La audiencia debió iniciar este lunes, pero a petición del Ministerio Público y de la empresa Progelsa, el juicio fue postergado para enero de 2023
Redacción: Marcia Perdomo
Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Este lunes debió iniciar el juicio oral y público contra los defensores indígenas Lencas Wilmer Otoniel Alonzo Herrera y José Orlando Rodas García, quienes fueron criminalizados por oponerse a la imposición de un proyecto hidroeléctrico en el río Petacón en Reitoca, Francisco Morazán.
No obstante, ante la falta de fundamentos y a petición del Ministerio Público y de la empresa mercantil Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), el juicio contra los defensores del Consejo Indígena Lenca de Reitoca fue postergado para enero de 2023, anunció el Bufete Jurídico Justicia Para los Pueblos.
“La acusación dice no estar preparada para el juicio y su acción dilatoria del día de hoy causa un sufrimiento innecesario a los defensores que han tenido que cumplir con medidas sustitutivas durante tres años”, apuntó el bufete jurídico que acompaña a los defensores.
SOMOS INOCENTES Y VAMOS A SER ABSUELTOS: DEFENSOR LENCA DE REITOCA
Alonzo y Rodas son acusados por el Ministerio Público desde 2018 por los delitos de usurpación y daños contra la empresa Progelsa, que cuenta con financiamiento del holding italiano, Sorgent.E S.R.L., que a la vez es financiado por el Fondo Noruego de Inversión en Países en vías de Desarrollo (Norfund).
“Tenemos claro que somos inocentes y que vamos a ser absueltos porque no hemos cometido ningún delito” afirmó Alonzo al equipo de Criterio.hn previo a la que habría sido la primera de dos audiencias.
Agregó que las acusaciones contra ellos son ilógicas puesto que los verdaderos usurpadores es la empresa extractiva y son sus directivos quienes deberían estar enfrentando a los jueces, pues “ellos son los que han invadido nuestro territorio, ellos son los que han usurpado nuestras tierras”.
Alonzo destacó que es injusto que estén pasando por este proceso judicial al defender su territorio pero que igual se presentan ante la ley puesto que están claros que son inocentes y que tienen la razón.
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ALARGAN PROCESO PARA IMPONER PROYECTO HIDROELÉCTRICO
El abogado del bufete jurídico Justicia Para los Pueblos, Edy Tabora, quien acompaña el caso contra los defensores del territorio Lenca en Reitoca, señaló que el caso contra Wilmer Alonzo y José Rodas es uno más de criminalización contra poblaciones indígenas que exigen la cancelación de un proyecto ilegal, que ha originado violencia y amenazas contra la población en general.
Horas antes de que se les notificara sobre la postergación del juicio, Tabora dijo al equipo de Criterio.hn que esperaban se realizara un análisis de contexto y un análisis profundo de la prueba, tanto por el Ministerio Público como por parte de la defensa.
Mediante esta esperaban acreditar el patrón de conducta y comportamiento de las instituciones del Estado que por años han intentado imponer un modelo de desarrollo que no cuenta con el consentimiento de las comunidades y cuando estas se manifiestan en contra hay una gestión violenta por parte de las instituciones del Estado.
El profesional del derecho dijo que aguardaban que ambos defensores del territorio Lenca de Reitoca fuesen absueltos y se les otorgara sobreseimiento definitivo, como ya lo había decretado la primera jueza que conoció la primera etapa del proceso. No obstante, esta sentencia fue revocada por la Corte de Apelaciones y ahora el juicio fue postergado para enero de 2023.
“Desde un principio el Poder Judicial sabía que no había nada, querían alargar el proceso para tratar de imponer el proyecto hidroeléctrico”, dijo el abogado Tabora.
El profesional del derecho comentó que habían realizado una solicitud al Tribunal de Sentencia para que se transmitiera el juicio y de esta forma la sociedad hondureña y organismos internacionales tuvieran acceso directo a lo que estaba ocurriendo en las audiencias.
Mediante un comunicado, tanto el Bufete Justicia Para los Pueblos como el Consejo Indígena Lenca Reitoca advirtieron que “la criminalización contra los dos defensores es parte de la represión sistemática contra el Pueblo Lenca organizado, que exige se respete su derecho fundamental a dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que se instale cualquier proyecto en su territorio, consagrado en el derecho internacional y nacional”.
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De igual forma, durante el proceso esperan demostrar cómo el Estado de Honduras, a través de las fuerzas de seguridad, se movilizó para reprimir violentamente a la comunidad Lenca de Reitoca a petición de la empresa hidroeléctrica Progelsa, cuando la primera exigía “la cancelación del proyecto ilegal, que está en el origen de la violencia y las amenazas contra ellos”.
Criterio.hn publicó en junio de 2020 una investigación de cuatro entregas en la que ahondó sobre quiénes son los inversionistas transnacionales involucrados, la criminalización contra los defensores del territorio Lenca, el impacto de la hidroeléctrica en el ecosistema de Reitoca y la huella social que ha dejado la hidroeléctrica en suspenso a una población que no para de migrar.
