (Progelsa), empresa concesionaria del proyecto hidroeléctrico Río Petacón
  • Exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (1986-1990)
  • Socio fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER)
  • Gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010)
  • residente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002).