Portada: playa de Satuyé en La Ceiba, Atlántida. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- En teoría es una propuesta positiva, pero su aplicación abre un abismo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, aseguran organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se trata de la Propuesta 30×30, un plan que pretende convertir el 30% de los océanos y el 30% de las zonas terrestres y agua continentales en “áreas protegidas” para el 2030.
Convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030. Esa es la ambiciosa propuesta que se discutió en la Cumbre sobre Biodiversidad, el pasado 30 de septiembre, en el marco del 75 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Nada mal, no? Excepto que “también supone un riesgo grave para los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, según planteó Amnistía Internacional en sus recomendaciones a los Estados antes de la COP15 (Convenio sobre la Diversidad Biológica), que se celebrará entre 7 al 19 de diciembre en Montreal, Cánada.
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La organización señaló que una investigación realizada en áreas protegidas existentes en Camboya, Kenia, Nepal, Tanzania y Uganda, reveló violaciones de derechos humanos en gran escala.
Entre estas violaciones destacan: desalojos forzosos de tierras ancestrales; la destrucción de prácticas culturales; detenciones arbitrarias de miembros de comunidades que protestaban bajo la figura de “ocupación ilegal” de sus tierras ancestrales; la negación del derecho a los medios de subsistencia, la salud y la educación; la falta de obtención de consentimiento libre, previo e informado, así como asesinatos contra grupos indígenas a manos de guardas de los parques y soldados del ejército.
ÁREAS PROTEGIDAS EN HONDURAS
Para conocer de primera mano no es necesario viajar lejos. Esta realidad la han vivido y resistido el pueblo garífuna de Honduras, desde hace varias décadas con desalojos de sus tierras ancestrales en las comunidades de Cayos Cochinos y la Bahía de Tela. Las cuales pasan a ser convertidos en zonas protegidas, que posteriormente pasan a manos de fundaciones que las mercantilizan.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) ha denunciado este tipo de propuestas, especialmente este año cuando se declaró como sitio de importancia para la Vida Silvestre a Iriona y Limón, ubicado en el área marina de los municipios homónimos, en el departamento de Colón, con una extensión de más de 145 mil hectáreas.
Sobre el tema, manifestaron: “El proyecto en cuestión [Iriona y Limón] forma parte del 30X30 (30% del planeta convertido en areas protegidas para el 2030), el que esta convirtiéndose en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas del planeta”.
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En marzo de 2022, Ofraneh publicó desde sus redes sociales que el plan “30×30 sin reconocimiento real del derecho a la consulta previa, libre e informada, supuesta conservación se convierte en despojo y violaciones a derechos humanos. Tal como ha sucedido en el caso de Cayos Cochinos, donde desde 1993 se viene impulsando la expulsión de garífunas”.
La organización incluso identifica a Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, como un “experimento de conservación de fortaleza a inicios de la década de los 90’s”, en el que se intentó relocalizar a la población indígena con apoyo de instituciones conservadoras y empresarios.
Además, señalan que “la militarización es parte esencial de la conservación de fortaleza, la que incluye la expulsión de las comunidades”. Un ejemplo de este particular es la represión contra los pescadores garífunas en el archipiélago de Cayos Cochinos.
¿QUÉ ES LA CONSERVACIÓN DE FORTALEZA?
Para definir la conservación de fortaleza, Amnistía Internacional cita el Informe de la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el que se especificó que este modelo incluye “el desalojo forzoso de los pueblos indígenas y las comunidades locales de las áreas protegidas, y el uso de la fuerza militar para impedir su regreso”.
Agregando, que el objetivo primordial de la conservación de fortaleza es “preservar estrictamente la naturaleza haciendo hincapié en la conservación de la diversidad biológica y que para gestionarlas era necesario que estuvieran deshabitadas o que sus recursos naturales no fueran utilizados por las personas. En sus peores formas, se consideraba que era legítimo y estaba moralmente justificado utilizar la fuerza para expulsar a pueblos que residían en ellas y proteger la diversidad biológica”.
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En sus conclusiones, Amnistía Internacional señala que la propuesta 30×30 puede constituir un paso importante para proteger la biodiversidad del planeta y contribuir en la lucha contra el cambio climático.
Pero, también supone un riesgo grave para los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, contribuyendo a una situación en la que quienes ostentan la propiedad legitimas de las tierras puedan ser desalojadas, pese a mantener una relación mucho más sostenible con esas tierras que en zonas industrializadas.
“En su peor modalidad, la ‘conservación de fortaleza’ — financiada y en algunos casos implementada directamente por los donantes y las ONG conservacionistas de los países más prósperos del mundo— transfiere la carga de ‘solucionar’ la crisis climática desde los países más ricos, y principales responsables de causarla, a algunos de los pueblos y comunidades más pobres y marginados del mundo en desarrollo”, concluye Amnistía Internacional.
Frente a este panorama, Amnistía Internacional junto a las organizaciones Survival International, Minority Rights Group International (MRG) y Rainforest Foundation UK (RFUK) piden a los Estados que reconsideren urgentemente su compromiso de declarar el 30% del planeta como ‘Áreas protegidas’, que se adoptará en la 15.ª Conferencia de Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre en Montreal.
