Tegucigalpa. La ausencia del presidente del Congreso Nacional, el titular de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general obligó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, posponer la convocatoria para integrar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y avanzar en definir políticas en materia de defensa que se encuentran paralizadas mientras se plantea la creación de una nueva normativa que regule el ente.
La presidenta Castro, en comparecencia de prensa, anunció que, a falta de la presencia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; el titular de la Corte Suprema, Rolando Argueta y el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, la reunión para conformar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se pospone hasta el próximo lunes 1 de septiembre.
“Lo más importante para el pueblo es la defensa y seguridad de cada uno de sus habitantes. Precisamente, el día de hoy, convocamos a la conformación y a la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero quiero informar al pueblo hondureño que he recibido notificación y correspondencia de los poderes del Estado, al igual del fiscal general, la imposibilidad de estos de poder asistir el día de hoy. Yo acepto las excusas y estoy, esta tarde, convocando nuevamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para el día jueves 1 de septiembre del 2022 a las 2 de la tarde para que aquí, en Casa Presidencial, nuevamente podamos convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, manifestó.
Castro fue acompañada del ministro de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón; el ministro de la Secretaría de Defensa, Manuel Zelaya Rosales; el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez; el asesor presidencial Héctor Zelaya; el vicealmirante y jefe del Estado Mayor Conjunto, José Fortín y el canciller de la república, Enrique Reina junto a Isis Cuellar, quien preside la Comisión de Defensa del Congreso Nacional.
En la breve comparecencia, la presidenta reiteró las condiciones precarias en que recibió el país por lo cual instó a sectores políticos, económicos y sociales acompañar al gobierno en la reconstrucción del estado de derecho y reconciliar la nación.
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“El pueblo sabe perfectamente en las condiciones en que nosotros hemos recibido el gobierno y el país, en una calamidad social, humana y una calamidad financiera y es necesario, ante esta circunstancia que hoy vive nuestro país, que nos acompañen los sectores políticos, económicos y sociales para lograr, en primer lugar, un gobierno de reconciliación, pero también para lograr un gobierno y la instalación de un estado de derecho con justicia y con paz”, manifestó.
La convocatoria para la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la administración de Castro, se realizó el pasado domingo 21 de agosto al no lograrse la aprobación, en un solo debate, de la ley que promueve el Poder Ejecutivo contentivo a la derogación de la actual Ley Especial que aprobó Juan Orlando Hernández que sometió a los poderes del Estado y a la Fiscalía a su control y que rige al Consejo de Defensa y Seguridad obligando a Castro a realizar la convocatoria con la actual normativa.
Argueta, presidente de la Corte, se excusó con Castro al encontrarse fuera del país participando en una feria de justicia digital desarrollada en Perú. En el caso de Redondo, presidente del Congreso, también se encuentra fuera del país, pero delegó a Cuellar para representarlo. En tanto, Chinchilla no se conoció el porqué no pudo asistir a la convocatoria.
POLÉMICA POR NUEVA LEY
La Constitución de Honduras de 1982, en su artículo 287, establece la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que es regulado por una ley secundaria. Hernández, exgobernante extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, aprovechó ese estamento legal y logró crear una estructura jurídica que le permitió tener el control de los poderes Legislativo y Judicial junto con la Fiscalía.
Mediante Decreto Legislativo 239-2011, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional, creo la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad siendo considerado un mecanismo perverso al otorgarle un poder omnímodo que le permitió instaurar su régimen criminal.
La vigente ley indica que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad está presidido por la figura presidencial e integrado por el presidente del Congreso, la Corte Suprema, el fiscal general, el ministro de seguridad y el ministro de defensa.
En su plan de gobierno, en el capítulo 3 denominado Lucha Contra la Corrupción y Abuso de Poder, inciso I, Castro se comprometió a eliminar la actual ley que regula al Consejo de Defensa, aunque no se especificó la creación de una nueva normativa, sin embargo, la Constitución lo demanda, por lo tanto, envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear un nuevo marco regulatorio y derogar la Ley Especial del Consejo de Defensa que impuso Hernández.
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El proyecto se pretendió aprobar, el pasado miércoles, en un único debate, no obstante, la mayoría de diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional se negaron, no se logró mayoría simple, es decir, el voto de 65 de los 128 diputados que conforman el Congreso.
Este martes, el Congreso sometió la ley al segundo debate, pero anunció que será hasta la próxima semana que discutirá el tercer y último debate garantizando añadir sugerencias y cambios para aprobarse la nueva normativa.
El gobierno de Castro ha mantenido una estrategia para aprobar de manera apresurada y sin consenso la normativa nueva del Consejo de Defensa y Seguridad, por lo que la presidenta convocó a reunión del Consejo arguyendo que la política de defensa y seguridad se encuentra estancada, sin esperar la aprobación.
