Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Rolando Redondo, nombró una Comisión Especial con la finalidad de investigar lo relacionado con los decretos de contratos de energía, nuevas leyes del sector energético, reformas y concesiones aprobados durante los últimos periodos de gobierno del Partido Nacional de manera ilícita.
Según denuncia del titular del Poder Legislativo, en 2014 los congresistas del conservador Partido Nacional aprobaron, de manera arbitraria e ilegal, en un solo día, 68 decretos y 99 contratos y contratas relacionados con el sector energético, entre estos, compra de energía a precios sobrevalorados, adjudicación de proyectos hidroeléctricos y reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica.
Redondo devela que, pese haber contado con 105 diputados presentes, se aprobaron decretos, reformas y contratos energéticos con apenas 44 votos a favor y violentando el Decreto Legislativo 210-2013 que estipuló que la aprobación de leyes y decretos finalizaría el 19 de enero de 2014, pero estos fueron aprobados un día después.
“Esto es robo descarado al pueblo, con corrupción que se hizo desde este poder del Estado y nosotros no lo vamos a tolerar de nadie, y sepan que lo vamos a hacer es para dar seguridad jurídica al pueblo de Honduras, así es que se nombra esta comisión especial para que nos informe”, detalló.
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La comitiva está conformada por los congresistas Silvia Ayala, Fátima Mena, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Rolando Barahona e Isis Cuellar quienes deberán presentar un informe ante el hemiciclo legislativo contentivo de presuntas prácticas ilícitas y corruptas bajo las cuales se otorgó contratos que en la actualidad tienen en bancarrota a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
“Que no venga nadie a decirnos como poder del Estado que nosotros vamos a aceptar ningún ilícito, este poder del Estado no puede aceptar ningún decreto que sea producto del pago del dinero o la corrupción, ni siquiera de los interesados que no desconocen eso”, aseveró.
Además, Redondo ordenó a la comisión especial investigar la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los contratos que recibió por parte del Estado, empresa vinculada directamente al asesinato de la reconocida ambientalista, Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016.
De igual forma, la Comisión de Energía dirigida por el vicepresidente del Poder Legislativo, Hugo Noé Pino, comenzó a reunirse con representantes del sector energético iniciando con la Asociación Hondureña de Productores de Energía para analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contempla declarar la energía como un bien público y de derechos humanos.
Solo mediante el Decreto Legislativo 373-2013 se entregó 14 sitios para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que amenazan con la devastación del medio ambiente y afectación de comunidades.
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COMISIÓN PARA INVESTIGAR NOMBRAMIENTO
Asimismo, Redondo asignó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional investigar el nombramiento de la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Blanca Izaguirre, y diversas denuncias recibidas en su contra.
La comitiva está conformada por los congresistas: Jari Dixon Herrera, Ligia Ramos, Alberto Chedrrani, Kritza Pérez, Ramón Barrios, Mario Rafael Argeñal y Darío Román.
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El 22 de diciembre de 2020, en horas de la noche, el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva, sin audiencias públicas para conocer propuestas, nombró a Blanca Sarahí Izaguirre Lozano como nueva comisionada del CONADEH.
A través de la virtualidad y en menos de cinco minutos, los diputados nacionalistas ungieron a Izaguirre en el cargo, ligada al Partido Nacional, su padre periodista y abogado Danilo Izaguirre afín al Partido Nacional.
Según reveló Redondo, se han recibido ciertas denuncias por actuaciones arbitrarias por parte de Izaguirre por lo cual la comisión deberá presentar un informe que podría generar la destitución de su cargo.
