Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras, denunciará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en la Academia Nacional de Policía (ANAPO).

Esta institución tiene la sede en el departamento de La Paz, centro de Honduras, donde perdieron la vida 3 personas y otras 31 resultaron afectadas en su salud, en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas por las autoridades.

El 11 de septiembre, cerca de 500 jóvenes profesionales llegaron hasta la ANAPO como nuevos aspirantes a oficiales del ente policial y como parte de las pruebas físicas fueron sometidos a correr en la cancha ubicada en las instalaciones de dicha Academia, cargando con sus pertenencias.

Las autoridades manejan que de estas unas 34 personas resultaron afectadas de salud en el momento en que realizaban prácticas de entrenamiento, al presentar cuadros de vómito, deshidratación e incluso desmayos, por lo que fueron trasladados a los centros hospitalarios cercanos a la zona donde se desarrollaba el proceso.

Inicialmente, dos aspirantes a oficiales identificados como Jairo Josué Martínez y Ronald Javier Coello perdieron la vida horas después del incidente, la tercera víctima de nombre Kevin Mejía, un médico de profesión, murió el 19 de septiembre en un hospital privado donde estaba en cuidados intensivos.

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Pese a que las autoridades de la Secretaría de Seguridad han buscado evadir el problema desde que sucedieron los hechos y han manifestado que esto se debió a una “prueba de humo”, práctica que es realizada históricamente en las instituciones militares y policiales cuando se reciben nuevos miembros de la institución.

JÓVENES FALLECIDOS PRESENTABAN GOLPES

 Los familiares de las víctimas han denunciado que los ahora occisos presentaban golpes en su cuerpo, el padre de Jairo Josué Martínez dijo que su hijo presentaba golpes en la parte superior y frontal de su cabeza, por lo que exigió al Ministerio Público que se investigara lo sucedido, sin embargo, 12 días han pasado desde el fatídico hecho en La Paz y las autoridades aún guardan silencio.  

Por su parte la viceministra de la Secretaría de Seguridad Julissa Villanueva manifestó en un foro de televisión que la situación que vivieron los aspirantes tiene que ver con distintas sintomatologías, como cansancio, calambres, dolor, deshidratación, debilidad, náuseas, vómito, desmayos y pérdidas de consciencia.

Villanueva continúa con el relato de los hechos y dice «Comenzaron a hacer un ejercicio entre 15, 20 y 25 minutos, no más de una hora, con las maletas (propias) en una veloz carrera, para mí incide en los hechos esa bienvenida por las condiciones particulares de cada quien», precisó la viceministra, asegurando al mismo tiempo que todos fueron evaluados previamente.

Sobre el caso de Ronald Coello, profundizó más en su expediente, señalando que previo a su muerte el joven presentó convulsiones, edema y hemorragia pulmonar, falla hepático-renal, rabdomiólisis y diarrea, esta última por intoxicación alimentaria.

La viceministra dijo que ella analizó fotografías de los cadáveres de las víctimas en dicha tragedia, y en ninguno encontró signos de golpes externos o quemaduras por gas. A la vez que especificó que aún continúa como hipótesis que los afectados sufrieron de una infección por contaminación alimentaria.

POSIBLE SABOTAJE

Las declaraciones de Villanueva al final confunden, porque a la vez que manifestó que pueden ser problemas de salud deja entrever que hubo un posible sabotaje, sin profundizar en ello, lo que deja una lista de preguntas y sospechas que ojalá un día no muy lejano todo salga a la luz.

Pese a que las instituciones involucradas en la muerte de estos tres jóvenes están obligadas a dar respuesta, estas no han presentado informes contundentes de los hechos suscitados en dicha institución, situación que las convierte en cómplices por permitir el ocultamiento de información y la verdad de los hechos.

El abogado penalista y analista en temas de seguridad, Celso Alvarado, manifestó a Criterio.hn que “yo creo que en este caso estamos hablando de un trato inhumano, someter a principiantes a bautizos o rituales de ingreso, para mí esto ubica al Estado a una situación compleja porque es el llamado a respetar la vida y la integridad de las personas”.

“Recordemos que la responsabilidad de manera inicial es del Ministerio Público (MP) y es quien tendría que actuar, pero ante la ausencia de accionar por parte de las entidades del sector justicia, MP y Juzgados penales procedería una denuncia a nivel internacional”, recalcó.

El abogado considera que la comisionada del Conadeh debe instar al Ministerio Público MP, para que proceda y que es ahí donde debe acudir en primera instancia, “tomando en cuenta que a todas luces estamos frente a un homicidio”.

Alvarado manifestó que en todo Estado de derecho la mala suerte no existe cuando se trata de delitos contra la vida, agregó que el MP debió tomar cartas en el asunto desde el día del problema y Medicina Forense debió hacer lo que le corresponde en tema de autopsias y proceder a hacer requerimientos fiscales en contra de las personas involucradas.

EN HONDURAS LA POLICÍA MIENTE Y LA JUSTICIA CALLA

Es importante mencionar que los últimos meses miembros de la Policía Nacional se han visto involucrados en casos similares a este que resultan con un final trágico y lamentable para muchas de sus víctimas y familiares, mismos que tampoco han sido esclarecidos por las autoridades y de los cuales el Ministerio Público tampoco ha dado respuesta.

Casos emblemáticos como el de la joven enfermera Keyla Martínez de 26 años, quien perdió la vida a manos de policías, en una celda de la estación policial en La Esperanza, Intibucá, zona occidental de Honduras, siguen impunes en el país.

Martínez fue detenida un 7 de febrero del año pasado, por irrespetar un toque de queda y bajo la custodia policial sospechosamente al día siguiente fue encontrada sin vida. Aunque las autoridades manifestaron que se había suicidado, el Ministerio Público por medio de su autopsia dijo que lo de Keyla Martínez fue un asesinato por asfixia mecánica.

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La madre de Keyla, Norma Martínez ha asegurado que no solo hay un policía involucrado en la muerte de su hija, sino que hay altos funcionarios que también están siendo cómplices de este vil asesinato.

Otro de los casos que repudió la oblación hondureña y que parece se convertirá en uno de los tantos que presentan irregularidades en la investigación, es el asesinato del barrista Wilson Ariel Pérez Hernández de 21 años, quien fue evidenciado ante los medios de comunicación luego que este le propiciara un fuerte golpe a una subinspectora de policía, Denia Michell Contreras, de 23 años, en un partido de fútbol el domingo 29 de mayo del año en curso en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula.

Luego que la Policía Nacional evidenciara el rostro de Pérez y emitieran una  recompensa de 100 mil lempiras por información sobre su paradero, este fue asesinado la tarde del 31 de mayo, según versión de los familiares fue interceptado por agentes de la Policía mientras intentaba entregarse a las autoridades para aclarar su situación.

La Policía aseguró que el joven era miembro de la MS-13 y resultó abatido durante un enfrentamiento entre pandilleros y agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), pero su familia contradijo estas declaraciones, tal parece que estos casos seguirán a la espera de “justicia”, algo que escasamente se practica en Honduras.

Los niveles de impunidad en los que viven los hondureños son alarmantes, por lo que en el año 2020 Honduras fue considerado el segundo país de la región con los más altos índices de impunidad según el Informe del Índice Global de Impunidad (IGI), que retrata la escala de impunidad en el mundo y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.

En este estudio y en una lista de 69 naciones evaluadas, Honduras obtuvo una puntuación de 59.6, ocupando el primer lugar en el continente americano y el segundo a nivel de todo el mundo. Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estima que los niveles de impunidad a nivel nacional son superados por el 90%.