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Condenan ilegal imposición de minería y encarcelamiento de 12 pobladores de Guapinol

Guapinol

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Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company, actualmente es propiedad de Ana Facussé y Lenir Pérez, pero anteriormente fue propiedad de uno de los cabecillas del cartel de “Los Cahiros”, Javier Rivera, cuando la explotación se llamaba “Mi Esperanza”.

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Organismos humanitarios locales e internacionales condenaron el miércoles la ilegal imposición de una explotación minera y el enjuiciamiento de 31 pobladores y el arresto de 12 de ellos que luchan contra el deterioro de las cuencas de agua que suplen a comunidades del municipio de Tocoa en la conflictiva zona del Bajo Aguan.

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Los pobladores de las comunidades de Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón, luchan contra la concesión otorgada a la empresa Inversiones Los Pinares por parte del gobierno, sin consultar a la población.

“Estamos muy preocupados, este es un caso emblemático de defensa de los derechos humanos en Honduras. La defensa de los derechos humanos no es un delito”, dijo Miguel Zumalacarregui, jefe de la oficina en Bruselas de la Organización Mundial Contra las Tortura (OMCT), en una conferencia de prensa.

El establecimiento de la explotación minera, ha incrementado la conflictividad en la ya violenta región del Bajo Aguan, pero el gobierno del mandatario, Juan Hernández, pese al rechazo de la población ha mantenido el apoyo a la minera, incluso enviando fuerzas militares y de policía en respaldo a la concesionaria.

El 7 de septiembre pasado una persona resultó herida al ser atacada por guardias de la compañía minera en el sitio donde los pobladores de Guapinol y San Pedro mantenían un campamento, y el 27 de octubre unos 1500 efectivos militares y policiales desalojaron violentamente a los manifestante, según un comunicado del Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

El gobierno impulsa una política de estímulo a la industria extractiva a través de la industria minera y de construcción de represas hidroeléctricas, obviando los daños al ambiente, la tierra y el acceso al agua y desconociendo los derechos de las poblaciones provocando una creciente conflictividad social.

Trece de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente el 21 de febrero ante un juzgado de La Ceiba, debido a una orden de detención bajo cargos de usurpación y daños a la empresa Inversiones Pinares y al Estado de Honduras. Uno de los 13 fue liberado debido a que no había orden de arresto en su contra.

Los 12 fueron arrestados y enviados Tegucigalpa donde los juzga un juez de jurisdicción nacional, que el jueves decidirá si existen pruebas para continuar el proceso en la cárcel o dictar su liberación. Los cargos contra los imputados fueron ampliados a asociación ilícita,, incendio agravado, privación injusta de la libertad, incendio agravado y robo.

“Si se aplicara justicia de manera imparcial, las 31 personas criminalizaras deberían ser liberadas”, agregó Zumalacarregui en la comparecencia ante la prensa, junto a la coordinadora de la Misión de los Derechos Humanos en Guatemala, basada en Washington, Jackie Mcvicar y la coordinadora general de Aci PARTICIPA, Hedme Castro.

Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company, actualmente es propiedad de Ana Facussé y Lenir Pérez, pero anteriormente fue propiedad de uno de los cabecillas del cartel de “Los Cahiros”, Javier Rivera, cuando la explotación se llamaba “Mi Esperanza”.

La concesión de 200 hectáreas para la explotación de oxido de hierro otorgada a Rivera en el año 2013, cuando era presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, fue otorgada sin realizar la consulta ciudadana, un requisito necesario.

“No debe haber criminalización, persecución y hostigamiento para quienes se atreven a denunciar las violaciones al derecho al agua, la tierra y la vida”, dijo Castro en la conferencia de prensa.

La Diócesis de la Iglesia Católica de Trujillo aseguró el martes en un comunicado que el conflicto en la región se debe a “la ilegal concesión minera” explotada por la empresa Inversiones Los Pinares que afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

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