Cuatro veces los diputados oficialistas y de oposición han tenido la oportunidad de presentar sus mociones nominativas ante el pleno del Congreso Nacional y en ninguna, Jenny Gabriela Almendares, abogada mejor calificada por la Junta Proponente, ha figurado en el cargo de fiscal general
Por: Daniel Gir
Tegucigalpa, Honduras.- Por no contar con una militancia marcada en ningún partido político y, en consecuencia, no responder a los intereses corruptos de estos, la abogada Jenny Gabriela Almendares, mejor calificada por la extinta Junta Proponente, no ha encabezado ninguna de las nóminas propuestas por los diputados oficialistas, ni los de oposición en el proceso de elección que está desarrollando el Congreso Nacional para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP).
“No ser seguidor de un partido político determinado en este tipo de procesos de elección es el principal motivo para no ser tomado en cuenta por los diputados, como ha pasado y continúa pasando; ahora con la única mujer que integra la nómina y mejor calificada”, valoró la abogada Ana Pineda.
Pineda recordó que la intención de los diputados que integran el tripartidismo (Libertad y Refundación, Liberal y Nacional) es poner a la cabeza de las instituciones operadoras de justicia, en este caso Ministerio Público, a personas que sean objeto de manipulación, para darle continuidad a la hegemonía de impunidad y corrupción que se ha venido arrastrando en la última década.
“¿por qué no quieren a una persona capaz, con los conocimientos para dirigir la fiscalía?, porque buscan colocar militantes, activistas políticos o, como se dice, mandaderos para no cumplir con el mandato constitucional que exigen los cargos que van a ejercer”, analizó la profesional del derecho.
Ana Pineda participó en el proceso de selección de candidatos a los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que realizó desaparecida la Junta Nominadora, siendo la mejor evaluada con una calificación de 92.95% de 100, pero el Congreso en el proceso de elección ni la tomó en cuenta por no encajar con los intereses de los políticos.
Lo anterior podría replicarse en el caso de la abogada Jenny Gabriela Almendares, ya que, de igual manera, obtuvo la mejor nota en el proceso de selección que realizó la extinta Junta Proponente, que la calificó con 95.55% de 100, sin embargo, no encabeza ninguna nómina, pero sí integra la moción de los diputados de oposición, en el cargo de fiscal general adjunto.
Los diputados que integran la oposición en el Congreso (Partido Liberal, Nacional y Salvador de Honduras) integraron a Jenny Almendares en su moción nominativa en el cargo de fiscal adjunto, en las cuatro ocasiones que la han presentado ante el pleno de diputados, pero esto podría ser una estrategia para tener aceptación ante la sociedad y, en el caso hipotético que esa nómina sea electa, Almendares (ostentando el cargo de fiscal adjunto) tendría que trabajar sujeta al que sería el nuevo titular del MP.
El artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público precisa que el fiscal adjunto actuará en total subordinación del fiscal general y tendrá la plena facultades de tomar decisiones, únicamente en ausencia temporal o permanente del titular, hasta que el Poder Ejecutivo escoja al sustituto.
SOCIEDAD CIVIL PIDE A ALMENDARES
Para Jimena García, integrante de Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia (ACTJ), el hecho que los diputados no tomen en cuenta la candidatura de Almendares para ostentar la titularidad del Ministerio Público, únicamente pone en evidencia cómo buscar colocar a una persona que responda a los intereses políticos y no del pueblo.
“No más nominas improductivas que sólo fomentan el tráfico de influencias y van en detrimento de la democracia. Deben colocar a Jenny Almendares como fiscal general respetando la meritocracia porque fue la mejor evaluada”, opinó García.
“Si hacen lo contrario, que es uno de los escenarios más probables, nuevamente se pone en evidencia como la clase política actúa y trabaja bajo sus propios objetivos y no los del pueblo hondureño”, agregó.
La oposición integró a Almendares Flores en su moción nominativa posiblemente para aparentar que buscan promover la equidad de género y que se respete la meritocracia, buscando el objetivo que sociedad civil ejerza presión sobre los diputados oficialistas y que se sumen a esta nómina, que dejaría al abogado Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general del Ministerio Público y no a Johel Zelaya, candidato del partido Libre.
Sin embargo, ninguna de las mociones nominativas, hasta la fecha, han tenido valor y efecto, ya que no han alcanzado la mayoría calificado de votos (86) para ser valorada por el pleno. La de oficialismo que promueve a Johel Zelaya como fiscal general, sólo alcanzó 50 votos y la oposición que eligió a Cabañas Cadillo, llegó a 74, por lo que tienen que seguir deliberando hasta establecer consensos y escoger a las nuevas autoridades del MP.
SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN
De momento se desconoce qué fecha volverá a convocar a sesión el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, pero en el tema de la elección de la fiscalía han surgido nuevas aristas que lo podrían dilatar, todas apoyadas e impulsadas por el oficialismo, con el argumento de buscar la salida más viable.
Por ejemplo, Luis Redondo el fin de semana pasado nombró una comisión de diputados, la mayoría del partido Libre, para investigar las irregularidades que cometieron Óscar Fernando Chinchilla (exfiscal general) y Daniel Sibrián (quien por mandato constitucional es el actual fiscal general) durante llevaron las riendas del Ministerio Público (2018-2023), algo que podría ser denominado abuso de poder porque dichas comisiones se anuncian en sesión legislativa.
De igual manera, desde la bancada del partido Libre primero hablaron de una comisión interventora al MP, pero luego lo descartaron y, la tarde de este lunes, informaron que están buscando que la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía se haga a través de un plebiscito o votación popular.
Lo cierto es que, entre, los diputados oficialistas y de oposición, por falta de diálogos y consensos no obedecieron el mandato constitucional de elegir a las autoridades de la fiscalía antes del pasado 31 de agosto de 2023, por lo que, de momento las anteriores tendrían que seguir llevando las riendas.
