Presentan acción de inconstitucionalidad contra decreto que suspende cabildos presenciales en beneficio de proyectos extractivistas

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Organizaciones sociales hondureñas presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 154-2020, el cual suspende los cabildos abiertos presenciales y habilita la realización de estos de forma virtual, restringiendo y discriminando la participación política en un país donde solo el 31.7% de la población tiene acceso a internet.

La acción fue presentada por la Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Las asociaciones argumentan que el Decreto 154-2020 contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política.

«La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)», lee el comunicado de prensa.

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Este decreto también suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de los 298 municipios del país, prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año respectivamente; y suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal.

Las organizaciones involucradas sostienen que esta acción contra la participación presencial en los cabildos abiertos es de suma gravedad, debido a que estos espacios son el único mecanismo de participación para hacer efectivos los derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivistas que se instalan en municipios rurales del país.

Durante la conferencia de prensa realizada a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, Heidy Alachán, quien forma parte de la Coalición contra la Impunidad, recordó que el cabildo virtual realizado por la municipalidad de San Pedro Sula no constituyó un ejemplo de un espacio de participación democrática ya que no hubo ninguna especie de intercambio de la población con las autoridades. «No hubo respuesta a solicitudes de información. Se trató de una agenda completamente definida por la corporación municipal», afirmó.

Además, sostuvo que las autoridades no pueden argumentar el contexto de emergencia por pandemia pues a las corporaciones municipales se les aprobó presupuesto para atender la emergencia y garantizar las condiciones de bioseguridad para que la población pueda ejercer su derecho de participación política.

De acuerdo al informe “El abandono tiene rostro y consecuencias” presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Oxfam, el confinamiento de poblaciones indígenas y afrodescendientes argumentando la pandemia de Covid-19 ha significado una carta blanca para los proyectos extractivos en Honduras. El gobierno incluso lanzó una plataforma digital para facilitar los trámites de licenciamiento y otros relacionados a proyectos de explotación de los recursos naturales.