Tegucigalpa.- La imagen de agentes policiales y militares participando activamente en el violento desalojo contra la población Garífuna de Punta Gorda en el Caribe hondureño está en todos los medios. Pero la interrogante que encierra dicha fotografía es muy sería: ¿Qué hacen miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras participando en una orden de desalojo?
Los gobiernos del Partido Nacional han apostado por una política de mano dura que incluye la presencia militar en las calles. Iniciando con el mandato del expresidente Ricardo Maduro, pasando por Porfirio Lobo Sosa, hasta llegar al exmandatario Juan Orlando Hernández, todos han favorecido sacar de los batallones a los militares en detrimento de los derechos de la ciudadanía.
Cabe destacar que el extraditado exmandatario, Juan Orlando Hernández, quien se reeligió ilegalmente y es vinculado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a delitos ligados al narcotráfico, creo la Policía Militar del Orden Público e incluso la elevó a rango constitucional, pero está no fue ratificada en la siguiente legislatura.
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Incluso, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, entonces del Partido Liberal, previo al golpe de Estado de 2009 les dio a las Fuerzas Armadas tareas de protección de los bosques y asignó presupuestos, uno de ellos para la construcción del aeropuerto de Palmerola, el cual no se concretó por esa vía.
DESMILITARIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, UNA PROMESA SIN CUMPLIR
La presidenta Xiomara Castro prometió en su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026” que desmilitarizaría la seguridad ciudadana y confirmaría su permanencia en el rol que les da la Constitución de la República originalmente. No lo dice el documento, pero esta función es la de velar por la soberanía e integridad territorial frente a fuerzas extranjeras.
El doctor e investigador en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, lo señaló a través de un tuit e incluso citó el Plan de Gobierno en la subsección titulada “Seguridad Ciudadana” sobre propuestas en materia de seguridad, numeral sexto que establece:
“Desmilitarizar la seguridad ciudadana Y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico”.
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En julio, Criterio.hn publicó un artículo de profundidad titulado: “Xiomara Castro aumentó el presupuesto de la Policía Militar, brazo armado de JOH”, en el que se desmenuzó el presupuesto asignado a la Secretaría de Defensa. A partir de los datos recabados, se identificó que el gobierno de Castro incrementó en un 87.7% el presupuesto asignado a tareas de seguridad con relación al de Juan Orlando Hernández.
El artículo apuntó: “Así, la célebre frase «regresar a los militares a sus cuarteles», con la que Castro hacía alusión a que la seguridad le compete a la Policía Nacional, ha quedado en una simple promesa de campaña”.
PREOCUPACIÓN POR PARTICIPACIÓN MILITAR EN VIOLENTO DESALOJO
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, comentó a Criterio.hn que genera preocupación la presencia de militares en un desalojo teniendo en cuenta su historial criminal y violento en los mismos, a la vez que la presidenta Castro prometió en su plan de gobierno la desmilitarización de la seguridad ciudadana.
“Recordemos como decía Víctor Meza: los militares son la peor pesadilla para la democracia en Honduras, lo han demostrado efectivamente”, manifestó. Además, agregó que no se entiende ante la promesa realizada por Castro qué hacen los militares en este tipo de tareas.
Otro punto, que destacó Mejía como “necesario y urgente es la formación, la concientización e incluso la sanción a policías, fiscales y a jueces que adoptan medidas vinculadas con desalojos, sin cumplir con los parámetros establecidos en la observación general número siete del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas”.
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Este establece, denunció Mejía, cuáles son los pasos que deben de seguir las autoridades en caso de desalojos con el objetivo de preservar la integridad, los bienes y obviamente, la dignidad de las personas, algo que no sucedió en este nuevo desalojo.
Este no es el primer desalojo violento en la comunidad Garífuna de Punta Gorda. En 2011, 60 elementos del Comando Especial de Operaciones Especiales Cobra desalojaron a pobladores de la zona luego que el Instituto de Previsión Militar (IPM) afirmó ser el propietario de dicho territorio.
Punta Gorda fue fundada el 12 de abril de 1797 y es considerada la primera comunidad Garífuna en territorio centroamericano. Su fundación precede a la firma del acta de independencia de Centroamérica en 1821 y a la devolución de Islas de la Bahía a la República de Honduras en 1861.
