Analistas sostienen que la estrategia de manipulación mediática busca dividir y crear terror en la población, para que desde las disparidades se pierda el sentido de una estrategia conjunta de defensa de la soberanía
Fotos: Horacio Lorca y Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Promoviendo un ambiente de desasosiego en la población luego de elevar en medios de comunicación una millonaria demanda contra el Estado de Honduras, Próspera anunció que ayer martes —20 de diciembre— presentó la documentación solicitando arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
Argumentando que la acción busca “protegerse de las violaciones al derecho internacional y hondureño”, la derogada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) manifestó que ellos hicieron “todo lo razonablemente posible para evitar la presentación de las demandas, pero el gobierno de Honduras sigue negándose a cooperar,” con lo que ellos consideran son sus “continuos esfuerzos para encontrar una solución negociada”.
Mediante un comunicado de prensa, Próspera sostuvo que “dependiendo de cómo decida proceder el Gobierno de Honduras” la cuantía de daños de sus inversionistas podría ascender hasta a USD $10,775 millones de dólares.
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Se debe acusar por traición a la patria a quienes hicieron posible las ZEDE y la cancelación de la ciudadanía a hondureños que colaboren con extranjeros para perjudicar a Honduras, entre medidas planteadas para defender la soberanía del país.
ESTRATEGIA DE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
Este nuevo anuncio de Próspera es la continuación de presiones ejercidas desde los medios de comunicación corporativos, en los que exigen que el Estado de Honduras reconozca lo que ellos califican como sus derechos, entre ellos la garantía de permanencia en el país bajo la figura de las derogadas ZEDE por 50 años.
Esta continua amenaza de una millonaria demanda contra el Estado de Honduras es calificada por algunos defensores de la soberanía como una clara estrategia de manipulación mediática.
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, dijo a Criterio.hn que esta manipulación mediática está alimentada por medios de comunicación locales y expertos o expertas que terminan convirtiéndose en representantes de la empresa transnacional.
Carlos Sierra lamentó la intencionalidad de medios de comunicación corporativos y de Próspera de desinformar a la ciudadanía, mencionando demandas o afirmando que hay demandas ya admitidas, cuando un arbitrio es un proceso muy diferente. Por otra parte, el defensor apuntó que el Estado debe proporcionar información oficial sobre lo que está ocurriendo.
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“Lo que está haciendo Próspera, posiblemente, es generar una presión mediática más que una presión jurídica, que reitero un arbitrio no es una demanda. Un arbitrio es un espacio para poder conciliar”, manifestó Sierra.
La diputada, abogada y experta en derecho constitucional, Maribel Espinoza, al ser consultada sobre el tema por Criterio.hn, manifestó: “Indudablemente es una estrategia de comunicación. Sin embargo, lo importante es que Honduras haya contratado a los mejores abogados extranjeros para ver el tema”.
Espinoza, quien presentó el proyecto de ley que derogó las ZEDE, señaló que “entre tanto, aquí en Honduras se debe acusar por traición a la patria a quienes hicieron posible las ZEDE y además pedir la cancelación de la ciudadanía a los hondureños que colaboran con extranjeros para perjudicar a Honduras conforme se establece en la Constitución”.
LA DESINFORMACIÓN COMO ESTRATEGIA
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, indicó a Criterio.hn que Próspera al igual que el resto de las extintas ZEDE desde un inicio han sostenido una manipulación mediática desde el momento en que las ciudades privadas fueron negociadas en el marco de la secretividad.
Castillo expresó que esta estrategia ha cambiado, modificando el discurso, “ya no en un tono de una promesa de desarrollo, sino en un tono de amenaza contra el Estado de Honduras” .
Esta manipulación tiene dos fases, dice el coordinador de ARCAH. Por una parte el exorbitante monto por el que dicen demandar a Honduras —USD 10,755 millones—, y el segundo punto, colocar la narrativa en los medios de que han buscado el diálogo y el gobierno es quien no ha respondido.
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“Con esto logran entrar en una estrategia de culpar al gobierno y redirigir las miradas y voces a que el gobierno es intransigente y que el mismo pueblo comience a criticarlo. Es una estrategia de manipulación divisionista, que busca crear terror para que las personas en ese umbral de preocupación comencemos a tener disparidades o a perder el sentido de una estrategia conjunta”, explicó.
La fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, coincidió en que la campaña de desinformación por parte de Próspera comenzó desde que iniciaron operaciones en el país, puesto que no hay claridad sobre temas susceptibles como inversión realizada a la fecha o la cantidad de empleados reales.
“El pago de pauta publicitaria, las publicaciones en redes sociales, las intervenciones en diversos medios de comunicación, entre otros, todos van orientados a desacreditar la validez de la derogación bajo preceptos constitucionales y disminuirlo a aspectos ideológicos y no conceptos fundamentales del Estado de derecho, de nulidad de origen, queriendo imponer una agenda de miedo en la población”, compartió la defensora de la soberanía.
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En la misma línea que Carlos Sierra, Jimena García Merino remarcó que a la fecha solo resta esperar que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) resuelva primero si el arbitraje procede, existiendo la posibilidad de que este sea desestimado.
En caso que el arbitraje sea viable, se procedería al proceso de selección de árbitros, uno elegido por Próspera, otro por Honduras y el tercero por ambas partes. Con esto se daría inicio al proceso de arbitraje en el que ambas partes presentarán sus argumentos debidamente justificados con evidencia, y conforme a estos los árbitros emitirán un fallo, refirió Garcia Merino.
La defensora de la soberanía remarcó que “como hondureñas y hondureños respetuosos de nuestra Constitución y defensores de nuestra Patria y Patrimonios, no nos debemos dejar atemorizar y debemos continuar respaldando la consigna ciudadana no partidaria: ‘La Patria no se presta, no se alquila ni se vende, se cuida y se defiende”.
