*El protocolo de investigación de femicidios evitaría que algunas muertes de mujeres sean tipificadas como accidentales o suicidios
*Morris Tidball-Binz, instó la pronta elaboración e implementación de un Protocolo para la investigación y judicialización de muertes violentas de personas LGBTIQ+ como lo dicta la Corte IDH en el caso Vicky Hernández
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia en Honduras continua en aumento, en la última década las muertes violentas por razón de género o por orientación sexual se registran, pese a los altos índices, en Honduras no se han adoptado protocolos de investigación.
En ese sentido, la Organización de Nacionales Unidas (ONU), insta al Estado de Honduras a adoptar protocolos de investigación diferenciados y reducir los indicies de impunidad.
En la visita reciente del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Morris Tidball-Binz, expresó su preocupación por el alto índice de femicidios y de muertes violentas de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, delitos.
“Ante este preocupante panorama, resulta alarmante la inexistencia de protocolos especializados para la investigación de femicidios y muertes violentas contra la población LGBTIQ+”, señaló Morris Tidball-Binz.
Con la implementación de estos procesos investigativos en las muertes violentas de mujeres y personas LGBTIQ+, la impunidad se vería reducida y marcaría un hito histórico en la aplicación de la justica.
Para el relator de la ONU la falta de sanción a los responsables de estas muertes violentas “es el motor o combustible para que se sigan produciendo este tipo de asesinatos por motivo de violencia de género”.
De interés: ONU urge al Estado de Honduras fortalecer investigación y reducir impunidad para garantizar la justicia
FEMICIDIOS URGEN INVESTIGACIÓN
Los femicidios en Honduras se registran cada 20 horas con 42 minutos, sin embargo, ante este panorama en el país centroamericano que registra 140 muertes violentas en lo que va del 2023, no se ha adoptado ningún protocolo, ni se han adoptado medidas de prevención, ni mucho menos incluir el enfoque de género en el plan de seguridad Solución Contra el Crimen.
El plan de seguridad –catalogado como excluyente por las organizaciones de mujeres—, fue instaurado a finales de marzo, luego del emplazamiento por parte de la presidenta Xiomara Castro, a la Secretaría de Seguridad por las masacres y femicidios registrados en los primeros meses del año, sin embargo, no hay estrategias diferenciadas.
El también médico Forense, Morris Tidball-Binz, enfatizó en entrevista con Criterio.hn sobre la importancia de identificar el femicidio ya que “lo que está sucediendo ahora –como lo hemos visto en algunos casos—, es que estos delitos (femicidios) gravísimos, atroces son catalogados como suicidio o accidente”.
Honduras, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo registró 146 femicidios, según detalló Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Pese a que en Honduras se tipifica el crimen de femicidio a través del Decreto No. 23-2013 y está incluido en el Código Penal, además de existir la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (UMVM) adscrita a la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), el relator especial de la ONU lamentó la falta de herramientas de investigación como el protocolo.
Al respecto, Morris Tidball-Binz instó a las autoridades hondureñas a crear e implementar “sin demora protocolos especializados que sigan las normas establecidas en el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC) el desafío es que en Honduras se adopte este protocolo latinoamericano y además el Ministerio Público (MP) tendría que diseñar la estrategia de implementación del referido protocolo.
Sin embargo, la defensora de derechos de la mujer, enfatizó que para la implementación de este protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres “es indispensable la voluntad de la presidenta para reafirmar que el protocolo latinoamericano se va a usar en el país. Hace mucho venimos pidiendo esa voluntad política, eso es lo que demandamos al ejecutivo” urgió Jessica Sánchez.
Lea: Honduras registra la tasa más alta de femicidios en América Latina
ONU INSTA A SEGUIR RECOMENDACIONES DE CORTE IDH EN CASO VICKY HERNÁNDEZ
Durante su visita el Relator de la ONU constató que otra de las poblaciones fuertemente vulnerabilizadas y víctimas de crímenes de odio son las personas LGBTIQ+.
El observatorio de muertes violentas de lesbianas, gais y personas trans (TMIS) de la Red Lésbica Cattrachas registró 43 muertes violentas durante el 2022. El año más violento de acuerdo con Seydi Irías, coordinadora del observatorio.
Por esta razón, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU Morris Tidball-Binz, instó la pronta elaboración e implementación de un Protocolo para la investigación y judicialización de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y organizaciones de la sociedad civil y seguir las recomendaciones hechas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del caso Vicky Hernández y otras vs Honduras, dictada el 26 de marzo de 2021, en el punto resolutivo 16 y establece que el Estado de Honduras tiene obligación de crear y adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ que han sido víctimas de violencia.
Lea también: Más respeto y menos discriminación piden organizaciones LGBTIQ+
Uno de los principales factores que abonan al no cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, para Ana Larissa Velásquez, abogada de la Red Lésbica de Cattrachas, es el contexto actual de Honduras, ya que cuando existe una sentencia que hablé directamente sobre los derechos y libertades de las personas LGBTIQ+, “el cumplimiento es muy difícil porque siempre hay prejuicios, hay estereotipos, que incrementan la dificultad para tener una sinergia con todos los órganos de justicia y trabajar en el protocolo”.
Además, de acuerdo con la jurista, “existen muchos prejuicios que implica que no se desarrolle una investigación diligente en la muerte violenta de personas LGBTIQ+ y e impiden el cese de la violencia”.
También denunció que durante los juicios orales y públicos “en ninguna de las sentencias condenatorias que se tiene contra las muertes de personas LGBTIQ+, se ha dictado el agravante genérico que ya se estipula el Código Penal por motivo de la orientación sexualidad”.
EL observatorio de muertes violentas de personas LGBTIQ+ de Cattrachas desde el 2009 hasta lo que va de 2023 contabiliza 465 muertes violentas de las cuales solo 110 han sido judicializadas.
Ante este panorama aterrador para las mujeres y personas LGBTIQ+, El Relator Especial Morris Tidball-Binz, instó a “redoblar esfuerzos” para prevenir toda muerte por violencia de género u orientación sexual, incluso garantizando que todos estos casos se investiguen de acuerdo con las normas internacionales.
