Policías separados denunciarán Comisión Depuradora ante el Ministerio Público

Unos 2,000 policías hondureños que fueron separados de la institución esperan un fallo a su favor y su reincorporación a la Policía

Por: Luis Escalante

Tegucigalpa.- La defensa legal de los policías depurados anunció que, próximamente, emprenderán una denuncia en contra de la Comisión Especial de Depuración Policial, que, según su argumento, separó injustificadamente de la institución a entre 1,800 y 2,000 elementos policiales entre 2016 y 2018.

Abel Orellana, abogado defensor de los expolicías, destaca que la denuncia que realizarán ante el Ministerio Público responde a que un importante número de exagentes y exoficiales fueron separados ilegalmente por parte de la comisión.

«El decreto de emergencia, que se aprobó en 2016, establecía que a los policías separados se les tenía que escuchar en audiencias de descargo y ello no ocurrió», aseguró Orellana en conversación con Criterio.hn.

Efectivamente, el artículo 5 del decreto 21-2016 establecía que, en el marco de la depuración, a los policías se les debía otorgar, previa notificación de los cargos, el derecho a la defensa.

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«Aunque hubo un reconocimiento de derechos laborales, sobre todo económicos, a los policías únicamente se les entregaba un sobre y se les retiraba de la institución sin mayor explicación», aseguró Orellana.

Explicó, además, que tiene «suficientes elementos de juicio» en contra de la comisión. «Son miles de personas que quedaron sin una nueva oportunidad de trabajo, familiares de policías depurados que murieron de hambre, hijos de policías que fueron retirados de sus escuelas», ejemplificó.

A cuatro años de la depuración, que diversos sectores han calificado como un fiasco y que otros han aplaudido, los abogados defensores de los policías continúan ejerciendo demandas en contra del Estado hondureño.

De acuerdo con Orellana, entre 1,800 y 2,000 policías depurados han presentado recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues, al no habérseles escuchado en audiencias de descargo y no háberseles probado una culpabilidad, consideran que sus separaciones han sido ilegales.

A raíz de lo anterior, el defensor de los policías, Abel Orellana, promete que presentará una denuncia formal contra la Comisión de Depuración Policial.

«Yo ya tengo definida y preparada una acción en contra de la comisión depuradora. Solo estaba esperando que existiera un fallo a favor de al menos un policía depurado, y ya ocurrió», insistió Orellana, quien reconoció que, aunque entre los depurados hubo policías que sí debían ser retirados, muchos son inocentes.

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En días recientes, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de cuatro policías depurados, según indicó Orellana. Sin embargo, todavía no existe un fallo con sentencia condenatoria en contra del Estado hondureño que, en caso de perder la demanda, de acuerdo con estimaciones de los defensores de los policías separados, se vería obligado a erogar unos 2 mil millones de lempiras (81 millones de dólares).

A pesar de los cuestionamientos y del contexto, uno de los exintegrantes de la comisión, Omar Rivera, asegura sentirse tranquilo con la intención que existe de que sea denunciado, junto a Vilma Morales y a Alberto Solórzano -los otros integrantes de la comisión-, ante la Fiscalía.

«Yo estoy consciente de que todo se hizo en el marco de la legalidad. Las acciones que efectuamos estuvieron limitadas a realizar las recomendaciones en el marco de las facultades que el Congreso nos otorgó», argumentó en entrevista con Criterio.hn el también director del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

Subrayó que, si bien ahora se denuncia que las separaciones se realizaron al margen de lo establecido en el decreto 21-2016, en la cancelación de acuerdos «se tomaron en cuenta pruebas de confianza, expedientes disciplinarios, antecedentes penales e informes de inteligencia». 

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«Todo se realizó en el marco de la ley y de los debidos procesos», sostuvo Rivera, a pesar de que son miles los policías que coinciden en que no se les permitió defenderse y que no se les demostró ser culpables de delitos.

COMISIÓN DEPURADORA, ¿ÉXITO O FRACASO?

El 6 de abril de 2016, el expresidente Juan Orlando Hernández, después de una reunión con el Consejo de Defensa y Seguridad que él presidía, decretó estado de emergencia nacional en materia de seguridad.

La determinación, legalizada en el decreto legislativo 21-2016 del 8 de abril de 2016, ocurrió días antes de que el diario estadounidense The New York Times revelara cómo una cúpula de la Policía hondureña fraguó y ejecutó el asesinato en 2009 de Arístides González, el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) conocido como el «zar antidrogas».

El 12 de abril de 2016, Hernández juramentó a una comisión especial que se encargaría de separar a policías no idóneos y de promover una reforma dentro de la institución policial.

La comisión estuvo integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el cuestionado representante de sociedad civil, Omar Rivera; y el pastor evangélico Alberto Solórzano. 

Entre 2016 y 2018, según datos de la Comisión de Depuración Policial recabados por el Wilson Center, se separaron 4,627 elementos policiales y se remitieron más de 2,000 expedientes al Ministerio Público hondureño. Sin embargo, la mayoría de esos casos no fueron judicializados y los policías únicamente fueron retirados de la institución.

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, explica que el principal indicio de fracaso de la depuración policial radica en la falta de confianza -hacia la institución- que se preserva por parte de la ciudadanía.

«¿Y cómo se gana la confianza de la gente? Solamente a través de un trabajo bien hecho por parte de la Policía y de los demás operadores de justicia, lo cual no ha ocurrido», explicó a Criterio.hn.

A pesar de la depuración de la Policía, Honduras continúa siendo un país con altos índices de criminalidad, y con una institucionalidad policial demasiado frágil. Entre 2013 y 2023, según cifras oficiales, han ocurrido 43,635 homicidios a nivel nacional.

A criterio de Ayestas, una de las principales debilidades de la reforma policial deriva de acciones espurias. «Se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios, pero esta institución apenas funciona con cerca de 50 millones de lempiras (2 millones de dólares) anuales, con pocos recursos humanos y escasa logística», explanó.

Añadió, en ese sentido, que la depuración debe ser un proceso continuo. «No debe ocurrir únicamente cuando se cree o se dice que hay manzanas podridas».

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El pasado 26 de abril de 2022, el director de la Policía, Gustavo Sánchez, anunció que se analizaría la recontratación de varios elementos que habían sido depurados entre 2016 y 2019, y el 27 de julio el comisionado Gustavo Pacheco informó que al menos 300 ya habían sido reincorporados.

Criterio.hn intentó contactar al director de la Policía, Gustavo Sánchez, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.