Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Después de más de tres años de persecución y criminalización, finalmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso fin al proceso penal contra otros cinco defensores del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La resolución del amparo anula el fallo de la Corte de Apelaciones de marzo de 2020, mediante el cual se revocó el sobreseimiento a favor de: Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo, cinco dirigentes más del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes.
Este caso corresponde al primer grupo de cinco defensores del agua que fueron criminalizados, quienes se sometieron al proceso y fueron privados de su libertad por más de doce días.
⚠️#Atencion: CSJ resuelve amparo pendiente a favor de Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y José Adaly Cedillo del Comite Municipal de Tocoa, lo cual anula el fallo de la Corte de Apelaciones que revocó el sobreseimiento a su favor.
1/2 pic.twitter.com/wiMeF5Kknu— Libertad para el río Guapinol (@guapinolre) June 22, 2022
El abogado del bufete jurídico Justicia Para los Pueblos, Edy Tabora, dijo a Criterio.hn que los cinco ambientalistas y defensores del territorio seguían vinculados a proceso por los delitos de dos incendios, un delito por daños y privación injusta de la libertad.
El amparo fue interpuesto por los abogados defensores desde el 12 de octubre de 2020, no obstante, este fue resuelto hasta ayer martes, 21 de junio de 2022. La Sala de lo Constitucional resolvió el amparo un año, ocho meses y nueves días después de que éste fuera interpuesto por los abogados defensores.
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DEFENSA DEL PARQUE NACIONAL ES UNA LUCHA JUSTA
Reynaldo Domínguez, uno de los cinco defensores beneficiados con la resolución de amparo, afirmó recibir la noticia con positivismo.
“Sabemos que tenemos la razón en esta lucha que es justa en defensa de una zona protegida como es el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y este triunfo se lo dedicamos a todas las comunidades que estamos en lucha”, compartió.
Además, agradeció el acompañamiento de sus abogados defensores y de las organizaciones defensoras de derechos humanos que dieron seguimiento al proceso.
“Por esa razón, nunca perdimos el objetivo, ni lo vamos a perder porque esta lucha nos dirige a que salga Inversiones Los Pinares de ese lugar [Parque Nacional Carlos Escaleras] y también inversiones Ecotek”, compartió.
“NUESTRA LUCHA ES UNA LUCHA DE CONVICCIÓN, UNA LUCHA LEGÍTIMA”
La lideresa y defensora del río Guapinol, Juana Zúniga afirmó que reciben la noticia “con mucha alegría”, sabiendo que “nuestra lucha es una lucha de convicción, una lucha legítima desde las comunidades que nos oponemos ante estos proyectos extractivos y que nos han criminalizado compañeros por la defensa del Parque Nacional”.
Zúniga, quien es compañera de hogar de José Abelino Cedillo -uno de los ocho defensores de Guapinol que permaneció en prisión arbitraria por 914 días-, aseguró sentirse aliviada de saber que estos cinco compañeros no enfrentarán un nuevo proceso judicial injusto y hasta privación arbitraria de libertad como ocurrió anteriormente.
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“Es un día de fiesta, aunque la presión tiene que seguir sobre la exigencia de la cancelación de ese proyecto minero en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos [también Parque Nacional Carlos Escaleras], donde la empresa Pinares está haciendo desastres y que nuestras comunidades aún siguen en peligro”, apuntó Zúniga.
En cuanto a los ocho defensores de Guapinol liberados el pasado 24 de febrero, el abogado Edy Tabora confirmó a Criterio.hn que el Tribunal de Trujillo continúa sin extender las cartas de libertad definitiva, únicamente les fueron otorgadas cartas provisionales.
Acción que cuatro meses después de su libertad, mantiene en incertidumbre a los ocho defensores quienes en dos ocasiones fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional. Esto a causa de la negativa del Tribunal de Trujillo de extender las cartas de libertad definitiva y la negativa de la Policía Nacional de borrar las órdenes de captura del sistema, pese a contar con las contraordenes, explicó en mayo la abogada Kenia Oliva.
