Tegucigalpa. – La Procuraduría General de la República urgió el jueves al Fiscal General Fernando Chinchilla a proceder de inmediato a asegurar los bienes de la fortuna del exmandatario Juan Orlando Hernández solicitado a Honduras para extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego.
El nuevo Procurador Manuel Antonio Díaz Galeas, llamó al fiscal general del Ministerio Público a iniciar el proceso de aseguramiento de los bienes de Hernández un día después de que el juez natural, Edwin Ortez, falló en favor de la extradición del exgobernante que arrastra también con acusaciones de corrupción durante su administración de 8 años en Honduras.
Díaz Galeas, en una carta enviada a Chinchilla le insta a «que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado».
Criterio.hn publicó recientemente una investigación detallada sobre la cuantiosa fortuna amasada por Hernández y su familia, junto a su esposa la primera dama, Ana García, durante los últimos 12 años desde que ocupó el cargo de presidente del Congreso Nacional, entre 2010 y 2014 cuando el país era gobernado por el expresidente Porfirio Lobo.
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El Procurador argumenta que exhorta al aseguramiento en incautación de bienes, en vista de la «extradición autorizada en fecha 16 de marzo del 2022 por el Juez Natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia», y que la defensa de Hernández anunció que recurrirá en apelación.
Hernández de atenderse finalmente la petición de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se uniría en Estados Unidos a su hermano menor Juan Antonio Alvarado, alias «Tony», que cumple desde 2019 una pena de cadena perpetua bajo cargos de narcotráfico.
El Ministerio Público encabezado por Chinchilla, no procedió a incautar ningún bien de «Tony», pese a su condena por narcotráfico en Estados Unidos en contraste con otros narcotraficantes hondureños condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, a los se aseguró e incautó sus posesiones en Honduras.
Chinchilla, es considerado como un aliado de Hernández, que se reeligió en la presidencia en 2017 valiéndose de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, contraria a la constitución de la República prohíbe la reelección presidencial. El Ministerio Público no actuó ante esta violación de la Constitución en defensa de la carta magna.
A la exhortación del Procurador Díaz Galeas, se sumó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, que preside la Comisión Especial del Congreso Nacional que investiga la actuación de las instituciones de justicia y seguridad ante las peticiones de extradición de los Estados Unidos de personas acusadas bajo cargos de narcotráfico.
«El titular de la fiscalía del MP, debe ser coherente con sus actuaciones y en igual de tratamiento con otros extraditables, proceder de inmediato con el aseguramiento de bienes del ex presidente JOH», dijo el también abogado penalista, Barrios, en un mensaje en su red social de Twitter.
Barrios en una entrevista con criterio.hn dijo que en la reunión que sostuvo la comisión especial del Congreso con Chinchilla, «se le hizo ver que debía tener un tratamiento igualitario para todos los extraditables, habíamos observado que con unos extraditables inmediatamente con sólo la solicitud, se procedía al aseguramiento de bienes»,
«Y en el caso del expresidente Hernández no se había procedido al aseguramiento de bienes. Entonces la Comisión le hizo saber la preocupación y le exhortábamos en cumplimiento de sus facultades constitucionales a asegurar los bienes del expresidente Hernández, en función de que ya se había declarado por un juez natural la extradición del presidente».
