Tegucigalpa. – La tortura y tratos inhumanos se han convertido en una constante de los entes armados del Estado al momento de las detenciones, cometiendo violaciones a los derechos humanos.
El Centro de Prevención, Tratamiento Y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), socializó la propuesta de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes con el objetivo que se respete la integridad personal del detenido o privado de libertad.
“Es necesario que se cree una ley que centre en la persona sea el fin supremo de la sociedad, que garantice su integridad, física y psicológica”, expresó la asesora del CPTRT, Jenny Almendares.
De igual manera, mencionó que con esta propuesta de ley se busca fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), porque según Almendares, hay aspectos que no están regulados dentro de la estructura legal del país.
De acuerdo con el CPTRT, 8 de cada 10 detenidos son víctimas de tratos crueles e inhumanos.
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CONTEXTOS DE VIOLENCIA
Honduras es signatario de tratados internaciones que buscan la defensa y promoción de los derechos humanos y protocolos en contra de la tortura. Sin embargo, el país centroamericano pasa por contextos de violencia, generados por la no garantía de los derechos fundamentales de las personas.
“Vivimos en un contexto donde se violentan los derechos de las personas”. expresó Sandra Ruiz, coordinadora de proyectos del CPTRT.
Actualmente, Honduras permanece en un estado de excepción parcial que, de acuerdo con analistas y defensores de derechos humanos, es lesivo, discriminatorio y violenta las garantías constitucionales. El estado de excepción que inició el 06 diciembre del 2022, por medio de la aprobación del PCM 29-2022.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), denunció que recibieron más de 50 quejas en contra de autoridades del orden público de Honduras, generadas durante el estado de excepción, según el ente defensor de derechos humanos, estas quejas son por actos de tortura que atentan directamente contra la vida, salud e integridad física o mental.
En ese sentido, Blanca Izaguirre titular del CONADEH, destacó “existe un consenso internacional en cuanto a la estricta prohibición de todo acto que inflija cualquier tipología de tortura, trato cruel, inhumano o degradante”.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), José Javier Acevedo, urgió la implementación de un marco jurídico con enfoque de derechos humanos para prevenir la tortura.
“La tortura, lamentablemente se fue normalizando en nuestras fuerzas de seguridad” indicó Acevedo.
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APOYO DEL CONGRESO NACIONAL
El Centro de Prevención, Tratamiento Y Rehabilitación de las Víctimas De Tortura y sus Familiares (CPTRT), con esta iniciativa de ley busca la venia de los diputados y diputadas del Congreso Nacional.
“Necesitamos la aprobación de esta ley para las y los funcionarios, especialmente de los centros penitenciarios, porque sabemos que ellos son los violadores de los derechos humanos”, enfatizó Sandra Ruiz.
En ese sentido, el diputado Bartolo Fuentes, indicó que dicha propuesta tendrá el respaldo del los congresistas, sin embargo señaló, “he escuchado opiniones dentro del Congreso que no son favorables a este tipo de política”.
ASPECTOS QUE ABORDA LA LEY DE PREVENCIÓN DE TORTURA
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes, además sugiere el establecimiento de un marco de investigación de los delitos de la tortura y otros tratos o penas crueles.
“Creemos que es muy importante contar con un marco legal que incluya elementos que actualmente no están identificados”, refirió la abogada Almendares.
Dentro de los elementos identificados señaló el delito de tortura y otros delitos que se pueden crear en relación con la tortura, la investigación del delito de la tortura, porque, de acuerdo con la abogada, actualmente no hay un marco específico o protocolos homologados.
También, esta normativa buscará la coordinación de autoridades para desarrollar las funciones y formas para realizar dictámenes forenses y exámenes físicos a personas detenidas.
Esta ley, desde la experiencia de la abogada Almendares, generará la importancia de los órganos jurisdiccionales, de igual manera la ley de prevención de la tortura abarca el aspecto de la reparación del daño ocasionado a la víctima. Y está basada en la participación ciudadana y la protección de la víctimas y testigos en los procesos.
El CONADEH, entre el 2019 y el 2022, registró mil 339 quejas de múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad, en los distintos centros penales del país.
