Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Honduras es un país con alta incidencia del sistema patriarcal y machista, esto es evidente en la sociedad de manera permanente. Las mujeres forman parte de las poblaciones altamente vulnerabilizadas, su presencia es altamente limitada en los altos mandos. Además, cada día, los femicidios y la violencia de género son el alimento de los números imparables que enaltecen el crimen.
El 22 de agosto de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, anunció que la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026), les instruyó remitir el proyecto Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Según mencionaron, lo anterior obedece al compromiso de Castro en cuanto a garantizar que Honduras reconozca la identidad de género y, particularmente, el derecho de las mujeres a vivir con dignidad, justicia y paz, por lo cual esperan que en el Legislativo se apruebe el protocolo de la CEDAW, protegiendo así a las mujeres en el ámbito internacional por el sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
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La psicóloga e integrante de Visitación Padilla, Cristina Alvarado, manifestó a Criterio.hn que, es histórico, sin embargo, preocupa que el desconocimiento del significado del protocolo.
La CEDAW es precepto legal en Honduras desde el 3 de marzo de 1983, el cual establece un plan de acción para que los estados puedan trabajar para eliminar los obstáculos que impiden la condición y posición de las mujeres en la sociedad, lo cual impide el ejercicio de sus derechos.
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“No solo están restringidos al hecho de la identidad de género, estamos hablando de transformaciones en materia de derechos políticos, culturales, sociales y económicos, sentar base para el desarrollo de las mujeres con equidad e igualdad”, apuntó Alvarado, aunque reparó que “no hago fiesta debido a la situación que estamos viviendo”.
Ese protocolo permitiría llevar al nivel de instancias internacionales como se hace con la convención Belém do Pará, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), los casos que no se resuelven en el país.
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El monitoreo de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, llevado a cabo a través del Observatorio de Femicidios, ha registrado hasta ahora, más de 185 crímenes de odio contra las mujeres. La impunidad en los asesinatos de mujeres es del 90% según la CIDH.
Ante este panorama, Jessica Sánchez, directora ejecutiva de Grupo Sociedad Civil (GSC), dijo a Criterio.hn que, al parecer es un paso adelante para la voluntad política de la presidenta para las mujeres hondureñas.
Para la defensora de los derechos de las mujeres, esto es poco más que una exhortación, puesto que va firmado por la Dirección de Comunicación Estratégica, aunque agregó que le quedan las dudas sobre si es una comunicación exhortativa, ya que al tratase de un PCM, el Congreso Nacional lo tendría que aprobar.
La integrante de Visitación Padilla, lamentó que Honduras se conforma de una sociedad conservadora y obtusa, lo cual ha impedido la aprobación del protocolo. No obstante, espera que los tomadores de decisiones lo aprueben para que el país cuente con este reglamento que señala los procedimientos a seguir y agotar a nivel nacional para pasar al nivel internacional.
Se trata de establecer los mecanismos que el Estado de Honduras y los gobiernos de turno den cumplimento a un plan de acción en favor a la defensa de las mujeres.
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Alvarado señaló que sí se logra que el protocolo CEDAW se firme, entonces no estaría de más que pase lo mismo con la exigida derogación del decreto que penaliza el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
“Hay muchos temores sobre el protocolo facultativo en el Congreso, porque la mayoría de diputados y diputadas son de derecha, por lo tanto, tienen un comportamiento conservador neoliberal, el cual restringe el cuerpo de las mujeres nada más a su función reproductiva”, señaló Sánchez.
