Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestó su preocupación en torno al reciente estallido de violencia en Honduras contra personas defensoras de derechos humanos, el cual ha derivado en el asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en San Francisco Locomapa, Yoro.
El lunes 25 de febrero se conoció de la muerte de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, producto de heridas provocadas por armas de fuego. Su situación de riesgo ya había sido informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a 18 miembros del MADJ y sus familiares en 2013, entre ellos Salomón Matute.
A esto se suma la continuada criminalización de quienes ejercen su derecho a la defensa de derechos humanos y del ambiente contra el proyecto extractivista instalado en la comunidad de Guapinol. Desde el viernes 22 de febrero, 13 personas están privadas arbitrariamente de su libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, acusadas entre otros delitos, de asociación ilícita y robo agravado. Según la legislación hondureña, y en contravención de los estándares internacionales, estos delitos no admiten otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
A la fecha, 32 personas han sido criminalizadas por defender su derecho al agua y al medio ambiente, en oposición al desarrollo del proyecto minero liderado por la empresa Inversiones Pinares.
Estos hechos se dan en vísperas del tercer aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y de la tierra, Berta Cáceres y dan cuenta de la deuda del Estado hondureño para garantizar el derecho a defender derechos humanos.
A través de distintos informes, se ha dado cuenta del riesgo mortal que existe para quienes resisten a los llamados “proyectos de desarrollo” y que ha tenido como consecuencia más grave, el asesinato de muchas personas defensoras del medio ambiente.
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El Relator Especial para personas defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michel Forst, señaló en su informe sobre la situación de los defensores en Honduras que “La criminalización de la defensa de los derechos humanos y la amenaza de su uso es una práctica generalizada, que afecta en particular a los que defienden la tierra, el medio ambiente, los derechos civiles y políticos, y los que denuncian e informan sobre las irregularidades o violaciones del Estado y de las empresas”.
La CIDH observó durante su última visita a Honduras en agosto de 2018 que “defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos”.
Dicho órgano además había expresado su preocupación por la “grave inseguridad y violencia derivadas de la imposición de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales” en Honduras”, en el informe emitido en 2015.
Frente a esto, el CEJIL exige al Estado hondureño un cese a su política de criminalización a personas defensoras, que, además contribuye a generar impunidad para quienes perpetran violencia en su contra. Es inadmisible que la defensa de derechos humanos sea sinónimo de estigmatización y muerte. De acuerdo a lo expuesto por el relator Forst, “se les equipara con la oposición política, terroristas, antiprogreso, antinacionales o traidores”.
A su vez, hacen un llamado al Estado para que investigue los hechos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, y considere como línea prioritaria para la investigación su condición de defensores de derechos humanos. Exigen que estas investigaciones se lleven a cabo de manera acorde con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales de debida diligencia, que el Estado ha suscrito de manera voluntaria.
Por último, se solidarizaron con las personas defensoras que, en ejercicio de su derecho a defender derechos, han resultado vulneradas. Su rol es fundamental para el desarrollo de una democracia plena, en donde todos y todas podamos gozar en igualdad de condiciones de nuestros derechos.
